Encuentro de mujeres contra la militarización

Entre el 16 y 23 de agosto se llevará acabo en Colombia el "Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas Contra la Militarización", organizado por el Movimiento social de Mujeres contra la guerra y por la paz.

Las mujeres denuncian que que la militarización de los territorios ha conllevado la pérdida de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para el continente Americano.

Igualmente, el movimiento de mujeres que lidera la iniciativa advierte que son las mujeres quienes siguen sufriendo los estragos de la guerra en lo social, político, psicológico, físico, económico y cultural.

Por tanto, lanzan un llamado a la movilización y a la denuncia de los conflictos armados para hacer visibles los múltiples efectos de la guerra en la vida de las mujeres y de los pueblos.

Descargue el documento con la convocatoria completa.

Para mayor información visite la página www.mundubat.org

La violencia sexual como arma de guerra: invisible en debate presidencial

“EL TEMA específico de lucha contra la impunidad en el caso de violencia sexual sigue estando pendiente de desarrollarse de manera más concreta” en los planteamientos de los candidatos presidenciales, le manifestó a EL NUEVO SIGLO la coordinadora de la campaña Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la Guerra, Diana Montenegro.

Por Armando González / Periodista de EL NUEVO SIGLO

“Es un problema que tiene unas dimensiones tan grandes que requeriría el desarrollo de acciones específicas frente al tema, que no las hemos visto todavía en las discusiones públicas” de los aspirantes, “pero que sí esperaríamos que ocuparan un lugar central en los ejercicios de gobierno”, cualquiera que sea el escogido por la ciudadanía el próximo domingo, explicó Montealegre.

Según la literatura de la campaña, durante años los actores armados colombianos han usado la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra: por medio de la violación, abuso y acoso sexual, prostitución forzada, amenazas con contenido sexual, secuestro y esclavitud sexual de mujeres y niñas, mutilaciones sexuales, e imposición de prácticas de control de la reproducción, entre otras atrocidades.

Aunque, consideró Montenegro, “a diferencia de procesos electorales anteriores se nota que ha habido una mayor visibilidad frente a tener unas propuestas específicas para las mujeres y la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres”, todavía los debates “dejan ver que hay posiciones tradicionales de entender a la mujer en el marco familiar y no en sus derechos autónomos y personales. Digamos que hay propuestas que se encaminan más a la protección de la familia, que es importante, pero dejando a un lado la protección de la mujer como ciudadana con derechos, como actora política independientemente de su rol al interior de la familia”.

De acuerdo con las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, con base en un estudio de 2008, para el 17,7 por ciento de las mujeres en condición de desplazamiento la agresión sexual fue la causa de su movilización fuera de su entorno habitual.

Se estima que dos de cada 10 mujeres desplazadas sufren algún tipo de violencia sexual perpetrada principalmente por los diversos grupos armados del conflicto.
Quienes conocen el tema citan estudios de Profamilia, según los cuales quienes ejercen mayor violencia sexual como práctica sistemática son los paramilitares, seguidos por las fuerzas del Estado y la guerrilla.

De los pocos hechos que se han denunciado, la Corte Constitucional recopiló 183 testimonios de ataques sexuales cometidos desde 1993 para emitir el auto 092 de 2008, que ordena proteger a las mujeres víctimas del conflicto. Ese es mismo auto a través del cual la Corte manifestó que en cuanto a la población en condición de desplazamiento había un estado de cosas inconstitucional e impartió varias órdenes al Gobierno encaminadas asegurar su superación y avanzar hacia la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas de este delito. A juicio de la Corte, a la fecha esas órdenes no se han cumplido.

“La verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas en Colombia sigue siendo una deuda no saldada”, anotó Montealegre.

La campaña Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la Guerra, de la que hacen parte “nueve organizaciones nacionales e internacionales” se enfoca en “hacer visible que estos crímenes ocurren por parte de todos los actores armados y demandar del Estado colombiano que emprenda una lucha seria contra la impunidad frente a la violencia sexual”, explicó.

Entre las acciones en las que trabaja actualmente la campaña, está “una investigación en 15 municipios, 10 departamentos del país, con el fin de indagar la prevalencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y queremos acercarnos a cifras, a dimensiones reales del problema, a través de una investigación muy amplia”, comentó Montalegre, “que nos permitan de ahí proyectar cómo está el fenómeno a nivel nacional”.

Cerca de 11 mil niños estarían en grupos ilegales

Entre ocho mil y once mil menores en el país aún hacen parte de los grupos armados ilegales. En primera instancia a los niños los están utilizando las Farc, le sigue el ELN y por último las bandas emergentes.

Por: Elheraldo.com.co/Montería.

La estrategia de estas últimas es emplearlos en los cascos urbanos de las ciudades para el tráfico de droga, incluso, para el sicariato.

La revelación la hizo Johana Serpa, asesora de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de los Niños por grupos al margen de la ley, adscrita a la Vicepresidencia de la República, en el Primer Foro Departamental sobre la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las estadísticas se derivan de la desvinculación de 4.120 niños de las filas de los grupos armados y quienes en entrevista a las autoridades respectivas revelaron que junto con ellos estaban al menos otros dos menores, que se quedaron en el monte. Para colmo de males los padres de familia no están denunciando que sus hijos desaparecen para hacer parte de los grupos armados.

Raspachines. En la zona rural de Tierralta cerca de 600 niños desarrollan alguna actividad laboral y el 30 % de ellos se dedican específicamente a raspachines en los cultivos de coca, ubicados en las poblaciones más apartadas. Así lo indicó Carlos Acosta, de la Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario, que funciona en el sur de Córdoba hace 14 años.

Farc y ELN siguen reclutando niños: ONU

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) figuran entre los actores de conflictos armados que continúan reclutando niños, señaló un informe del Secretario General de la ONU divulgado el 21 de mayo de 2010. 

En un anexo, Ban Ki-moon lista a los grupos rebeldes y agentes de seguridad del Estado que continuaron esa práctica el año pasado en siete países africanos, dos asiáticos e Iraq.

Otro anexo alude a Colombia y otros tres países que no figuran en la agenda del Consejo de Seguridad.

Ban destaca que aunque las autoridades colombianas han tomado medidas para proteger a los menores, incluyendo la adopción de leyes, persiste la impunidad.

El estudio añade que según la Fiscalía colombiana, entre enero de 2008 y agosto de 2009, su Unidad de Derechos Humanos recibió denuncias de reclutamiento que afectaron a más de 600 niños y que 13 personas implicadas fueron sentenciadas.

Agrega que, además, hasta diciembre de 2009, Naciones Unidas confirmó que algunos ex integrantes de grupos de autodefensa han comenzado a dar testimonios relacionados con 1.400 casos de reclutamiento de menores. Hasta el momento se han presentado 90 cargos, pero no ha habido ninguna condena.

