José de Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional española, coincide con su colega Baltasar Garzón en que la ley está lejos de alcanzar "cotas aceptables de verdad, justicia y reparación".
Por: ElTiempo.com
De Prada es uno de los seis jueces instructores de la Sala Penal de la Audiencia. Lleva dos décadas en el tribunal y, con Garzón, fue artífice de la sentencia del caso Scilingo (Adolfo Scilingo, uno de los militares represores argentinos), que dejó sin efectos las leyes de punto final de la dictadura argentina.
Entre el 2005 y el 2007 fue magistrado de la corte que investigó los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. En octubre pasado fue designado por la Unión Europea para asesorar a la justicia colombiana. De Prada viajó esta semana a Bogotá en medio de una investigación académica sobre la violencia sexual como arma de guerra.
¿Por qué Colombia es punto base de sus investigaciones sobre la violencia sexual en conflictos?
Me interesa muchísimo el proceso de justicia transicional de Colombia. Mi experiencia como juez internacional en otros conflictos armados, especialmente en los Balcanes, me ha sensibilizado enormemente en este campo. Desde un principio me han sorprendido los escasísimos resultados que vienen dando las investigaciones de la Fiscalía; casi no existen casos de violencia sexual judicializados en Justicia y Paz. Es obvio que algo está fallando.
¿Qué información tiene sobre este crimen en Colombia?
A lo largo de estos años hemos reunido mucha información. Son delitos que inexorablemente se producen en todos los conflictos armados. Lo que diferencia al conflicto armado colombiano de otros es que este tipo de delincuencia, además de su invisibilidad extrema, no responde a un único esquema. Estos factores influyen decisivamente en la falta de resultados. Se está a punto de producir el triunfo del negacionismo. Si no hay soluciones urgentes, el siguiente paso será la impunidad más absoluta y el definitivo olvido de esta clase de crímenes.
¿Estos casos podrían llegar a la justicia internacional?
Por supuesto que sí, en el caso de que se llegue a determinar que existieron esta clase de crímenes y que con suficiente entidad cualitativa y cuantitativa y la justicia colombiana no ha sido capaz de abordarlos eficazmente. Pueden entrar en funcionamiento los mecanismos de justicia internacional existentes, bien sea la Corte Penal o incluso tribunales de otros Estados a los que su legislación interna les permita ejercer jurisdicción universal para estos delitos internacionales.
La Ley de Justicia y Paz ajusta un lustro. ¿Cuál es su balance?
Es evidente que se han conseguido resultados. Sin embargo, se está muy lejos de alcanzar unas cotas aceptables de verdad, justicia y reparación, sin perjuicio de reconocer el trabajo de fiscales y jueces. Se requiere la total implicación de todas las instituciones y poderes públicos. Creo que es sumamente significativo que antes de tomar posesión el presidente Juan Manuel Santos se haya puesto en comunicación con el juez Garzón para que lo asesore.
En un hipotético proceso de paz con la guerrilla, ¿qué errores no se deben cometer?
Ofrecer la impunidad a cambio de desmovilización. Es imprescindible un fuerte compromiso por parte de todos, sin excepción alguna, con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Entre el 2005 y el 2007 fue magistrado de la corte que investigó los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. En octubre pasado fue designado por la Unión Europea para asesorar a la justicia colombiana. De Prada viajó esta semana a Bogotá en medio de una investigación académica sobre la violencia sexual como arma de guerra.
¿Por qué Colombia es punto base de sus investigaciones sobre la violencia sexual en conflictos?
Me interesa muchísimo el proceso de justicia transicional de Colombia. Mi experiencia como juez internacional en otros conflictos armados, especialmente en los Balcanes, me ha sensibilizado enormemente en este campo. Desde un principio me han sorprendido los escasísimos resultados que vienen dando las investigaciones de la Fiscalía; casi no existen casos de violencia sexual judicializados en Justicia y Paz. Es obvio que algo está fallando.
¿Qué información tiene sobre este crimen en Colombia?
A lo largo de estos años hemos reunido mucha información. Son delitos que inexorablemente se producen en todos los conflictos armados. Lo que diferencia al conflicto armado colombiano de otros es que este tipo de delincuencia, además de su invisibilidad extrema, no responde a un único esquema. Estos factores influyen decisivamente en la falta de resultados. Se está a punto de producir el triunfo del negacionismo. Si no hay soluciones urgentes, el siguiente paso será la impunidad más absoluta y el definitivo olvido de esta clase de crímenes.
¿Estos casos podrían llegar a la justicia internacional?
Por supuesto que sí, en el caso de que se llegue a determinar que existieron esta clase de crímenes y que con suficiente entidad cualitativa y cuantitativa y la justicia colombiana no ha sido capaz de abordarlos eficazmente. Pueden entrar en funcionamiento los mecanismos de justicia internacional existentes, bien sea la Corte Penal o incluso tribunales de otros Estados a los que su legislación interna les permita ejercer jurisdicción universal para estos delitos internacionales.
La Ley de Justicia y Paz ajusta un lustro. ¿Cuál es su balance?
Es evidente que se han conseguido resultados. Sin embargo, se está muy lejos de alcanzar unas cotas aceptables de verdad, justicia y reparación, sin perjuicio de reconocer el trabajo de fiscales y jueces. Se requiere la total implicación de todas las instituciones y poderes públicos. Creo que es sumamente significativo que antes de tomar posesión el presidente Juan Manuel Santos se haya puesto en comunicación con el juez Garzón para que lo asesore.
En un hipotético proceso de paz con la guerrilla, ¿qué errores no se deben cometer?
Ofrecer la impunidad a cambio de desmovilización. Es imprescindible un fuerte compromiso por parte de todos, sin excepción alguna, con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
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