viernes, 30 de julio de 2010
Urge atención sicológica a víctimas del conflicto: MSF
“Yo estaba con mi hermana en la escuela y mi mamá se había quedado en la finca con mi hermanito menor. Cuando llegamos a la casa, el niño estaba llorando todo asustado y mi mamá no estaba. Nosotros le preguntábamos que por qué lloraba, que dónde estaba mi mamá, pero él no podía decirnos nada. Entonces me puse a buscar a mi mami por los lados de la casa y fue cuando la encontré. Yo le gritaba que se despertara, pero ella no me oía. Entonces llegaron unos vecinos que habían escuchado los tiros y me dijeron que mi mamá estaba muerta”. Narración a Médicos sin Fronteras de una adolescente de 14 años desplazada en Florencia.
Por: Revista Semana.com
Víctimas como éstas le permitieron a la ONG Médicos sin Fronteras hacer una descripción del estado sicológico de quienes sufren las consecuencias del conflicto en Caquetá. Sus conclusiones quedaron consignadas en el informe ‘Tres veces víctimas’, que lanzó esa organización esta semana en España. La organización basó su análisis en los casos de 5.064 pacientes atendidos en ese departamento entre marzo del 2005 y septiembre del 2009. De cada 100 personas que recibieron ayuda sicológica, 65 eran mujeres, y 35 hombres. La mayoría estaban entre 19 y 45 años.
El interés por Caquetá surge porque “ha sido uno de los puntos neurálgicos del conflicto colombiano. La histórica presencia de la guerrilla y grupos paramilitares, así como la fuerte militarización de los últimos años, ha convertido la zona en un campo de batalla”.
Para los grupos armados ilegales, este territorio es estratégico porque su suelo es rico en recursos naturales y apto para los cultivos ilícitos. Además, ofrece rutas terrestres y fluviales que permiten la movilización de tropas, armas y narcóticos.
En ese contexto, en el 2009 fueron desplazadas de sus casas 7.600 personas, 265 habitantes de ese departamento asesinados y se presentaron 130 incidentes con minas antipersonal o municiones sin explotar, en los que murieron 20 personas.
Médicos sin Fronteras encontró que aquellos afectados son tres veces víctimas. “La población civil no sólo sufre la violencia generada por el conflicto armado, sino que está sometida a otros dos niveles de violencia: el abandono y la inoperancia de las instituciones que deberían atenderla, y el silencio y el estigma por parte de la sociedad. Estos tres niveles de violencia tienen efectos sobre la salud mental y sobre la calidad de vida de los individuos y las comunidades expuestos de una manera u otra al conflicto”, dice en su informe.
“Existe una negación por parte del Estado colombiano sobre la existencia de las víctimas desde el momento en el que no reconoce la existencia de un conflicto armado, y se prefiere hablar de la presencia de una emergencia compleja o de una lucha antiterrorista. La ausencia de reconocimiento de un conflicto armado y de sus víctimas, tiene como consecuencia directa la pobre destinación de gasto social para la atención de esta población, lo cual repercute en la ausencia de sistemas de respuesta estatal apropiados y suficientes”, dice la ONG.
Los trastornos
En su trabajo en Caquetá, Médicos sin Fronteras identificó que son cinco los diagnósticos sicológicos más frecuentes en las víctimas del conflicto armado. Para la ONG, es necesario que el Estado se preocupe por la atención de estas personas.
De cada 100 consultas, 19 personas padecían trastorno adaptativo, que se refleja en cambios en los comportamientos y en las emociones de las personas tres meses después de haber sido expuestas a un episodio de violencia.
El 17,55 por ciento de las víctimas buscó a los sicólogos de la ONG porque tenían problemas de relación con los demás y porque habían sido víctimas de abusos físicos, sexuales.
Del total de personas atendidas por Médicos sin Fronteras, el 11,3 por ciento padecía depresión mayor, episodio único. Este se caracteriza “por la presencia durante al menos dos semanas, de como mínimo cinco de los siguientes síntomas: estado de ánimo triste, irritable durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días; disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar interés o placer en las actividades habituales; disminución o aumento del peso o del apetito; dificultades para descansar; lentitud o agitación sicomotriz; sensación de debilidad física; sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa; disminución de la capacidad intelectual; pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas”.
De cada 100 pacientes atendidos por la ONG, nueve recibieron como diagnóstico el duelo. “El duelo normal se inicia ante la muerte de un ser querido, de forma inmediata o al cabo de unos meses. Sus signos y síntomas habituales son: tristeza, recuerdos persistentes de la persona fallecida, llanto fácil, irritabilidad, alteraciones del sueño y dificultad para concentrarse. Normalmente, su duración no es superior a seis meses, pero varía de persona a persona. En algunas ocasiones, un duelo normal puede acabar provocando un trastorno depresivo mayor”.