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Escuela de mujeres de Arauca: Entre sueños y problemas

Entre sueños y problemas, inició el dialogo pedagógico en el primer encuentro de la Escuela de Promotoras del Bienestar Integral a las niñas(Infancia) y la Mujer, el pasado 26 de abril en Arauquita con participantes de diferentes veredas cercanas y de Arauca capital.

Por: Viviana Machuca / Humanidad Vigente

La jornada de 3 días de trabajo e intercambio de saberes dejó pasos y acciones concretas que las participantes de la escuela empiezan a dar para que lo anhelado sea posible.

Cuando decimos soñar o anhelar, decimos ¡soñar si cuesta¡ ya que nos pone frente a una realidad compleja que nos lleva necesariamente a sentirla, debatirla y entenderla.

Este análisis de la realidad se convierten en tarea necesaria para iniciar el camino de la transformación hacia un Arauca con un territorio libre de violencia, un territorio fértil en donde tengan una seguridad alimentaria , una atención adecuada para la salud de los niños y las niñas, espacios de recreación donde los pequeños gocen una infancia plena y donde las madres no vivan e zozobra y angustia por la vida de quienes aman. 

 

Además, soñar cuesta porque nos apela y compromete; No nos deja indiferentes a una realidad que exige poner la inteligencia, sabiduría y talentos de las mujeres como aporte vital en la construcción de nuevas maneras de vivir. 

Estos sueños-anhelos trabajados por las mujeres de la escuela, evidencian las problemáticas más sentidas que viven cada una de ellas, pero también evidencia los desafíos que tiene la población para la consecución de dichos derechos.

Esta primera jornada de trabajo de la escuela de mujeres contó además con el servicio de asistencia en salud integral de cerca de 50 personas entre mujeres, niños y niñas. Igualmente, se brindó el acompañamiento psicosocial a las mujeres asistentes y talleres lúdicos dirigidos a niños y niñas.

Los pasos

Dentro de las acciones que las mujeres se proponen realizar durante los próximos meses, será: el reconocimiento de los derechos de los niñas y los niños; así como de las mujeres, la identificación de las rutas de exigibilidad para los mismo, Formación político jurídica, acompañamiento integral en el duelo y la reconstrucción de la vida, herramientas prácticas par ala promoción de la salud integral entre otros temas necesarios para brindar un aporte en el trabajo por la paz de la región.

Puntos de encuentro y diferencias en el desarrollo de los niños en diferentes culturas

El director francés Thomas Balmès, muestra los dos primeros años de vida de cuatro bebés procedentes de Mongolia, Estados Unidos, Namibia y Japón, en su documental llamado Bebés.

Colombia: Mujeres rurales gestionan su Ley

Una Ley no va a resolver la enorme deuda social del Estado colombiano con las mujeres rurales, pero podría ayudar a que éste comience a cumplir con las obligaciones largamente postergadas. Este es el convencimiento que guía a varias organizaciones de mujeres que están gestionando más acción gubernamental para el sector, pero normada por políticas públicas y no como expresión de asistencialismo o dádivas políticas.

Por: Ana Isabel Arenas Saavedra y Claudia Patricia Collazos Naranjo. Publicado en Sudaméricarural.org

Un poco de historia

En 1989 se formuló la primera Política Nacional sobre Mujer Campesina (CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social) No.2109, que "no abarcó asuntos de carácter estructural relacionados con la problemática agraria ni con la cultura patriarcal que caracterizan a la sociedad colombiana" (Oxfam, Corporación Punto Focal Colombia, Unión Europea: "Las mujeres rurales conocen, replican, exigen y aplican los mandatos de la ley 731 de 2002". 2009. Colombia). Luego, en 1994, se formuló la "Política Pública para el Desarrollo de la Mujer Rural (CONPES SOCIAL-23DNP-UDA- Minagricultura), que retoma y fortalece la Política de 1984. La discontinuidad y carencia de voluntad política generaron un alcance parcial de lo esperado.

Sobre la legislación relativa al acceso a la tierra, la Ley 60/1994 definió la titulación de terrenos en cabeza de mujeres jefas de hogar y en mujeres víctimas de la violencia consideradas en estado de desprotección; y la Ley 30/1998, primera de reforma agraria, establece la titulación de la tierra de la pareja a mujeres campesinas mayores de 16 años. Si bien se lograron avances, no se encuentran evidencias sobre la eficiencia de la aplicación de la Ley ni el alcance obtenido.

La Ley de la mujer rural

En el 2002, resultado de la dinámica acción de la Red de Mujeres Rurales y de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia ANMUCIC, con el apoyo del IICA y la participación del Ministerio de Agricultura, se logra expedir la Ley 731/2002 "Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales", conocida como Ley de la mujer rural, "Considerada la primera Ley en América Latina orientada a favorecer a las mujeres rurales, surge como crítica a la falta de continuidad y resultado de las políticas que hasta el momento se habían formulado" (Granados B. E., González F. "Situación de la Mujer Rural en Colombia". Centro de Apoyo Popular Centrap, Bogotá, Colombia. Editado por FAO. 2006), que busca propiciar condiciones para el potenciamiento de las mujeres rurales proponiendo su acceso a recursos y servicios, su participación en instancias de decisión y la eliminación de obstáculos para el acceso a fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural.La Ley de la mujer rural incluye ocho capítulos. El primero plantea "mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural" (Art.1); así como innovadoras definiciones sobre mujer rural, actividad rural y ruralidad, lo que incorpora el reconocimiento de mujeres rurales hasta entonces no consideradas como tales.

El segundo capitulo establece la participación de las mujeres rurales en los fondos de financiamiento del sector, y plantea la creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales - FOMMUR. El tercero hace referencia a las normas de régimen de seguridad social que le afectan; el cuarto es sobre educación, capacitación y recreación; el quinto enuncia la "participación de las mujeres rurales en los órganos de decisión" en niveles territoriales e incluye artículos específicos sobre la participación de las mujeres afro colombianas e indígenas en instancias propias de sus comunidades étnicas.

El sexto capítulo de esta Ley especializada en las condiciones de vida de las mujeres rurales sobre reforma agraria, amplía posibilidades de titulación de predios a nombre de las mujeres; el séptimo contiene disposiciones varias, relativas a la vivienda, a la intervención de las mujeres rurales en proyectos de reforestación, y de manera particular establece la vigilancia que haga efectivo, para las mujeres rurales, el principio de igualdad de remuneración según Ley 581/2000. El último capítulo incluye la importancia de los registros estadísticos, dada la carencia de conocimiento periódico sobre la situación de las mujeres rurales; también la divulgación de leyes, y formas de evaluación y seguimiento a los programas de la mujer rural.

