Mujeres víctimas del conflicto, sin defensores ni protección

Por: Ingrid Pinzón

Foto: CNRR

Audiencias de Justicia y Paz no son eficientes, entre otros aspectos, porque la seguridad que se les brinda a las víctimas no es pertinente y porque no hay quién abogue por ellas.

Protección a víctimas se queda corta

Después de 2 años de que Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la paz (IMP) presentara una acción de tutela exigiéndole al Estado la protección de la vida de las mujeres víctimas, no ha recibido una respuesta satisfactoria a pesar de que el Gobierno tenía sólo 6 meses para manifestarse.

La Ley de Justicia y Paz, busca “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación”; sin embargo, según el texto “En vilo protección a víctimas de Justicia y Paz” escrito por IMP, no se previeron “los riesgos que enfrentarían las víctimas, la mayoría mujeres, al acceder a la justicia” pues se han presentado asesinatos y “presiones u hostigamientos (para que) desistieran de sus denuncias”, argumentó la directora de IMP, Ángela Cerón.

En otros palabras, la protección que el Estado colombiano brinda a las víctimas se reduce, como lo afirma la directora de IMP: a un “chaleco antibalas, un celular, un carro y unos escoltas que ponen en mayor riesgo a la víctima” porque son cosas muy llamativas en los pueblo que no están acostumbrados a ver estos objetos.

IMP, pidió protección con enfoque diferencial de género; es decir, que se tenga en cuenta que la mujer vive diferentes condiciones en estos procesos que requieren casas de refugio sin que la víctima tenga que salir de su pueblo, instituciones que acompañen a las mujeres en las ciudades, capacitaciones para lograr auto protegerse y “tener en cuenta que la mujer tiene hijos, o debe cuidar a algún familiar”, explica Ángela Cerón.

Otro aspecto que enturbia las audiencias es que las mujeres víctimas no tienen defensor y si lo tienen les es imposible contactarse con él.

Sin defensor, sin justicia

Mujeres afrocolombianas e indígenas, las más afectadas por el conflicto armado: CIDH

Por: Ingrid Pinzón/Humanidad Vigente

 La CIDH publicó este año un informe en el que presenta un diagnóstico del impacto del conflicto armado en las mujeres que muestra que aquellas que fueron agredidas física, psicológica y sexualmente son rechazadas y estigmatizadas por la comunidad debido  a que es una población expuesta a los embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y, hasta abortos forzados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se encarga de observar en los países miembros la situación de los derechos humanos, o de investigar casos relacionados con el tema, para brindar recomendaciones con el objetivo de promover y garantizar los derechos.

Ya son 51 años en los que CIDH ha hecho visitas a diferentes países para producir informes especiales o anuales; en estos últimos, se crea una lista de países a los que se les lleva un proceso de vigilancia debido a la situación que se vive allí con respecto al cumplimiento de Convención Americana sobre Derechos Humanos

De ahí que algunos medios de comunicación lo llaman ‘el listado negro’, ya que hacer parte de estos informes anuales significa ser un país frecuentemente violador de derechos humanos. Por ejemplo, en esta última década Colombia ha estado a la par con Cuba, lugar donde los presos políticos llegan a ser “cerca de 200”, según la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN), organización disidente cubana.

Sobre el caso colombiano, la Comisión planteó una preocupación especial por la vulneración de los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Por tal razón, en 2006 este órgano produjo un documento que reiteraba “la necesidad de que los esfuerzos se duplicaran a fin de que se pudieran esclarecer los múltiples casos que existen ante la justicia colombiana sobre graves violaciones de derechos humanos, en particular aquellas cometidas por parte de los actores armados en contra de comunidades indígenas, afro descendientes, mujeres, niños y niñas”.

Mujer y conflicto armado

Para analizar de qué manera afecta a la infancia y a las mujeres el conflicto de Colombia, el informe se hizo siguiendo cuatro pasos. En primer lugar, la CIDH estudió las acciones que había emprendido el Estado, concluyendo que se notaba la iniciativa para mejorar las condiciones de esta población, pero que aún “Las niñas, las mujeres indígenas y afrocolombianas (…) son quienes más obstáculos enfrentan para acceder a la justicia y estos crímenes continúan en la impunidad.”