Y el quinto diagnóstico más frecuente en las consultas de las víctimas es el trastorno del estado de ánimo. El 8,29 por ciento lo padecía.
miércoles, 28 de julio de 2010
Dos niños U'wa, víctimas de mina antipersonal en Tame
Una mina antipersonal mantiene en cuidados intensivos a dos niños del resguardo Laguna Tranquila, perteneciente a la comunidad indígena U'wa, los menores fueron víctimas del artefacto explosivo al caer en un campo minado en la vereda Aguas Claras, zona rural del municipio de Tame.
Por: Marcos Zuluaga | Portal Araucano
Los indígenas corresponden a los nombres de Jeremías Fuentes Parales y su hermano Andelfo Fuentes Parales, quienes se encontraban colaborándole a su padre en labores cotidianas del campo.
Un equipo médico humanitario del Hospital San Antonio de Tame, se dirigió hasta el lugar de los hechos para trasladar a los menores a las instalaciones de un centro asistencial del Sarare, sin embargo requieren de atención especializada debido a las múltiples heridas que recibieron en tórax y cara, producto de las esquirlas del artefacto explosivo, por lo que serán trasladados hasta el Hospital Universitario Erazmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.
La instalación de esta mina antipersonal, se le fue atribuida al Decimo frente de las Farc y con este hecho criminal violan nuevamente el Derecho Internacional Humanitario. Así mismo los organismos del estado condenan este hecho y hacen un llamado a las organizaciones que velan por el respeto de los Derechos Humanos a repudiar el uso de estos métodos de guerra no convencionales.
Por: Marcos Zuluaga | Portal Araucano
Los indígenas corresponden a los nombres de Jeremías Fuentes Parales y su hermano Andelfo Fuentes Parales, quienes se encontraban colaborándole a su padre en labores cotidianas del campo.
Un equipo médico humanitario del Hospital San Antonio de Tame, se dirigió hasta el lugar de los hechos para trasladar a los menores a las instalaciones de un centro asistencial del Sarare, sin embargo requieren de atención especializada debido a las múltiples heridas que recibieron en tórax y cara, producto de las esquirlas del artefacto explosivo, por lo que serán trasladados hasta el Hospital Universitario Erazmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.
La instalación de esta mina antipersonal, se le fue atribuida al Decimo frente de las Farc y con este hecho criminal violan nuevamente el Derecho Internacional Humanitario. Así mismo los organismos del estado condenan este hecho y hacen un llamado a las organizaciones que velan por el respeto de los Derechos Humanos a repudiar el uso de estos métodos de guerra no convencionales.
Un menor de edad resultó muerto y otro herido por el Ejército cuando estaban de cacería en Vista hermosa - Meta
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que los dos menores se encontraban cazando lapas en la vereda La Argentina, cuando fueron atacados por un soldado perteneciente a la Brigada Movil 12. Uno de ellos murió y el otro se encuentra herido.
Por: Caracol Radio
Fuentes del Ejército confirmaron el hecho y explicaron que la situación se presentó producto de una confusión, pues los jóvenes estaban cazando en una zona prohibida para ello y donde se desarrollaban operaciones militares.
La tropa ubicada en el lugar se sorprendió cuando escuchó los disparos de los jóvenes y creyendo que se trataba de un ataque, respondieron al fuego, con el saldo trágico.
La información del Ejército indica que los menores vestían camisetas verdes, estaban armados de escopetas y se encontraban en una zona prohibida.
Por: Caracol Radio
Fuentes del Ejército confirmaron el hecho y explicaron que la situación se presentó producto de una confusión, pues los jóvenes estaban cazando en una zona prohibida para ello y donde se desarrollaban operaciones militares.
La tropa ubicada en el lugar se sorprendió cuando escuchó los disparos de los jóvenes y creyendo que se trataba de un ataque, respondieron al fuego, con el saldo trágico.
La información del Ejército indica que los menores vestían camisetas verdes, estaban armados de escopetas y se encontraban en una zona prohibida.
martes, 27 de julio de 2010
Humanas Colombia: Primer Encuentro Internacional de Mujeres por la R...
Humanas Colombia: Primer Encuentro Internacional de Mujeres por la R...: "Por Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María Comunicado de Prensa Con el objetivo de generar un escenario académico y políti..."
lunes, 26 de julio de 2010
Humanas Colombia: ¿Las mujeres son parte de la construcción de paz e...
Humanas Colombia: ¿Las mujeres son parte de la construcción de paz e...: "A 10 años de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitiera la Resolución 1325, con la que se pretende promover la representac..."
Con 5 mil expedientes empieza a funcionar nueva Unidad contra el Desplazamiento
Con cinco mil expedientes que estaban archivados en la Unidad contra el Secuestro y la Extorsión, empezará a funcionar la nueva Unidad contra el Desplazamiento en la Fiscalía General, en el nuevo Gobierno.