En 2005, luego de tres años de existencia de la Ley de Mujer Rural, con los pocos datos desagregados por sexo logrados a partir del censo nacional realizado, se destaca información sobre la situación comparativa de las mujeres rurales, que constata las condiciones de inequidad que enfrentan (Datos tomados de: DANE. "Boletín. Censo General 2005. Datos desagregados por sexo". 2007): en educación, el 19.2% de las mujeres y el 20% de los hombres no tienen ningún nivel educativo. El 2,9% de las mujeres y el 2,4% de hombres tienen secundaria completa. El 21.3% de las mujeres y el 22.3% de los hombres son analfabetas. En términos generales la situación educativa entre mujeres y hombres rurales es similar, siendo levemente mayor el nivel educativo femenino en los grados superiores.

Sobre la actividad realizada la semana anterior al censo, el 11,6% de las mujeres reportó haber trabajado, frente al 50,2% de los hombres. El 49,8% de las mujeres destinaron su tiempo a oficios del hogar frente al 5,8% de los hombres. Por lo tanto, el acceso de las mujeres a la educación no garantiza la igualdad de oportunidades y equidad de género, aunque es claro que las mujeres sin educación no tienen posibilidades de desarrollo. También llama la atención sobre lo que se suele considerar trabajo, que no incluye "oficios del hogar" a pesar de ser, en efecto trabajo pero no remunerado.

Con un camino recorrido en la exigencia de sus derechos, las mujeres rurales continúan enfrentando una serie de dificultades estructurales, algunas generalizadas a toda la población rural pobre, por el modelo de desarrollo que privilegia la inversión y el apoyo a la gran propiedad, generando mayor desigualdad económica y social; otras apoyadas en la tradición y la ideología que sitúan a las mujeres en una relación de desigualdad, obstaculizando su efectivo acceso a tierra o capital, servicios financieros de crédito, capacitación técnica y tecnológica, información empresarial y a la participación activa en espacios de toma de decisiones sobre sus vidas. Además, por los efectos del conflicto armado toman más responsabilidades familiares, porque deben desplazarse o quedarse resistiendo en los sitios de confrontación; en ambos casos gran parte de estas mujeres está sin su pareja, quien si no lo han desaparecido, debe ocultarse para proteger su vida.

Un obstáculo, aún poco reconocido, es la desigual distribución del trabajo por sexos: "En los hogares campesinos, mujeres y hombres realizan simultáneamente trabajos productivos, domésticos y de reproducción social. Los hombres se concentran en los primeros (los productivos), pero las mujeres se dedican por igual a todos" ( Díaz D.I. "Situación de la mujer rural colombiana. Perspectiva de género. Cuadernos Tierra y Justicia. Cuaderno No.9. Bogotá, 2002). El trabajo de cuidado (limpieza, alimentos, cuidado de otras personas, atención a la granja...) es gratuito, no se reconoce social ni económicamente, no se incluye en el producto interno bruto del país, no genera protección social, aunque es absolutamente necesario para el cuidado y reproducción de la fuerza laboral. Este trabajo copa gran cantidad de tiempo a las mujeres, el cual no puede ser destinado a su capacitación productiva, a actividades remuneradas, al ocio o al descanso.

Existe la Ley, pero no se aplica

En 2008, por la poca aplicación de la Ley, las mujeres rurales fortalecieron las actividades para su reglamentación; desde la institucionalidad lo hacen algunas entidades con responsabilidad sobre el tema. Se organizaron dos mesas: Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas, y Mesa Técnica Institucional conformada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo del IICA encargada del seguimiento estatal a los avances de reglamentos que favorezcan a las mujeres rurales.

Para el 2009, la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales desarrolló un proceso de consulta y formación de mujeres rurales, lográndose la conformación de estas Mesas en cinco regiones del país. También se logró movilizar la voluntad política de una congresista, quien en su ejercicio de control político de la Ley 731/2002, cita al Ministerio de Agricultura, a la CPEM y a otros Ministerios y entidades gubernamentales, ante la Comisión IV del Senado para que informen sobre sus responsabilidades y compromisos sobre el tema. Sin embargo, "aunque se cumplió con el objetivo de la citación, que era hacer un balance sobre lo que el Estado colombiano ha implementado como políticas públicas alrededor de la Ley Mujer Rural, queda claro que se ha avanzado muy poco pues aún no existen directrices claras y la inversión en este grupo poblacional ha sido muy baja e incluso poco focalizado", evidenciando la deuda pendiente del Gobierno Nacional con las Mujeres rurales (Senadora Griselda Janeth Restrepo; hizo la proposición presentada ante la Comisión).

Tarea pendiente

"Las estadísticas oficiales no lo demuestran pero persiste la tendencia a la feminización de las actividades agropecuarias, tanto en explotación tradicional como en agricultura moderna. Esta creciente participación se debe, entre otras razones, a la necesidad de buscar trabajo fuera de la parcela y a la violencia generalizada que recluta más hombres que mujeres". (FAO. "Actualización estadística. Situación de las Mujeres Rurales en Colombia". División de Género, Equidad y Empleo Rural. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2007).

Aunque las mujeres rurales son el 45% del total de los 10.524.226 habitantes rurales, y su contribución a la dinámica rural productiva y familiar es significativa, no participan en igualdad de condiciones en las iniciativas del desarrollo, ni cuentan con políticas públicas efectivas que permitan superar las condiciones de inequidad y discriminación que las coloca en alto riesgo de vulnerabilidad frente a la situación de pobreza. Las mujeres están organizadas pero requieren la intervención del sector público, del privado y comunitario, así como el acompañamiento de las organizaciones de mujeres y feministas. Pero lo determinante, en armonía con la gestión sostenida que vienen adelantando las mujeres rurales, será la voluntad política gubernamental, que debe expresarse en su compromiso con el avance y eficacia de este proceso, lo que sigue siendo reto y tarea pendiente para la entrante administración presidencial que inicia en agosto del 2010.

Video: Osos Abandonados (Vinculación de niños al conflicto armado en Colombia).

La historia de vinculación, adaptación y conclusión de Jaime un niño involucrado en el conflicto armado Colombiano. Su eje narrativo es dado por entrevistas de personas que conocen y trabajan el tema de vinculación de menores en  conflictos armados.

Defensor del Pueblo solicita acompañamiento y protección para niños, adolescentes y jóvenes de Ciudad Bolívar

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, manifiesta su preocupación por las informaciones divulgadas, según las cuales un grupo de niños, adolescentes y jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar han sido objeto de amenazas de muerte por parte de un grupo desconocido.

Publicado por Defensoría del Pueblo

De acuerdo con la información suministrada por los familiares de las victimas a las autoridades de policía, los panfletos fueron distribuidos el domingo 9 de mayo por la noche al ser arrojados por debajo de la puerta de varias viviendas del barrio María Auxiliadora de la Localidad de Ciudad Bolívar.

En los panfletos amenazantes figuran varios niños y jóvenes de este sector de Ciudad Bolívar y, en uno de los apartes del mismo, se señala. "Ya que unos hicieron caso, pero otros no... seguiremos nuestra limpieza después de las 10 p.m. y estaremos vigilando a los siguientes muchachos...", señala uno de los apartes del panfleto que no aparece firmado.