A continuación, el diagnóstico del impacto de conflicto muestra que las mujeres que fueron agredidas física, psicológica y sexualmente son rechazadas y estigmatizadas por la comunidad debido  a que es una población expuesta a los embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y, hasta abortos forzados.

Posteriormente la CIDH analizó la situación actual, y detectó que “dentro de los grupos de población, las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual (…) por factores como su género, su etnia y su pobreza”, argumentó Oxfam Internacional, que es una asociación de 14 organizaciones que buscan erradicar la pobreza y las injusticias.

En último lugar, el informe comenta las discriminaciones que siguen viviendo las mujeres indígenas que no cuentan con un servicio eficiente de “traducción, atención médica y acompañamiento acorde con sus tradiciones culturales”, según el informe; además del temor generalizado de que la justicia no las favorezca que produce ‘una realidad silenciada’.

No sólo los grupos al margen de la ley

El informe menciona que no sólo los grupos al margen de la ley son los causantes , “las formas de violencia física, psicológica y sexual (son) perpetradas tanto por las Fuerzas Armadas y policías, como por los actores desmovilizados y los grupos al margen de la ley, (que) continúan su control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres”.

Más adelante, el texto añade que durante el año 2007 hasta el 2009, los perpetradores de la violencia sexual actuaron en medio de “acciones militares, enfrentamientos armados y acciones guerrilleras”.

Hace menos de un año, el 18 de septiembre de 2009, la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado que estaba realizando el seguimiento al informe del 2006 reportó que para ese año “aumentaron los casos de niñas indígenas abusadas sexualmente por hombres pertenecientes a los Batallones de Alta Montaña, Policía Contraguerrillas y otras unidades militares y policiales”.

Es más, la Comisión sigue recibiendo denuncias de asesinatos de mujeres causados por grupos al margen de la ley y de la fuerza pública, según las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

Las cifras

7% de las mujeres murieron a causa del conflicto en zonas rurales en el 2006. 22% en el 2007.
8.1% de las mujeres desplazadas reportaron haber sido violadas,  el 27% de esta cifra no conocía al violador.
87% de los dictámenes sexológicos de la INMLCF se hicieron a menores de edad.
126 casos de 929 se atribuyeron en el 2008 a un agresor armado.
15 % de los 1.000 indígenas asesinados entre el 2002 y 2009 eran mujeres,      niños y niñas.
187 mujeres indígenas fueron abusadas sexualmente y violentadas dentro del      mismo periodo.
54%  de los desplazados son mujeres.
65% es la población cubierta por la INMLCF, hay un déficit de 35%.
68% de homicidios de mujeres no se registraron en el 2007 y en el 2008
70% no se reportó.
50% de las entidades territoriales no toman acciones contra la violencia sexual.
80% de las víctimas de Justicia y Paz son mujeres que en su mayoría no tienen los conocimientos del proceso que adelantan.

INFORME CIDH "LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DERIVADAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA"

Piden investigar muerte de menor de edad en zona rural de Arauquita

Investigación a fondo que permita esclarecer las circunstancias en que fue asesinada la menor Ingrid Paola Landazábal Parada exigió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos tras conocer el hecho en sector rural del municipio de Arauquita.

Fuente: www.llanera.com  y medios regionales de Arauca

Según directivos del Comité, el hecho criminal se consumó entre las veredas San Francisco y bajo Caranal el pasado viernes donde la menor de 13 años, ex estudiante del Liceo del Llano recibió un tiro de fusil que segó su existencia. Esta niña, según se había denunciado, se hallaba desaparecida desde comienzos de febrero pasado.

Hasta el momento nadie ha entregado una versión exacta acerca de la situación presentada, por lo que el Comité está exigiendo a las autoridades se investigue de manera exhaustiva y se haga claridad en torno a los móviles y a la posible identificación del responsable del homicidio.

Ingrid Paola era hija de la afiliada al Comité Permanente, Marisol Parada, se dice en la comunicación dada a conocer a Noticias Caracol.

Denuncia pública: “Niñas araucanas víctimas de la demencia y la irracionalidad”

El Comité  Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia y condena enérgicamente, ante los organismos regionales, nacionales e internacionales al servidor público y al actor armado que violando los más elementales derechos de l@s niñ@s y adolescentes cometieron repudiables hechos de violencia contra dos niñas araucanas.