Por: DIXIE XIMENA VELASCO Z, COLPRENSA/ ElUniversal
Esta unidad fue creada con dos fines especiales: el primero tiene que ver con lograr la reparación de las miles de víctimas del desplazamiento forzado, producto del conflicto armado.
En segundo lugar, la nueva unidad busca desempolvar esa cantidad de expedientes que están archivados en la Unidad Contra el Secuestro y la Extorsión, por la congestión de procesos que hay en este tipo de casos.
Lo principal, entonces es empezar a darles rostro a esos cinco mil expedientes y a futuro evitar que muchos casos sigan quedando en la impunidad.
No hay que desconocer que esta unidad también fue creada atendiendo el llamado que la Corte Constitucional le hizo a todas las instituciones del Estado, para que generen acciones coordinadas que permitan avanzar en materia de desplazamiento forzado.
La Corte también señaló que debe garantizarse el goce efectivo de los derechos de la población en esta situación.
25 FISCALES Y 150 INVESTIGADORES
La unidad especial hasta ahora está en su fase inicial, pues se está estableciendo el número de fiscales que la compondrían y determinando los parámetros para su funcionamiento.
Frente a esto, el Director Nacional de Fiscalías, Germán Encizo, dijo que unos 25 fiscales especializados estarían a cargo de esta unidad y cerca de 150 miembros de la Policía Judicial, adscritos a la Policía Nacional, también conformarían el grupo de trabajo. Además, habría 20 fiscales de apoyo en varias seccionales.
Encizo explicó que este grupo de trabajo deberá recibir una capacitación especial sobre el tema, y se hará un empalme sobre los procesos judiciales que empezarán a liderar en torno al desplazamiento.
Según él, esta unidad es punto positivo para la entidad, pues se estaría atacando un punto crítico generado por el conflicto armado.
Más de 10 mil procesos
Esta Unidad se suma a las tareas emprendidas por el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, quien es consciente del delicado problema que genera para el país el desplazamiento forzado y la cantidad de hechos que estaban quedando en la impunidad, bien por la congestión en los despachos de los fiscales o porque escasean los recursos para desarrollar las indagaciones.
Según Mendoza Diago, el volumen de los casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario asignados inicialmente a estas unidades, desbordó su capacidad, pues a diario la Fiscalía recibe denuncias sobre el desplazamiento en busca de una verdad, del reconocimiento de las víctimas y de su misma reparación por vía judicial.
De hecho, esta clase de delitos son el mayor volumen de casos de derechos humanos conocidos por la entidad, pues la pluralidad de los casos fácilmente supera los 10.000 procesos.
A esto se suma la complejidad de este tipo de investigaciones, que requieren la garantía de la no repetición de los hechos.
RECONSTRUIR SITUACIONES
Según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el segundo país en el mundo con mayor población desplazada, apenas superado por Sudán, y según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), hay cerca de 4 millones 600 mil personas en condición de desplazamiento.
“En ocasiones no resulta tan fácil la adopción de una decisión que ponga fin a la actuación y eso tiene repercusión directa en un número importante de estas investigaciones”, agregó Mendoza Diago.
Para el abogado Alirio Uribe, que ha trabajado en casos de crímenes de Estado, la nueva Unidad del Desplazamiento será muy importante dentro de este tema: “Las cifras del desplazamiento no tienen la mínima relación con el número de sentencias proferidas, pues no hay más de 30. Casi el 10% de la población colombiana está desplazada y hay que luchar en esta unidad por lograr la restitución de las tierras”.
También indicó que los fiscales especializados con los que contará esta nueva unidad deberán hacer una reconstrucción histórica sobre el tema de tierras y profundizar sobre estos casos para saber qué paso con esas propiedades.
A su criterio, el tema de tierras debería ser el punto central de esta unidad, si de investigación y reparación a víctimas se trata.
TRATAMIENTO CON “PINZAS”
Para el integrante de la Organización Viva la Ciudadanía, dedicado a los temas del desplazamiento, Gabriel Bustamante, la nueva unidad de la Fiscalía es bienvenida, porque hacía mucha falta para proteger los derechos de las víctimas de este delito.
Advirtió que la impunidad es “demasiado alta” y que la Fiscalía se ha quedado corta en judicializar estos procesos que son “tan complejos”.
Dijo que el buen funcionamiento de la unidad depende de dos cosas: una tiene que ver con que el nuevo Gobierno asigne recursos suficientes para atender las dimensiones de esta investigación y el otro con crear políticas claras y pertinentes para atender casos de la dimensión del desplazamiento forzado.
Bustamante también fue claro en señalar que al tema del desplazamiento hay que darle toda la atención, porque es un delito que tiene consigo otros delitos conexos que afectan a hombres, mujeres, niños y niñas.
Como ejemplo, mencionó un auto de la Corte Constitucional emitido en 2008, que ordenó a las autoridades judiciales atender a las mujeres desplazadas víctimas de abusos sexuales, para decir que “eso no se ha cumplido”, dijo Bustamante.