El Defensor del Pueblo, rechaza enfáticamente estos hechos y expresa que toda amenaza debe ser objeto de investigación para determinar su procedencia e identificar el nivel de riesgo de los amenazados, sobre todo, tratándose de menores de edad.

Asimismo, señala el Defensor del Pueblo, que el Sistema de Alertas Tempranas que administra la institución en la Nota de Seguimiento número 010 del 19 de junio de 2009 puso en conocimiento la situación de vulnerabilidad de la población juvenil y del liderazgo social de la localidad de Ciudad Bolívar por la presencia de integrantes de presuntos grupos armados ilegales que estarían conformados por miembros de las antiguas AUC que no se desmovilizaron y por integrantes de los grupos desmovilizados que se han rearmado.

En la Nota de Seguimiento, se informaba que las acciones de los grupos armados ilegales en la ciudad se dirigen a controlar los circuitos económicos, cooptar y/o eliminar las redes sociales que consideren como colaboradoras de la guerrilla o de otras organizaciones criminales o delincuenciales o que le brindan apoyo económico, ejercer control territorial y poblacional por medio de amenazas e intimidaciones contra los defensores y defensoras de derechos humanos, el liderazgo social y comunitario que perciban como opuestos a sus propósitos y demandas, los grupos de pandillas juvenil vinculados con el expendio o consumo de sustancias psicoactivas y contra las personas en condición de vulnerabilidad o socialmente estigmatizadas, tales como: consumidores de alucinógenos, personas con antecedentes contravencionales o judiciales, trabajadoras o trabajadores sexuales, entre otros.

El escenario de riesgo descrito por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se mantiene vigente por las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la población infantil y juvenil de Ciudad Bolívar y por la presencia de agentes generadores de violencia en el sector que intimida, amenaza y constriñe a la comunidad.

El Defensor del Pueblo urge de las autoridades competentes, investigar las amenazas proferidas contra niños, adolescentes y jóvenes de Ciudad Bolívar con el fin de que se esclarezcan los hechos y se individualicen a los presuntos responsables de las mismas.

Asimismo, se recomienda a la Policía Nacional adelantar los estudios de riesgo y amenazas a las personas afectadas y adoptar las medidas de protección teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los niños y jóvenes.

Conflicto armado en Filipinas dispara tráfico de niñas

Algunas menores son discriminadas al volver a sus hogares por haber sufrido abusos sexuales.

Publicado por Publico.es

Ser una niña de facciones dulces y haber nacido en una de las zonas más pobres y conflictivas de Filipinas puede convertirse en una combinación desafortunada. Así lo fue para las catorce menores acogidas en el centro para víctimas del tráfico infantil Tanglaw Buhay en Zamboanga, la ciudad más al sur de la isla filipina de Mindanao. Según Unicef, Mindanao se ha consolidado en los últimos años como un centro de tráfico ilegal de personas a causa del conflicto armado entre el ejército filipino y los rebeldes separatistas musulmanes, que ha sumado la inestabilidad política a la extrema pobreza de la zona.

La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, transportadas a las grandes ciudades filipinas, como Cebú o Manila, o a la vecina Malasia, y de allí a los países de Oriente Próximo, como Kuwait o Arabia Saudí, para su explotación sexual y laboral.
 

Abusos generalizados

"Todavía hay gente por el mundo dispuesta a pagar millones por una muchacha virgen", explica con la voz llena de rabia Rosevie Remulta, la trabajadora social a cargo de Tanglaw Buhay. Al entrar al centro, Remulta se calma para no alterar a las chicas, muchas de ellas con el trauma de haber padecido abusos psicológicos o sexuales a flor de piel. Tienen entre 9 y 20 años y vienen de las zonas rurales más pobres de Mindanao o de Visayas, en el centro del país.

"Las mafias las detienen en la calle, les prometen un trabajo en el extranjero y les aseguran que con el salario podrán pagarse los estudios y enviar dinero a sus familias", explica Remulta. En algunas ocasiones incluso se las llevan con el permiso de los padres, como es el caso de una adolescente de ojos almendrados y piel color aceituna, de 15 años, que dice llamarse Arlin. Para garantizar su seguridad, las chicas no tienen permitido decir su nombre real. Arlin nació en una familia pobre de once hermanos, en una zona rural de Mindanao. Cuando una mujer se le acercó en la calle para ofrecerle un trabajo en Malasia, Arlin respondió que necesitaba el consentimiento de sus padres. Así que la llevó a su casa y estos aceptaron.

Usan a mujeres "para reclutar a chicas"

"Las mafias utilizan a mujeres para persuadir a las chicas y a sus familias sin levantar sospechas. Con un hombre se sentirían más amenazadas", explica Remulta.

Semanas después, las autoridades filipinas interceptaron a Arlin en el puerto de Zamboanga y la trasladaron al centro de acogida.

El estrecho que separa Zamboanga de Malasia, una hilera de islas dominadas por rebeldes musulmanes, se ha convertido en un paraíso para el contrabando de menores, drogas y armas. Los menores suelen ir ocultos en las bodegas de los barcos, "pero a veces las mafias consiguen despistar a las autoridades alegando que las niñas van a visitar a sus familias en alguna de las islas cercanas, como Tawi Tawi", aclara Remulta, acariciando la melena oscura de Arlin.

"No quiero volver a casa"

El Gobierno filipino y Unicef estiman entre 300.000 y 400.000 el número de mujeres víctimas del tráfico humano en Filipinas y entre 60.000-100.000 el número total de menores. "No quiero volver a casa", explica Arlin, mirando con una sonrisa cómplice al resto de muchachas. Desde que está en el centro, Arlin puede ir a la escuela, disfruta de tres comidas calientes al día y del cariño de Rosevie Remulta y las otras chicas. Dice que quiere ir a la universidad, viajar a EEUU y ayudar a su familia. Pero regresar ahora a casa significa para Arlin volver a la miseria.

Las niñas permanecen en el centro durante varios meses antes de ser devueltas a sus familias por miedo a represalias de los secuestradores.

Más de 300.000 filipinas, incluidas 100.000 menores, padecen la trata

En algunas ocasiones las menores también son objeto de maltrato psicológico al regresar a sus aldeas, normalmente en zonas rurales conservadoras, donde son discriminadas por haber padecido abusos sexuales. Las ONG suelen denunciar a los traficantes de personas, pero las demandas pocas veces prosperan "porque hay políticos y jueces implicados", explica Remulta.

"Corrupción endémica"

Según el último informe del Departamento de Estado de EEUU sobre derechos humanos, los esfuerzos de Manila por controlar el tráfico de personas "están limitados por una corrupción endémica, la falta de un sistema judicial fiable y la escasez de recursos para llevar a cabo las investigaciones y procesos judiciales".