Estas dementes acciones han causado consternación, rabia y dolor en la comunidad araucana, que registro según las investigaciones oficiales que se adelantan, como el soldado DUVERNEY PAVA ENAO, adscrito al batallón Gabriel Revéis Pizarro de la Brigada XVlll del Ejercito Nacional, ultrajo y violo el miércoles 7 de abril, a las 6 a.m aproximadamente a una niña de catorce años de edad, cuando esta se dirigía a su establecimiento educativo GUSTAVO VILLA DIAZ de la ciudad de Arauca.

En otra criminal acción el viernes 9 de abril entre las veredas San Francisco y Bajo Caranal en limites de los municipios de Fortul y Arauquita, un grupo armado de los que operan en la región asesino a la niña de trece años INGRID PAOLA LANDAZABAL PARADA ex – alumna del Colegio Liceo del Llano de Arauquita. INGRID PAOLA era hija de la afiliada del comité permanente por la Defensa de los derechos humanos y líder comunitaria MARISOL PARADA.

Ante estos detestables hechos EXIGIMOS, respeto y garantías para los niños y niñas del departamento de Arauca y EXORTAMOS a las autoridades a que realicen una ágil y pronta investigación para que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

EXPRESAMOS a los familiares y amigos de estas inocentes victimas, el sincero sentimiento de solidaridad y condolencias rogando al todo poderoso les de fuerzas para que superen esta dura prueba.

Arauca, abril 12 de 2010
JUNTA DIRECTIVA-CPDH-ARAUCA
Martin Sandoval Rozo
Presidente CPDH-ARAUCA

Inicia escuela de derechos humanos para mujeres y niñas

Incrementar la autoestima de las mujeres y niñas de Arauca y Nariño por medio del conocimiento de sus derechos y mejorar los mecanismos de respuesta frente al conflicto armado se propone esta iniciativa educativa.

El próximo lunes, 26 de abril, Humanidad Vigente Corporación Jurídica dará inicio en Arauca a la Escuela de Bienestar de Niñas y Mujeres, que busca “fortalecer el liderazgo de las mujeres, lograr crear un comité de la mujer”, sensibilizar a la comunidad, entre muchos otros aspectos que giran en torno al conflicto armado en Colombia, según explica la coordinadora de educación de este proyecto, Viviana Machuca.

El grupo al que van dirigidas estas actividades, que también se realizarán en Nariño en el mes de junio, son las mujeres y niñas ya que, como lo dice la coordinadora de educación, viven una “violencia silenciada que goza de impunidad pero además las hace doblemente víctimas: por el conflicto y por el silencio cultural”, dentro de este concepto, Viviana añade que “el desplazamiento en Colombia tiene rostro de mujer y de niña (…) porque son las más afectadas entre los afectados”.

Adicionalmente, este proyecto desea crear un proceso de formación en derechos de la mujer, de la niñez y del territorio en medio del conflicto, que se piensa llevar a cabo por medio de la lúdica y lo pedagógico; es decir, brindar una “información muy didáctica, desde la vivencia”, argumenta la encargada del área psicosocial, Silvia Parra.

Por tal motivo, la escuela se divide en espacios donde las participantes recibirán una valoración médica, retomaran la parte psicológica y trabajaran en el aspecto educativo. Así, se hará una evaluación del estado de salud física y sicológica de la comunidad para brindar “herramientas prácticas para el cuidado” del cuerpo, menciona la coordinadora de educación, Viviana Machuca.

El proyecto no termina ahí, ya que los casos que ameriten mayor apoyo se trabajaran de manera individual y familiar buscando una “sociedad digna, que goce de bienestar y buenas relaciones intrafamiliares”, añade la encargada del área psicosocial, Silvia Parra. Además, Silvia destaca que desean integrar al ser en su totalidad, en aspectos como la salud y mentalidad, para ayudar a solucionar el conflicto de otra manera.

El plan de trabajo, objetivos y expectativas fueron diseñados desde febrero; sin embargo, las gestoras de la propuesta sostienen que el proceso pedagógico debe ser dialogado con la gente que está involucrada en la escuela, para realizar un diagnóstico y validación del proyecto que formará a las mujeres y niñas araucanas durante 8 días.