Al igual que el abogado Uribe, otro de los temas que él califica como olvidados es el de restitución de tierras, pues esta clase de procesos no tienen asidero jurídico pese a que el Gobierno ha registrado un desalojo de 6 millones de hectáreas en el país en los últimos 10 años.
Por: DIXIE XIMENA VELASCO Z, COLPRENSA/ ElUniversal
Esta unidad fue creada con dos fines especiales: el primero tiene que ver con lograr la reparación de las miles de víctimas del desplazamiento forzado, producto del conflicto armado.
En segundo lugar, la nueva unidad busca desempolvar esa cantidad de expedientes que están archivados en la Unidad Contra el Secuestro y la Extorsión, por la congestión de procesos que hay en este tipo de casos.
Lo principal, entonces es empezar a darles rostro a esos cinco mil expedientes y a futuro evitar que muchos casos sigan quedando en la impunidad.
No hay que desconocer que esta unidad también fue creada atendiendo el llamado que la Corte Constitucional le hizo a todas las instituciones del Estado, para que generen acciones coordinadas que permitan avanzar en materia de desplazamiento forzado.
La Corte también señaló que debe garantizarse el goce efectivo de los derechos de la población en esta situación.
25 FISCALES Y 150 INVESTIGADORES
La unidad especial hasta ahora está en su fase inicial, pues se está estableciendo el número de fiscales que la compondrían y determinando los parámetros para su funcionamiento.
Frente a esto, el Director Nacional de Fiscalías, Germán Encizo, dijo que unos 25 fiscales especializados estarían a cargo de esta unidad y cerca de 150 miembros de la Policía Judicial, adscritos a la Policía Nacional, también conformarían el grupo de trabajo. Además, habría 20 fiscales de apoyo en varias seccionales.
Encizo explicó que este grupo de trabajo deberá recibir una capacitación especial sobre el tema, y se hará un empalme sobre los procesos judiciales que empezarán a liderar en torno al desplazamiento.
Según él, esta unidad es punto positivo para la entidad, pues se estaría atacando un punto crítico generado por el conflicto armado.
Más de 10 mil procesos
Esta Unidad se suma a las tareas emprendidas por el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, quien es consciente del delicado problema que genera para el país el desplazamiento forzado y la cantidad de hechos que estaban quedando en la impunidad, bien por la congestión en los despachos de los fiscales o porque escasean los recursos para desarrollar las indagaciones.
Según Mendoza Diago, el volumen de los casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario asignados inicialmente a estas unidades, desbordó su capacidad, pues a diario la Fiscalía recibe denuncias sobre el desplazamiento en busca de una verdad, del reconocimiento de las víctimas y de su misma reparación por vía judicial.
De hecho, esta clase de delitos son el mayor volumen de casos de derechos humanos conocidos por la entidad, pues la pluralidad de los casos fácilmente supera los 10.000 procesos.
A esto se suma la complejidad de este tipo de investigaciones, que requieren la garantía de la no repetición de los hechos.
RECONSTRUIR SITUACIONES
Según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el segundo país en el mundo con mayor población desplazada, apenas superado por Sudán, y según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), hay cerca de 4 millones 600 mil personas en condición de desplazamiento.
“En ocasiones no resulta tan fácil la adopción de una decisión que ponga fin a la actuación y eso tiene repercusión directa en un número importante de estas investigaciones”, agregó Mendoza Diago.
Para el abogado Alirio Uribe, que ha trabajado en casos de crímenes de Estado, la nueva Unidad del Desplazamiento será muy importante dentro de este tema: “Las cifras del desplazamiento no tienen la mínima relación con el número de sentencias proferidas, pues no hay más de 30. Casi el 10% de la población colombiana está desplazada y hay que luchar en esta unidad por lograr la restitución de las tierras”.
También indicó que los fiscales especializados con los que contará esta nueva unidad deberán hacer una reconstrucción histórica sobre el tema de tierras y profundizar sobre estos casos para saber qué paso con esas propiedades.
A su criterio, el tema de tierras debería ser el punto central de esta unidad, si de investigación y reparación a víctimas se trata.
TRATAMIENTO CON “PINZAS”
Para el integrante de la Organización Viva la Ciudadanía, dedicado a los temas del desplazamiento, Gabriel Bustamante, la nueva unidad de la Fiscalía es bienvenida, porque hacía mucha falta para proteger los derechos de las víctimas de este delito.
Advirtió que la impunidad es “demasiado alta” y que la Fiscalía se ha quedado corta en judicializar estos procesos que son “tan complejos”.
Dijo que el buen funcionamiento de la unidad depende de dos cosas: una tiene que ver con que el nuevo Gobierno asigne recursos suficientes para atender las dimensiones de esta investigación y el otro con crear políticas claras y pertinentes para atender casos de la dimensión del desplazamiento forzado.
Bustamante también fue claro en señalar que al tema del desplazamiento hay que darle toda la atención, porque es un delito que tiene consigo otros delitos conexos que afectan a hombres, mujeres, niños y niñas.