El dato más alarmante, destaca el informe, es el bajo número de condenas por trata de blancas. Desde que el Gobierno aprobó en mayo de 2003 la primera ley contra el tráfico de personas, sólo 13 casos han llegado a juicio, dos en Zamboanga.

Declaración del Director Ejecutivo de UNICEF y de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados sobre el reclutamiento de niños y niñas soldados en Somalia

NUEVA YORK, 4 de mayo de 2010 - "Estamos consternados de saber que están aumentando el reclutamiento y la utilización de niños y niñas como soldados por los grupos armados de Somalia. Todas las partes en el conflicto participan en esta actividad, y en algunos casos se está reclutando a niños que solamente tiene nueve años.

Publicado por Centro de Prensa UNICEF

Los últimos informes indican que las escuelas se utilizan como centros de reclutamiento y que los niños soldados reciben palizas o se les ejecuta cuando les capturan.

La utilización de niños y niñas por las fuerzas y grupos armados es un crimen de guerra. Es preciso detenerla inmediatamente. Todas las partes deben liberar a los niños que se encuentran en sus filas. Hay que poner fin a la impunidad y llevar a los culpables ante la justicia.

Los niños y niñas reclutados son víctimas y es preciso tratarles como tales.

UNICEF y la oficina de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados están preparados para prestar asistencia en la desmovilización de los niños y niñas de Somalia y ayudarlos a recuperar su infancia y reintegrarlos a sus comunidades.

Asimismo, pedimos a la comunidad internacional, incluidos aquellos que prestan apoyo a las partes en conflicto en Somalia, que condenen unánimemente esta práctica y utilicen su influencia para poner fin a la misma. Los niños y niñas obligados a utilizar un uniforme y portar una pistola sufren daños psicológicos y de otro tipo, y sin asistencia podrían convertirse, cuando sean adultos, en instigadores de la violencia, e incluso reclutar ellos mismos niños y niñas soldados. La utilización de estos niños es una tragedia para Somalia en la actualidad y, a menos que se adopten medidas urgentes, también puede amenazar la estabilidad del país en el futuro. Los niños y los jóvenes forman la mayoría de la población de Somalia y merecen una infancia libre del terror que supone un conflicto armado".

Anthony Lake
Director Ejecutivo de UNICEF   

Radhika Coomaraswamy
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados

Niños indígenas del Norte del Cauca sin clases por conflicto armado

Como una medida de prevención varias comunidades indígenas del norte del Cauca de los municipios de Caloto y Corinto, anunciaron la suspensión de clases para los niños de la zona.



Artículo publicado por El Liberal

Autoridades indígenas exigieron un cese a los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y subversivos de las Farc, que hasta el momento ha dejado víctimas civiles fatales.

La decisión se suma a la ya tomada en el municipio de Toribío al suspender clases de manera indefinida, en los colegios y escuelas del corregimiento y resguardo de Tacueyó, por la grave situación de orden público.
Según informó el consejero mayor de la Acin, Jorge Arias, los combates entre el Ejército y la guerrilla ponen en peligro la vida de los niños, por lo cual la suspensión de clases es necesaria.

“Algunos resguardos de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, continuarán con la normalidad académica, pero esto dependerá de cómo se desarrollen las cosas en la próxima semana”, agregó el líder indígena.
La medida fue tomada el pasado sábado en asamblea, donde además se hizo un acto simbólico de despedida a los diferentes lideres indígenas víctimas del conflicto.

Familia de menor víctima de abuso sexual renuncia a reparación económica

La familia de un menor abusado renunció a una reparación económica para que le apliquen la máxima pena al violador, capturado y judicializado en la zona rural de Pereira.

Artículo publicado en Caracol Radio

El padre del niño de 8 años dijo que prefiere que le den más años de cárcel al atacante a que éste lo compense con una millonaria suma de dinero y argumentó que el trauma para ambos es tan grande que el dinero en este caso carece de importancia.

La víctima con pesadillas en las que siente que el abusador va a cumplir su amenaza de asesinarlo a puñaladas si lo denunciaba y el padre que llora constantemente y ha tenido que recibir tratamiento especializado para evitar que caiga en el alcoholismo,están pasando por momentos sumamente difíciles, se indicó.

Por miedo y amenazas se desplazaron 1.355 estudiantes en Medellín: Codhes

Artículo escrito por Codhes/ Publicado en la revista Cambio

La organización no gubernamental pudo constatar que varios de ellos tuvieron que huir de sus colegios luego de recibir mensajes verbales, panfletos e incluso ser intimidados con armas por algunas bandas que querían reclutarlos o que pretendían que les sirvieran de informantes.* 

En los barrios Pedregal y Castilla, norte de Medellín, estudiar ha sido una hazaña para decenas de estudiantes que para proteger sus vidas tuvieron que abandonar sus estudios y desplazarse hacia otros barrios. Algunos contaron con suerte y fueron reubicados en otros centros educativos. Otros, están agazapados en sus casas, sin hacer nada, porque temen que donde estén los encuentren. 

En este sector, donde se ha vivido con fuerza la confrontación armada entre las bandas 101, La Oficina, La Arboleda, Castilla, Mondongueros, los de la "calle del pecado", entre otras, los jefes de las bandas han creado una especie de "fronteras invisibles" en cada una de las calles donde hacen presencia sus hombres. Estas son rutas establecidas por los ilegales para impedir que los niños lleguen al colegio o pasen de un lado a otro. 

 "Yo vivo en Pedregal y tengo que pasar al colegio en Castilla y para que no me reconozcan me voy sin uniforme y cuando estoy en la entrada del colegio me lo pongo. Esta es la única forma que tengo para ir caminando, porque o si no, tendría que dejar de estudiar porque en mi casa no tienen plata para pagar el bus. Otros compañeros llevan la camiseta dentro del bolso y se la ponen dentro de la escuela porque por las calles está prohibido usarlas ", relata un estudiante de sexto grado. En ese plantel desertaron en el último año más de 300 estudiantes, la mayoría por temor, o por amenazas directas de los grupos ilegales que están en el sector. Mientras que en otros planteles educativos de la zona estudiantes y docentes se las ingenian para hacerle frente a esta problemática. 

"La situación se complicó desde finales del año pasado y los controles de estas bandas a los menores de edad son tan terribles que acá en Castilla tuvimos uno de los niños heridos por bala, solo porque pasó por la calle que no era -cuenta una de las profesoras-. En otros casos persiguen a los niños y los acusan de pertenecer a la banda enemiga porque según ellos en cada colegio hay una banda. Luego le ponen plazos de hasta 24 horas para abandonar el barrio y les dicen en algunos casos que si no se van los matan a ellos, a los papás, a los hermanitos". 