Finalmente, esta Escuela de Bienestar para Mujeres y Niñas cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la Fundación Tierra de Hombres, DNI (Defensa de Niñas y Niños - Internacional), CPDH (Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos) de Arauca y Nariño y la ACA (asociación de campesinos de Arauca).

PEQUEÑAS VOCES - TRAILER (BORN UNDER FIRE)

Una película animada inspirada en testimonios y dibujos reales de niños colombianos que sufren la guerra.

'Juegos de niños' que violan el principio de distinción

El Ejército Nacional adelanta una serie de actividades llamadas "de responsabilidad social" que involucran niños, pero que claramente ponen en riesgos el principio de distinción entre la población civil y los combatientes.

Que a niños menores de 7 años durante todo un día se les enseñe acerca de la institución militar, cómo vive un soldado y hasta a cantar al estilo de esta disciplina es una infracción grave según la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busca evitar la “vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia”, además de “monitorear ese tipo de situaciones, dar recomendaciones y garantizar sus derechos”, indicó la abogada de Humanidad vigente que lleva estos casos, Diana Teresa Sierra.

No obstante, la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional realizó estas actividades en Arauca, donde no sólo mezcló a los niños y niñas con las Fuerzas Armadas si no que también hizo que por medio de la emisora del Ejército en Arauca, enviaran saludos a los soldados, caso explicado por la abogada Diana T. Sierra como exposición de la “infancia al peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales”.

Este no es el único caso que se registra, algo parecido ocurrió en el Catatumbo, en Norte de Santander, donde 12 niñas y 4 niños protagonizaron un viaje del programa institucional “Conociendo Colombia” que es manejado por el Ejército Nacional con ayuda de otras entidades públicas y privadas.

Durante una semana, los 16 infantes viajaron en un helicóptero hacia Bogotá y el Eje Cafetero para conocer estas ciudades. El proyecto tiene 3 años de trayectoria y este no es el primer viaje ni el tercero; es la quinta excursión que el Ejército Nacional organiza para niños y niñas.

Justamente sobre este tema se pronunció recientemente el jefe de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christophe Beney, quien aseguro que "algunos actores del conflicto quieren ganarse el corazón y la mente de personas que, de buena fe, acuden a una asistencia sin darse cuenta de que eso puede traer consecuencias".

Así mismo, dentro de la editorial del informe de actividades realizadas por CICR en 2009 en Colombia, escrita por Beney; se informa que dentro del conflicto armado de Colombia las acciones humanitarias pueden ser “instrumentalizadas y utilizadas con fines políticos, militares, lo que distorsionaría los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad, y tal vez harían peligrar civiles”.

De esta manera es vulnerado por parte del Ejército el principio del derecho humanitario de distinción entre la población civil y los combatientes; es decir, que la comunidad no debe ser inmiscuida en el conflicto armado porque estas actividades cívico-militares ponen en riesgo sus vidas.

Incluso, el Ejército Nacional está al tanto de las prohibiciones de hacer actividades cívico-militares; por ejemplo, dar cátedras sobre manejo de armas en las escuelas o llevar menores de edad en sus helicópteros. Como lo explica la abogada Diana Teresa, “debido a que el Comité de los Derechos del Niño del año 2006 condenó estas acciones”.

Según explicó la abogada el problema reside en que el Ejército tiene el apoyo de “multinacionales como Carrefour” para escudar estás acciones llamadas de “responsabilidad social”, que se realizan con el objetivo de tener el control social del territorio, retomar confianza de la gente y captar la atención de los niños en lugares donde el Estado no ha hecho presencia histórica.

Este concepto es apoyado por el jede de la Delegación en Colombia, Christophe Beney que mencionó, durante la presentación del informe, que se están “disfrazando” operaciones militares como acciones humanitarias.

Después de haber puesto en conocimiento este hecho ante la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, desde hace un año; Humanidad Vigente Corporación Jurídica presentó estos casos ante la Unicef, para que los exponga al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se encarga de hacer un seguimiento y llegar a tomar decisiones.