Como ejemplo, mencionó un auto de la Corte Constitucional emitido en 2008, que ordenó a las autoridades judiciales atender a las mujeres desplazadas víctimas de abusos sexuales, para decir que “eso no se ha cumplido”, dijo Bustamante.
Al igual que el abogado Uribe, otro de los temas que él califica como olvidados es el de restitución de tierras, pues esta clase de procesos no tienen asidero jurídico pese a que el Gobierno ha registrado un desalojo de 6 millones de hectáreas en el país en los últimos 10 años.
Nariño: "juntas hacemos más"
Día a día nos sorprenden las noticias espeluznantes, donde el dolor, la angustia y la desesperación de unos se revierte sobre otros, generando un círculo vicioso que no deja sino un mar de sinsabores e historias que se repiten, y acrecientan la violencia en nuestra sociedad, pero es justo en esos espacios donde aparecen mujeres decididas y resueltas a romper esa secuencia, personas que tiene el coraje de hacer nuevas propuestas para facilitar la construcción de una nueva comunidad, de un nuevo amanecer para quienes la falta de oportunidades no les ha permitido visualizar un futuro promisorio y se rinden sin intentar salir de la oscuridad, porque no conocen sus derechos como ciudadanos.
Publicado por: Voces de Nariño/ Julio 21 de 2010
Esta es una historia conocida y que demuestra que son pocos quienes asumen el rol de ciudadanos, porque, al parecer, sólo es posible recordarlo cuando la necesidad agobia, más no hay una acción preventiva porque se evade la posibilidad de estar en los zapatos del otro, del afectado.
Pero, hay quienes rompen la indiferencia, quienes no esperan que sucedan las catástrofes para replantear su accionar y comienzan a convocar, a despertar a la sociedad civil y a crear redes que interactúen y en su expansión puedan incidir en las políticas de su Estado.
En ese despertar de la indiferencia, hoy, después de varios contactos por internet organizaciones como “Red Nacional de Mujeres” de Colombia y “Foro de la Mujer” de Ecuador han encontrado situaciones comunes y a través de su gestión han conseguido el apoyo de la Comunidad Andina, CAN, (antiguo Grupo Andino del cual son miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), para realizar encuentros que les permita identificar la realidad de determinadas regiones del país, con problemáticas muy puntuales que involucren especialmente a las mujeres.
Estas dos organizaciones pretenden “analizar la situación de conflicto en la frontera y los efectos en la vida de las mujeres para proponer una agenda de incidencia en las políticas públicas ante los gobiernos de la región andina”, por ello en mesas de trabajo realizadas a mediados del mes de junio, conocieron historias de vida que reflejan la urgencia en generar solidaridad no sólo entre los habitantes de los países vecinos, sino también entre sus gobiernos, porque de esa hermandad depende las soluciones que se den a uno de los sectores más vulnerables de la población: las mujeres de esta región, las migrantes colombianas que van al Ecuador (Esmeraldas, Pichincha, Carchi y Sucumbíos) en busca de empleo y que, en menos de un año, han aumentado la cifra de desplazamiento de un 45% a un 60%.
Por ello, Hilda María Salas, representante de la Fundaciones: Acción por la Equidad y Esperanza del Ecuador, considera fundamental construir una “red de mujeres, binacional fronterizas, para elaborar y fortalecer perfiles de proyectos integradores”, en pro de mejorar las condiciones de esta área. Considera urgente hacer conocer y capacitar a la población sobre sus derechos, como de igual manera es prioritario lograr convenios binacionales que faciliten, a los menos favorecidos, el acceso a la salud y a la educación.
Ahora, si bien es cierto que el problema no surge del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, esto sí agrava la situación, pues no se han centrado en analizar las causantes y las medidas a tomar para evitar el agudizamiento de problemas como el desplazamiento forzado, la trata de blancas y el incremento delicuencial, consecuencias inmediatas de la expansión y a la vez, erradicación de cultivos ilícitos, paramilitarismo e insurgencia armada.
En ese orden de ideas, Gloria Tobón, especialista en Género y Derechos Humanos, y delegada de la Red Nacional de Mujeres, coincide con los lineamientos de las fundaciones ecuatorianas presentes en el foro y ratifica el propósito de “generar espacios de alianza, que Colombia y Ecuador recuperen la vecindad y nosotras, como sociedad civil, esforzamos para promover el diálogo y la resolución pacífica”, ella, preocupada por el desplazamiento, considera muy particular el contexto del Departamento de Nariño, pues es un expulsor como también un receptor de desplazados y el incremento de desplazados de las zonas rurales es alarmantes, mientras el país la cifra asciende al 22%, en Nariño el desplazamiento se elevó al 52%, más del doble del promedio nacional, anual.