La rectora de uno de los establecimientos educativos afectados explica que les ha tocado tomar medidas para evitar la deserción de los estudiantes por amenazas. "Aquí recibimos muchos de otras instituciones que vienen de otros barrios desplazados -relata-. Pero también tenemos algunos del mismo barrio que están amenazados y para evitar que siga esta deserción los ponemos hacer talleres desde la casa, sustentaciones por Internet". 

La Secretaría de Educación de Medellín está al frente de la situación y aunque según las autoridades han disminuido las  confrontaciones armadas en los barrios durante el último mes, los padres de familia, docentes y los mismos niños no tienen garantías para permanecer en la zona. "Esto nos está afectando el funcionamiento interno, la calidad educativa. A finales del año pasado llegaban tarde porque había balacera. Luego empezaban a faltar. A lo último les perdíamos el rastro y nos dábamos cuenta que se habían desplazado", dice un rector. "A estas alturas hay una señora que no ha podido matricular la niña porque no puede ir a reclamar los documentos porque los tienen vigilados en la casa -dice una docente-. Otra madre retiró al hijo de colegio y lo mandó a estudiar al Inem del Poblado porque prefería mandarlo hasta allá antes que arriesgarlo a venir a este colegio que le queda a media cuadra". 

La situación se repite en los barrios de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 13 y 16, donde según las cifras suministradas por la Personería de Medellín, se han desplazado durante el último año 1.355 estudiantes de colegio y en algunos casos universitarios.

Este desplazamiento intraurbano continúa en ascenso en especial en los barrios Popular 1 y 2, Santo Domingo, Independencias, La Sierra, Ocho de marzo, donde las bandas a pesar de haber hecho una tregua a principio de este año, continúan amedrantando a los habitantes, en especial a los menores de edad. 

Los últimos años de bachillerato son los que tienen el pico más alto de deserción. Sin embargo las cifras en niños menores de 8 años han ido en aumento. "Hemos detectado que son los niños más pequeños los que están faltando al colegio ya que sus padres se los llevan para otros barrios, interrumpiendo así su proceso formativo, en algunos casos consideran peligroso mandarlos a estudiar solitos o la situación financiera de los hogares impide que los niños sigan estudiando", dice una docente de la Institución Educativa Fe y Alegría del barrio Santo Domingo. 

De miedo 

 

De acuerdo con las cifras de la Personería de Medellín, durante 2009 se desplazaron en la ciudad 4.375 personas, es decir 1.197 familias. Los responsables, fueron en su orden en un 46% grupos armados no identificados; 35%, delincuencia común; 8%, Ejército; 5%, guerrilla; 5% sin información. De estos 4.375, 1.355 son estudiantes; 1.049, se desconoce la actividad; 592, amas de casa; 403, oficios varios; 165, hacen tareas del hogar; 140, obreros; 124, vendedores ambulantes; 118, empleados; 103, vendedor; 70 empleadas domésticas y 55 comerciantes.  
 
La Personería atiende esta problemática mediante una unidad permanente de derechos humanos que funciona las 24 horas, con cerca de 50 personas dedicadas de manera exclusiva a atender situaciones de emergencia en derechos humanos. Allí pudieron establecer que los barrios más expulsores de personas y a su vez con mayor desescolarización son los populares 1 y 2, con 338 desplazados intraurbanos, Santo Domingo Savio con 155 desplazados intraurbanos (Comuna 1), San Javier con 111 desplazados intraurbanos (Comuna 13) y Robledo con 110 desplazados intraurbanos (Comuna 7). 
 
Otros sectores y barrios  afectados con desplazamiento intraurbano son en la Comuna 13: El Salado, Belencito Corazón, Eduardo Santos, Nuevos Conquistadores, Antonio Nariño, El Socorro, Olaya Herrera y 20 de Julio; En la Comuna 8: La Sierra, las Estancias, Villa Liliam, Villa Turbay, Villa Tina, Esfuerzos de Paz 1 y 2 y Caicedo; En la Comuna 9: Pablo Escobar; En la Comuna 2: Playón de los Comuneros, Pablo VI, La Isla y Villa del Socorro; En la Comuna 3: Manrique, La Cruz, La Honda y los Asentamientos de la Honda y Bello Oriente; En la Comuna 5: Castilla; En la Comuna 6: Pedregal; En la Comuna 7: Altos de la Virgen. Solo en el primer semestre del 2009, la Personería recepcionó 206 declaraciones que corresponden a 771 personas que se vieron obligadas a desplazarse internamente en la ciudad en busca de protección.  
 
Entre los declarantes se encuentran 217 mujeres, algunas de las cuales han sido víctimas de violencia sexual, 171 hombres, 198 niños y 185 niñas.  "La Personería y la Alcaldía de Medellín han presentado cifras en el sentido de que ha aumentado el desplazamiento intraurbano y que en la medida en que la violencia trasciende a las ciudades esto genera nuevas formas de desplazamiento que no están previstas en los escenarios tradicionales de la política pública", explica Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.  
 
Según Romero, las políticas que han surgido desde el Estado para atender a la población que huye del conflicto socio político siguen siendo insuficientes, principalmente, debido a la carencia de recursos fiscales, que se hace más notoria aún en regiones con baja producción que, por tanto, necesitan de una cooperación más decidida del Gobierno Nacional. Recuerda que El Estado Colombiano aprobó, mediante la Ley 12 de 1991, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de Ginebra de 1949, que establecen una protección particular en favor de la infancia.Los artículos 77 y 78 del Protocolo prescriben protección para dos situaciones: ya sea que los niños participen directamente en el conflicto como actores, o que sean víctimas del conflicto".  En este sentido, los niños que han sido afectados por el desplazamiento deberían recibir atención especial e integral que incluya, no sólo escolarización, sino atención psicológica para las secuelas que produce el desarraigo y que son más graves en los niños menores de 10 años.

Bajo acecho 

 

La disputa territorial por el control económico, político y social de grupos armados postdesmovilización de las autodefensas, se evidencia en el hecho de que han logrado tener control territorial en los barrios, con lo cual han creado fronteras invisibles entre los barrios, que cuando son cruzadas por sus habitantes sufren represalias, amenazas y hasta la muerte. Ello lo hacen para mantener el control no solo del negocio del narcotráfico, si no de las vacunas tanto al comercio y como al transporte público. 

Sin embargo, hay que tener presente que actualmente varios de los grupos armados ilegales con estructura paramilitar obtienen sus recursos o fuentes de financiación a través de actividades legales e ilegales así: algunas empresas de transporte público, panaderías de lujo, casinos, establecimientos públicos de diversión nocturna, casas de apuestas, redes para la venta de minutos de celular, talleres de mecánica, ventas de repuestos de segunda, lavaderos de carros en las terminales de buses, empresas de vigilancia, bombas de gasolina, prenderías o casas de empeño. "Todo ese entramado tan complejo de violencias, viene coadyuvando en la agravación sistemática de  la violación de los derechos humanos y de manera altamente alarmante en el incremento del reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, uno de los motivos más frecuentes que viene  ocasionando desplazamientos individuales y masivos", asegura un líder comunitario de la comuna 13. 