Más información sobre las actividades que adelanta el Ejército Nacional en Arauca:

'Conozca a su Ejército' cautivó a niños y jóvenes araucanos

Niños araucanos unidos con su Ejército

Conozca el informe de la CICR:

Informe 2009 Colombia

Soldado en Arauca habría abusado sexualmente de una niña de 14 años

Un militar de la Brigada XVIII fue detenido en la capital araucana como principal sospechoso del abuso contra la menor que fue abordada cuando se dirigía a su colegio.

Fuente: El Tiempo y medios regionales de Arauca

Los hechos se registraron en la mañana del miércoles 7 de abril de 2010 cuando la niña de 14 años se dirigía de su casa, en el barrio Flor de Mi Llano, en la ciudad de Arauca, hasta el colegio Gustavo Villa situado en inmediaciones de la sede de la Brigada 18.

“La Policía recibió una llamada en la línea telefónica 112 y en la que un ciudadano informaba sobre una aparente riña entre la menor y el soldado Duverney Pava Henao, quien se encontraba de permiso y, al parecer, estaba ebrio. Cuando la Policía llegó al sitio se encontró con el militar que se arrastraba entre una maleza alejándose de la niña que yacía inconsciente por un golpe que el soldado Pava le había propinado en su cabeza”, menciona la versión publicada por el diario El Tiempo.

"Yo hablé con la niña en el hospital y me contó que ella se había ido a pie para el colegio cuando a pocos metros de las instalaciones de la Brigada 18 fue abordada por un hombre quien de inmediato la agredió y la lanzó hacia la orilla de la carretera, donde fue golpeada brutalmente y abusada por este sujeto que la violó",  contó Stella Galíndez, rectora de la colegio Gustavo Villa, en declaraciones publicados en el mismo diario.

El militar fue capturado y  se encuentra detenido por el delito de acceso carnal violento, mientras que la estudiante fue trasladada al hospital San Vicente, de la capital araucana, donde el director, Facundo Castillo, dijo en declaraciones a Caracol Radio que la menor ingresó al centro asistencial en estado de inconsciencia y una vez se obtuvo su recuperación se procedió a valorarla y se encontraron lesiones en tejidos blandos.

“En cuanto a los demás datos como violación, esto lo determinará de manera oficial medicina legal”, subrayó el director.

Por su parte, la rectora Galíndez pidió que se investigara y se castigara de manera ejemplar al culpable esta conducta, “porque no puede quedar impune” a la vez que solicitó a las autoridades a hacer campañas para proteger a la juventud araucana.

Estudiantes de Arauca realizan marcha contra el abuso sexual

Por las principales vías de la capital araucana marcharon los estudiantes, profesores y padres de familia del colegio Gustavo Villa Díaz para protestar por los hechos ocurridos el pasado 7 abril cuando una niña de 14 años que se dirigía al Colegio fue violada cuando transitaba por la sede de la Brigada 18 del Ejército Nacional.

En la manifestación pacífica también participaron alumnos de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y las autoridades de la región.

Según  publicó el portal de noticias regionales Portalaraucano.com, la rectora del claustro educativo Stela Galindez  manifestó durante la realización de la marcha que “este no es el único hecho que se ha presentado en la capital pues se conoció que en días anteriores sucedió un hecho similar en otro centro educativo sin embargo no fue denunciado”.

De la misma forma Jorge Eliecer Tineo en representación de los estudiantes sentó su voz de protesta contra el repudiable acto que mantiene la adolecente internada en el Hospital San Vicente.

Por su parte el comandante de la dependencia de infancia y adolescencia de la policía nacional la subteniente Nayibe Acosta invitó a la comunidad a trabajar con las instituciones comprometidas con la infancia y la adolescencia.

Según se pudo conocer el incremento de los casos de abusos contra menores a prendido las alarmas, pues la semana anterior se dio una captura por el mismo delito y se tiene preparadas unas seguidillas de aprehensiones por similares casos, lo que ha obligado a aumentar las campañas preventivas invitando a la comunidad a denunciar.

Pronunciamiento del Ejército Nacional
Comunicado de prensa 005/ Abril 7 de 2010

Frente a este hecho que cuestiona severamente la institución militar, el Brigadier General Rafael Alberto Neira Wiesner, Comandante de la Décima Octava Brigada, emitió el siguiente comunicado:

De los hechos ocurridos en la mañana de hoy, el comando de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que:

1.Soldados del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate 18 `Subteniente Rafael Aragona´, quienes se encontraban prestando seguridad en inmediaciones de la Décima Octava Brigada y gracias a una reacción oportuna detuvieron a Duberney Pava Henao, quien fue puesto a disposición de la Policía Nacional y posteriormente identificado como soldado profesional por presunto abuso a una menor de 14 años de edad.