En consecuencia, esta no debería ser una tarea sólo de las organizaciones o movimientos sociales que claman por la equidad, éste debería ser el compromiso de toda la sociedad, que muchas veces apunta a intereses particulares y olvida que la acción solidaria y colectiva es la que permite la construcción de estrategias en beneficio de quienes sufren, n únicamente por el olvido del Estado, sino por la falta de previsión e interacción de las instituciones que no son veladas por la comunidad respondiendo así tan sólo a exigencias funcionales de la administración pública y no a las necesidades de la comunidad.
Publicado por: Voces de Nariño/ Julio 21 de 2010
Esta es una historia conocida y que demuestra que son pocos quienes asumen el rol de ciudadanos, porque, al parecer, sólo es posible recordarlo cuando la necesidad agobia, más no hay una acción preventiva porque se evade la posibilidad de estar en los zapatos del otro, del afectado.
Pero, hay quienes rompen la indiferencia, quienes no esperan que sucedan las catástrofes para replantear su accionar y comienzan a convocar, a despertar a la sociedad civil y a crear redes que interactúen y en su expansión puedan incidir en las políticas de su Estado.
En ese despertar de la indiferencia, hoy, después de varios contactos por internet organizaciones como “Red Nacional de Mujeres” de Colombia y “Foro de la Mujer” de Ecuador han encontrado situaciones comunes y a través de su gestión han conseguido el apoyo de la Comunidad Andina, CAN, (antiguo Grupo Andino del cual son miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), para realizar encuentros que les permita identificar la realidad de determinadas regiones del país, con problemáticas muy puntuales que involucren especialmente a las mujeres.
Estas dos organizaciones pretenden “analizar la situación de conflicto en la frontera y los efectos en la vida de las mujeres para proponer una agenda de incidencia en las políticas públicas ante los gobiernos de la región andina”, por ello en mesas de trabajo realizadas a mediados del mes de junio, conocieron historias de vida que reflejan la urgencia en generar solidaridad no sólo entre los habitantes de los países vecinos, sino también entre sus gobiernos, porque de esa hermandad depende las soluciones que se den a uno de los sectores más vulnerables de la población: las mujeres de esta región, las migrantes colombianas que van al Ecuador (Esmeraldas, Pichincha, Carchi y Sucumbíos) en busca de empleo y que, en menos de un año, han aumentado la cifra de desplazamiento de un 45% a un 60%.
Por ello, Hilda María Salas, representante de la Fundaciones: Acción por la Equidad y Esperanza del Ecuador, considera fundamental construir una “red de mujeres, binacional fronterizas, para elaborar y fortalecer perfiles de proyectos integradores”, en pro de mejorar las condiciones de esta área. Considera urgente hacer conocer y capacitar a la población sobre sus derechos, como de igual manera es prioritario lograr convenios binacionales que faciliten, a los menos favorecidos, el acceso a la salud y a la educación.
Ahora, si bien es cierto que el problema no surge del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, esto sí agrava la situación, pues no se han centrado en analizar las causantes y las medidas a tomar para evitar el agudizamiento de problemas como el desplazamiento forzado, la trata de blancas y el incremento delicuencial, consecuencias inmediatas de la expansión y a la vez, erradicación de cultivos ilícitos, paramilitarismo e insurgencia armada.
En ese orden de ideas, Gloria Tobón, especialista en Género y Derechos Humanos, y delegada de la Red Nacional de Mujeres, coincide con los lineamientos de las fundaciones ecuatorianas presentes en el foro y ratifica el propósito de “generar espacios de alianza, que Colombia y Ecuador recuperen la vecindad y nosotras, como sociedad civil, esforzamos para promover el diálogo y la resolución pacífica”, ella, preocupada por el desplazamiento, considera muy particular el contexto del Departamento de Nariño, pues es un expulsor como también un receptor de desplazados y el incremento de desplazados de las zonas rurales es alarmantes, mientras el país la cifra asciende al 22%, en Nariño el desplazamiento se elevó al 52%, más del doble del promedio nacional, anual.
En consecuencia, esta no debería ser una tarea sólo de las organizaciones o movimientos sociales que claman por la equidad, éste debería ser el compromiso de toda la sociedad, que muchas veces apunta a intereses particulares y olvida que la acción solidaria y colectiva es la que permite la construcción de estrategias en beneficio de quienes sufren, n únicamente por el olvido del Estado, sino por la falta de previsión e interacción de las instituciones que no son veladas por la comunidad respondiendo así tan sólo a exigencias funcionales de la administración pública y no a las necesidades de la comunidad.
Indígenas amenazados por el reclutamiento forzado
Es preocupante la situación de varias comunidades indígenas porque grupos armados reclutan a la fuerza a sus menores de edad, según un reporte de Naciones Unidas. Por temor varias etnias se han desplazado de sus territorios para evitar que se lleven a sus niños a la guerra.