Por eso en 2009 hubo cuatro casos representativos de desplazamientos masivos intraurbanos así: el del Barrio Popular 2 en febrero de 2009 con más de 50 personas;  el del Barrio Popular 1 en septiembre de 2009, con 115 personas; el del barrio Pablo Escobar, en junio de 2009, con 22 familias y en los barrios Altos de la Virgen y El Socorro donde huyeron  10 familias de las cuales sólo se acercaron a denunciar 13 personas  ante la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo. 

En este último caso, la Alcaldía de Medellín realizó un plan especial de seguridad para evitar más desplazamientos. Sin embargo, en un principio sólo sirvió para mitigar el riesgo, pues con el pasar del tiempo la situación empeoró, y luego de que la familia completa tuvo que desplazarse, las casas de ese sector fueron apropiadas por un grupo armado ilegal postdesmovilización AUC autodenominados "La Agonía" que tiene su foco de operaciones en la Comuna 13, el cual, está vendiendo las casas desocupadas fruto del desplazamiento forzado intraurbano que ellos mismo generaron. 

Igual situación ocurrió en el corregimiento de Altavista. Por amenazas, líderes comunitarios abandonaron el barrio Nuevo Amanecer. Dos de los líderes tuvieron que renunciar a sus actividades comunitarias, abandonar sus viviendas y marcharse de la ciudad debido a las fuertes amenazas contra sus vida. "Nos encontramos en medio de dos conflictos de poder: alias Sebastián y alias Valenciano. Ellos se están disputando el corregimiento. La banda que siempre nos ha amenazado a nosotros, llamada La banda de Los Negros, está aliada con uno de esos grupos -relata uno de los amenazados-. Primero estaban con alias Valenciano, y ahora parece que están con Sebastián". 

*Se protegen las identidades de los menores de edad y por motivos de seguridad se omite en algunos de los casos los nombres de los barrios.

Colombia no sabe exactamente cuántos niños y niñas soldados tiene

Imagen: Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza

La participación de menores en las hostilidades del conflicto armado colombiano se profundiza por la ausencia de una base estadística veraz que permita dar soluciones efectivas.

Las afectaciones del conflicto armado colombiano en los niños, niñas y adolescentes van desde el secuestro, pasando por la masacres hasta llegar a la violación del derecho al territorio y al reclutamiento forzado.

Los riesgos que corren los jóvenes al ser parte directa e indirecta del conflicto, son muchos. Empezando porque se les niegan derechos fundamentales como la educación y la salud; así mismo, como lo han venido denunciando organizaciones sociales como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y Humanidad Vigente: “la niñez en el marco del conflicto es víctima de violaciones sexuales, torturas, inducción a la drogadicción”.

La indebida e ilegal participación de menores de edad dentro de los grupos armados, pone en peligro sus vidas cuando no pueden desarrollar una orden porque por ser niños y niñas aún no cuentan con la suficiente fuerza para las tareas que trae el ejercicio de la guerra y, lo más relevante, el constante riesgo de morir o salir heridos de combate o al intentar escapar.

Este es un escenario tan real que ya tuvo el tiempo de transformarse; dejó de ser sólo un reclutamiento forzado para añadir una ‘utilización’. Beatriz Linares, conocida defensora de la niñez, en febrero de este año, en diálogo con Caracol Radio, dijo que “el fenómeno ha cambiado de concepto (…), hoy las modalidades son mucho más urbanas y ya no es tanto el reclutamiento sino utilización, en el día el niño es usado por el grupo armado para vender droga”.

Otro aspecto que evidencia que ésta no es una práctica que nació hace poco, son los diferentes nombres que han recibido las niñas y niños soldados; “las fuerzas militares los llaman ‘campanitas’ (…) a los adolescentes, el Ejército los llama ‘chicos de acero’, y a los niños y niñas ‘pollitos de acero’. A quienes en muchos casos uniforman para ejecutar acciones cívicas. La guerrilla los denomina ‘abejitas’, y los milicianos ‘carritos’”; según la Coalico.

Con este panorama, las estrategias para acabar el reclutamiento, los llamados de atención de organizaciones internacionales y nacionales y las cifras de jóvenes reclutados, son pan de cada día.

Voces contra el reclutamiento de jóvenes

Varias organizaciones y medios de comunicación han mencionado lugares en los que el reclutamiento es alarmante: Medellín, Apartadó, Caucasia, Ituango, Tarazá, Bello e Itagüí, reporta el periódico El colombiano; la Red Juvenil menciona al Urabá y el Catatumbo; San José del Guaviare, la zona del Pacífico y el Chocó: enumera Caracol Radio; el último informe trimestral de MAPP/OEA, registra al Cesar, Casanare, Villavicencio, La Dorada – Caldas, Barrancabermeja y Tumaco.

Por tal motivo, se hacen constantes campañas de prevención que demuestran que el reclutamiento de menores no cesa. En agosto de 2009, por ejemplo, “Nuestra niñez Tarea sin Fin” convocó a una gran maratón para sacar a todos los niños y niñas del conflicto; en esta iniciativa se realizaron recorridos por varias ciudades del país.

Unicef emprendió la campaña “La violencia no es un juego de niños y niñas” que busca contribuciones económicas para seguir con labores de construcción de entornos protectores a nivel familiar, escolar y comunitario. Igualmente, La Defensoría del Pueblo creó la “Campaña humanitaria no más niñez y adolescencia reclutada” que busca hacer escuchar una “voz de alerta”.

El Gobierno, por su parte, en el 2004 lanzó la “Campaña en contra del reclutamiento forzado de menores en el Guainía” que se desarrollaba en las escuelas, violando, así, el principio de distinción. A finales de abril de 2010 en la página web de la Alta Consejería para la Reintegración se publicó una noticia que se titula: “Gobierno prende motores para prevenir el reclutamiento de menores en Córdoba”, como si desde el 2004 no estuvieran intentando disminuir estos índices.

Es más, este 29 de abril la Presidencia afirmó por medio de su sitio web que “El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración Frank Pearl, anunció que su oficina trabaja en la elaboración y aprobación de un Documento Conpes para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales”, indicando, que después de 8 años de gobierno no se han planteado acciones eficaces para aliviar este flagelo.

Jalón de orejas al Estado

Los llamados de atención empiezan con el Décimo Cuarto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que se publicó finalizando el mes de abril, que consideró que “la prevención del reclutamiento es uno de los retos más significativos para el Estado y requiere de una gran estrategia nacional de carácter integral” debido a que “afecta por sus connotaciones, no sólo a la seguridad ciudadana sino que daña el tejido social y compromete a las futuras generaciones del país”.

A estas conclusiones se suma el Fiscal Internacional del año 2008, Sergio Tapia, del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, que en entrevista con el diario El Espectador resaltó que “muchos menores de ellos se han enlistado por intimidación. Viendo que sus amigos disponían de dinero (…) de encontrar una ocupación alternativa a la desescolarización”.

