"Si hay un defensor de los dineros públicos, un defensor de los clientes bancarios, por qué no un defensor de los derechos de las víctimas. Entre otras razones, por las limitaciones que tiene la Defensoría del Pueblo para eso", dijo Antonio Madariaga, delegado de la Mesa Nacional de Víctimas.
Por: El Tiempo
Las personas afectadas por los actores armados en el país consideran que la Defensoría del Pueblo se ha quedado corta en esta misión.
Por eso consideran que en la nueva Ley de Víctimas que está pendiente de presentarse al Congreso por parte del Gobierno debería incluir un funcionario que cumpla especialmente con esa misión.
"Si hay un defensor de los dineros públicos, un defensor de los clientes bancarios, por qué no un defensor de los derechos de las víctimas. Entre otras razones, por las limitaciones que tiene la Defensoría del Pueblo para eso", dijo Antonio Madariaga, delegado de la Mesa Nacional de Víctimas.
La propuesta salió de la Audiencia Nacional de Víctimas que tuvo lugar en Medellín el 20 de agosto de 2010, con 17 delegaciones regionales y casi mil personas en el auditorio del hotel Nutibara de Medellín.
Otra decisión es que elevarán un derecho de petición para que las instancias competentes informen sobre 40 casos de violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en la segunda audiencia, en el 2007, y cuyo avance no se conoce hasta hoy.
La mayor queja que se escuchó en el recinto es sobre la impunidad que, según ellos, es rampante en la aplicación de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz.
"Se creía que la justicia transicional iba a ser mucho más rápida para sacar adelante sus procesos, pero por el contrario, estos se han vuelto más lentos; no ha permitido que las víctimas sean verdaderamente reparadas y que haya la reconciliación y la integralidad que se pretendía con la 975", dijo Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros.
En medio de los informes regionales, la representante de la Costa Atlántica puso sobre el tapete la información de que en esta región hay cinco nuevos grupos armados que están arrojando panfletos intimidantes y ya han perpetrado algunas acciones en Magdalena, La Guajira y en las poblaciones de Copey y Aguachica, de Cesar.
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