Informe especial de la Fundación Ideas para la Paz / Publicado por: Verdadabierta.com
La situación de las comunidades indígenas continúa agravándose, ahora por el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados en el país, en especial las FARC y el ELN. Frente a este panorama la capacidad de respuesta del Estado ha sido insuficiente. Este es el panorama que muestra un último reporte de Naciones Unidas conocido por la Fundación Ideas para la Paz en el que se alerta sobre la situación de varias etnias amenazadas por el conflicto armado.
Las comunidades asentadas en Chocó, Cauca y Nariño son las más afectadas por el reclutamiento.
En lo corrido de este año ya se han denunciado cuatro casos de reclutamiento de niños indígenas en Huila, Vaupés, Chocó y Guaviare, ratificando las recientes declaraciones de James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, quien manifestó que la situación de de los indígenas no ha sido afrontada con la urgencia que la situación merece.
Según el informe de la ONU, las guerrillas continúan empecinadas en reclutar niños y jóvenes que en algunos casos hacen parte de comunidades indígenas asentadas en diferentes partes del país. Quizás uno de los hechos más graves se evidenció en el Chocó con el hallazgo de un video en el cual el comandante ‘Alejandro’, del Frente Cimarrones del ELN, busca persuadir a un grupos de indígenas para que ingresen a sus filas.
En febrero, el general Jorge Eliécer Suárez, comandante de la XXII Brigada de Selva, denunció que una niña de 13 años siguió en el área de San José de Guaviare a las tropas del Batallón Joaquín París del Ejército Nacional con el fin de entregar información al Frente 44 de las FARC. Ante dicha denuncia el gobernador de Guaviare, Fabián Acevedo, afirmó que en el departamento ha aumentado el reclutamiento de menores de edad, en especial de indígenas.
Situación similar ocurre en Huila donde el Frente 66 de las FARC recorre las escuelas de Aipe, Neiva, Nátaga y Palermo tratando de reclutar a niños entre los 10 y 13 años. Según el general Henry William Torres, comandante de la IX Brigada del Ejército, la ausencia de denuncias de la comunidad ha impedido a las autoridades establecer el número de niños que reclutados a la fuerza.
A dicha afirmación se suma un informe de CODHES que plantea que el reclutamiento de menores ha aumentado en el sur oriente del país como consecuencia a que las FARC están fortaleciendo sus tropas. Según información de cinco representaciones del Consejo Nacional Indígena del Vaupés (CRIVA) en los últimos 9 años han sido reclutados por lo menos 42 menores de edad.
¿Indígenas en peligro de extinción?
Según el último informe de CODHES sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sur oriente colombiano, la situación de riesgo ha aumentado dramáticamente desde 2004. Las comunidades asentadas en Chocó, Cauca y Nariño son las más afectadas por el reclutamiento armado. Entre tanto, existe preocupación porque el 77 por ciento de los indígenas desplazados en el país proviene del Vaupés, departamento en que se concentran 23 pueblos en peligro de desaparecer.
El informe sostiene que en algunos de los 56 pueblos indígenas que se agrupan en la Amazonía colombiana la población es inferior a los 500 habitantes y se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad generado por el desplazamiento forzado, las amenazas o asesinatos de líderes, el reclutamiento de menores y las víctimas de las minas antipersonal, lo cual, concluye el informe, podría conducir a su desaparición física y cultural.
En agosto de 2009, un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, titulado "Niños indígenas en el internado de Bocas de Yi", una comunidad muy afectada por el reclutamiento forzado, indicó que durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento forzado ha sido el reclutamiento forzado de niños indígenas por grupos armados ilegales. "En 2008, unas 500 familias huyeron de sus hogares, la mayoría porque sus hijos estaban a punto de ser reclutados por grupos ilegales”, asegura el informe.
De igual forma, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, considera que entre 450 y 500 niños indígenas han sido forzados a unirse a grupos armados ilegales, sin que estos casos se hayan podido denunciar. Según el Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas Onic - Cecoin, durante el 2009 sólo fueron denunciados cuatro casos de reclutamiento forzado por el pueblo Embera en Antioquia. En este caso, la denuncia realizada señaló a miembros del Ejército.
La situación de los AWA
Desde 2004 la situación de riesgo para los pueblos indígenas ha aumentado dramáticamente como resultado de la expansión del conflicto armado a dichos territorios. Incluso ese mismo año, James Anaya, Relator para la ONU de los pueblos indígena, durante su visita a Colombia calificó como “grave, critica y profundamente preocupante la situación de los pueblos indígenas en Colombia”, al tiempo que pidió a las FARC respeto por la vida de los aborígenes y el fin del reclutamiento forzado.
El caso más crítico que ocurrió durante el 2009, fue el de los indígenas Awá, en Nariño. Allí se presentaron dos masacres en febrero y agosto que dejaron 30 indígenas asesinados y otros más heridos, entre ellos varios menores de edad.
Según Gabriel Bisbicús, Presidente de la Organización Nacional Indígena del pueblo Awá UNIPA, las muertes de los Awá representa el 50 por ciento de las muertes del total de los pueblos indígenas en Colombia.