Además que “está claro que hay razones económicas (pobreza), sociales (maltrato infantil, violación, imposibilidad de seguir sus estudios) y psicológicas (influencia de otros)”, concluye Sergio Tapia.

Concepto que fue apoyado por Human Rights Wath que advirtió que la decisión “voluntaria de unirse a las fuerzas irregulares es más una consecuencia de la terrible falta de oportunidades para los niños de los sectores más pobres de la sociedad rural”.

Por su parte, la Red Juvenil, cuyo lema es “para la guerra y la miseria miles de excusas, para la resistencia muchas razones” denunció que lo preocupante “es que no se escuchan explicaciones precisas, no se aclaran las cifras y buena parte de la verdad sigue oculta”.

Este argumento se completa al señalar que “hay quienes ya visualizan un escenario con presencia de la Corte Penal Internacional (CPI), dado el alto grado de impunidad que se observa hasta el momento”.

Finalmente, el texto de Red Juvenil “Reclutamiento forzado de menores por las AUC: ¿impunidad latente?” señala que la falta de verdad y justicia conlleva a que se den las condiciones para que la población siga siendo utilizada por los grupos armados ilegales.

Estadísticamente incorrecto

Como muchos de los componentes del conflicto colombiano, el reclutamiento de menores tampoco tiene un banco de datos que sea confiable y pueda contribuir al cumplimiento de la justicia. Ni siquiera el DANE, registra datos puntuales sobre este tema.

Dentro de un informe de investigación acerca de los trabajos infantiles, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) manifestó que “no hay indicadores que expongan la participación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto” y añadió que la intervención del Estado en estos casos es casi inexistente.

Lo único que puede asegurar el DANE, es que el reclutamiento ha sido incluido dentro de las peores formas de trabajo infantil por las consecuencias física y morales que esto trae. Lo alentador es que este ente administrativo acepta el poco interés que el tema produce para las entidades gubernamentales ya que acepta que “es preciso concluir sobre la necesidad de obtener esta información”.

Para la muestra un botón: las cifras de los niños, niñas y jóvenes que están vinculados al conflicto, varían de manera vertiginosa. “Tarea sin fin” reportó en el 2009 más de 17 mil; en ese mismo año, la revista Cambio señalo que la cifra podría estar entre 14 mil y 17 mil, pero que tres años antes las autoridades hacían cuenta de 6 mil u 11 mil.

11 mil fue el número de menores reclutados que reportó Human Rights Watch en el 2003, pero advirtió que ese podría haber sido un cálculo conservador. Esta cifra de 11 mil la mantuvo en el 2008 el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza.

Red Juvenil atribuyó a las AUC 2 mil jóvenes en sus filas en el 2009, cifra que no esta tan lejos de 2.200 combatientes niños que señaló Human Rights Watch 6 años atrás.

La cantidad de jóvenes que han abandonado las agrupaciones entre 1999 y finales del 2009 fue de 4.552, según el periódico El colombiano. Y un boletín de la Comisión de Reparación y Reconciliación (CNRR) indicó que según cifras de la Fiscalía General de la Nación, 5980 diferentes casos están en proceso por reclutamiento de menores a mayo de 2010.

Estos son datos tan diferentes que evidencian que Colombia en realidad no sabe de qué manera afecta el conflicto a los menores, tampoco cuál es la manera más eficaz de evitar la vinculación de niños, niñas y jóvenes. Por esta razón, como dice el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza “si no podemos combatir los crímenes contra la humanidad, al menos denunciémoslos para que no se cometan en silencio”.

Enlaces de interés:

Investigaciones y análisis sobre trabajo infantil DANE

Informe de MAPP/OEA

Boletín CNRR

Informe H R W

Violencia sexual como arma de guerra es padecida por niñas y niños

Por: Ingrid Pinzón/Humanidad Vigente

Uno de los factores más alarmantes de la dinámica actual del conflicto armado colombiano, es el abuso sexual sistematizado que afecta en su mayoría a las niñas y adolescentes. Con este concepto en común, varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales han mencionado su preocupación por el creciente número de denuncias.

Por ejemplo, la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que durante el 2009, de 82 casos de abuso sexual que atendieron con procedimientos médicos y psicosociales, 45 eran niñas, niños y adolescentes y 31 eran mujeres.

El año anterior durante una versión libre de Justicia y Paz los colombianos conocieron que el ex cabecilla del bloque Resistencia Tayrona de las AUC, Hernán Giraldo Serna, había cometido varios abusos sexuales en el departamento del Magdalena, donde registraba cerca de 35 hijos cuyas madres no tenían más de 18 años, 6 de ellas menores de 14 y una de 12 años, según menciona un comunicado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia - Coalico, publicado el 25 de noviembre de 2009.

El pasado 8 de marzo, la Coalico hizo un pronunciamiento público donde indicó que “la vulneración de los derechos de niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto, no cesa, siendo cada vez más evidente la afectación diferencial en virtud del género”; es decir, que las mujeres, adolescentes y niñas siguen siendo las más afectadas.

Justamente esta semana, El Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep), unió su voz a la condena de este delito, por medio de Alejandro Angulo Novoa, investigador de este organismo, quién argumentó que el abuso sexual “es posible que sea una nueva estrategia que corresponda a la fase de asentamiento oficial del actor armado de turno”.

Al grupo de detractores de los abusos a mujeres y niñas que están en medio del conflicto, se suma la CICR que en su informe del 2009 no sólo documenta las acciones militares que se disfrazan de humanitarias sino que resalta “la violencia sexual en el marco del conflicto (que) sigue siendo una de las problemáticas humanitarias menos reportada, por la vergüenza que las víctimas sienten y el miedo a represalias”.

La razón de que estás organizaciones, junto a Humanidad Vigente, se manifiesten es evitar que estos delitos queden en la impunidad o no sean juzgados con imparcialidad; además de buscar el mejoramiento de bases estadísticas que registren eficazmente los casos, se indaguen a fondo los hechos, lograr que las víctimas denuncien todos los casos, entre muchos más aspectos que mejorarían el cumplimiento de la ley y de los derechos de las niñas, adolescente y mujeres afectados por estas violaciones dentro del conflicto armado de Colombia.

Lea los comunicados de la coalición:
Para acabar con la violencia sexual como arma de guerra urge la protección y garantía de los derechos de niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano. Publicado: 8 de marzo de 2010.

Urge investigación y judicialización en proceso de Justicia y Paz de los crímenes de violencia sexual cometidos por paramilitares en contra de niñas y adolescentes. Publicado: 25 de noviembre de 2009.

Lea la editorial del Cinep:
El sexo y la guerra. Publicado: 27 de abril de 2010.

Lea el informe 2009 del CICR:
Informe CICR. Publicado: abril de 2010