2.Cabe mencionar que Pava Henao, se encontraba en actividades fuera del servicio en momentos en que sucedieron los hechos.

3.Es por esto, que la conducta desplegada por Pava Henao, no corresponde a la del personal que integra esta Unidad Operativa Menor, quien se destaca por su decoro, rectitud, dignidad y transparencia.

4.Así mismo, se informa que por estos lamentables hechos los cuales repudiamos, se dará inicio a las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar por las autoridades competentes.

Masacres contadas por mujeres

Una investigación realizada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, logró que mujeres sobrevivientes de las  masacres El Tigre, en Putumayo y Chengue, en Sucre, contaran lo que le sucedió a sus pueblos y cómo fueron víctimas de abusos por parte de los paramilitares.

Tomado de: VerdadAbierta.com

Una fue la ocurrida el 9 de enero de 1999, cuando 150 paramilitares al mando de Antonio Londoño Jaramillo, alias ‘Rafa Putumayo’ entraron a El Tigre, corregimiento de La Hormiga en el bajo Putumayo. Los sobrevivientes recuerdan que oficialmente las personas asesinadas fueron 26, mientras que se hablaba de 14 desaparecidos. Extraoficialmente algunos pobladores hablan de que los 'paras' degollaron a 300 entre descuartizados arrojados al río Guamués y otros enterrados en fosas comunes.
 
La otra ocurrió dos años después en Sucre, al otro extremo del país, 80 hombres del Bloque Héroes de los Montes de María entraron en la madrugada del 17 de enero de 2001 a Chengue, un corregimiento de Ovejas. Allí asesinaron a 27 personas, con cuchillos, machetes y garrotes de hierro.

Hasta ahora los relatos que existían sobre estas dos masacres eran desgarradores, crudos, pero aún no se había hecho una versión con base en el testimonio de las mujeres que padecieron y sobrevivieron estos hechos.

Alejandra Azuero, autora del informe que publicará Codhes en los próximos días, le dijo a VerdadAbierta.com que “los ataques fueron contra los hombres, las mujeres sobrevivieron. Es por eso que ellas son esenciales para reconstruir la memoria, son las que lo vieron todo, las que se quedaron cuando los paramilitares se fueron. Necesitamos escuchar las mujeres”.

Los testimonios, que se recogieron en entrevistas colectivas con cerca de 50 mujeres, muestran además que los paramilitares abusaron sexualmente de las mujeres en Chengue y en El Tigre, lo que no ha salido a flote ni en las versiones libres entregadas por los ‘paras’ ni en los informes judiciales.

Lea los testimonios en VerdadAbierta.com

Los paramilitares reclutaron más de 2.800 menores para la guerra

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado hasta la fecha 2.824 casos de reclutamientos ilegales por parte de los diferentes grupos de las Auc

Tomado de : verdadabierta.com

El último informe de la Fiscalía señala que los reclutamientos se realizaron entre el 1990 y 2005, tiempo en el que los menores de edad fueron obligados a delinquir y sufrieron malos tratos por parte de los paramilitares.

Luego de la desmovilización de los últimos grupos de las Auc, alrededor de 1.735 paramilitares dejaron las armas, tras ser reclutados como menores de edad.

Asimismo, durante el proceso de desmovilización, 234 niños fueron enviados a sus casas sin que quedara constancia de ello en ningún registro oficial, lo que dificulta la localización de los responsables de su reclutamiento.

El informe señala que los paramilitares reclutaron en mayor número a menores de 12 años, procedentes en su mayoría de Antioquía. Hasta la fecha, 43 de los más de tres mil postulados a la Ley de Justicia y Paz, han reconocido su participación en estos delitos.

El grupo paramilitar que más menores reclutó, según el informe, fue el Bloque Norte con 443 niños, seguido por el Élmer Cárdenas con 428, el Bloque Centauros con 137 y el Bloque Catatumbo con 107.

Vea el listado completo en  verdadabierta.com