Bisbicús señala que las repetidas amenazas de los grupos armados, en especial a los Awá, hace que por presión muchos de sus miembros de vinculen al conflicto. También la falta de oportunidades y acceso a una educación especializada de estos pueblos provoca que algunos indígenas se conviertan en combatientes. Este señalamiento fue reiterado por jóvenes pertenecientes a esta comunidad durante el primer Congreso internacional sobre prevención de reclutamiento por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia realizado en noviembre de 2009.
Adicionalmente, en algunos casos las relaciones sentimentales son un incentivo para el involucramiento de los menores con el ejército o con las guerrillas, esto fue manifestado por el líder de cabildos indígenas del Norte del Cauca durante el Congreso. También se denunció que, en el caso del ejército, cuando se ofrece incentivos económicos a cambio de información, los organismos estatales presionan para que los miembros de los pueblos indígenas se involucren como actores del conflicto.
Fuerzas militares y el pueblo Embera
Según la ONIC, durante el 2009, la utilización de líderes indígenas como traductores con fines propagandísticos por parte de las fuerzas militares ha puesto en riesgo no sólo la estabilidad y seguridad de los pueblos indígenas sino que además es una forma de reclutamiento para los grupos armados. Estos sucesos se han evidenciado principalmente en Chocó, en donde los indígenas Embera han sido los más afectados.
Por otra parte, los Embera también han denunciado que en repetidas ocasiones la banda de ‘Los Rastrojos’ ha atentado contra su pueblo en las orillas del río Baudó. Esto ha generado incluso un desplazamiento masivo desde julio de 2008, según información de ACNUR recopilada en el Boletín de la ONIC de 2009.
Poca efectividad de las instituciones
Los informes de Amnistía Internacional y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, coinciden en afirmar que el conflicto armado afecta de manera desproporcionada a estas comunidades. Si bien se han logrado avances, “la legislación del país, así como las prácticas y políticas del gobierno, no han protegido a los pueblos indígenas de forma efectiva ni han salvaguardado sus libertades fundamentales ni sus derechos humanos”.
Ante este escenario, Naciones Unidas recomienda a los “grupos armados abstenerse de reclutar niñas y niños indígenas en actividades relacionadas con las hostilidades, lo que constituye una grave violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
El reclutamiento es un delito
Durante el primer Congreso Internacional sobre Prevención de reclutamiento por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia, celebrado a finales del año pasado, se insistió la necesidad de una Política de Estado pues el reclutamiento forzado es resultado de un ciclo de violencia producto de la conversión de víctima a victimario.
Por su parte, Beatriz Linares, abogada especialista en derechos de la niñez y la adolescencia y coautora de la Ley Integral de Infancia y Adolescencia, dijo que el 80 por ciento del reclutamiento es voluntario, forzado por el contexto de la zona (la falta de oportunidades sumada a la ubicación estratégica de los grupos insurgentes en las zonas donde los niños están en riesgo) y el 80 por ciento lo abandona de la misma forma en que ingresaron, es decir, voluntariamente.
Para varias de las comunidades indígenas, el reclutamiento es uno de los principales causantes de desplazamiento. En el caso de las comunidades indígenas del Guaviare en los últimos cinco años son 256 los casos de desplazamiento por esta causa, y la gran mayoría son de las comunidades Guayabero y Nukak Makú, según contó Pedro Arenas, alcalde de San José de Guaviare al periódico El Tiempo.
Si bien, el reclutamiento forzado ha sido una herramienta en varios conflictos internos o entre países hasta hoy se está entendiendo que es un delito y apenas empiezan a aparecer las denuncias, sin embargo, el miedo a las represarías y el desconocimiento de cómo hacer las denuncias hace que se pierda el rastro en los casos.
Informe especial de la Fundación Ideas para la Paz / Publicado por: Verdadabierta.com
La situación de las comunidades indígenas continúa agravándose, ahora por el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados en el país, en especial las FARC y el ELN. Frente a este panorama la capacidad de respuesta del Estado ha sido insuficiente. Este es el panorama que muestra un último reporte de Naciones Unidas conocido por la Fundación Ideas para la Paz en el que se alerta sobre la situación de varias etnias amenazadas por el conflicto armado.
Las comunidades asentadas en Chocó, Cauca y Nariño son las más afectadas por el reclutamiento.
En lo corrido de este año ya se han denunciado cuatro casos de reclutamiento de niños indígenas en Huila, Vaupés, Chocó y Guaviare, ratificando las recientes declaraciones de James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, quien manifestó que la situación de de los indígenas no ha sido afrontada con la urgencia que la situación merece.
Según el informe de la ONU, las guerrillas continúan empecinadas en reclutar niños y jóvenes que en algunos casos hacen parte de comunidades indígenas asentadas en diferentes partes del país. Quizás uno de los hechos más graves se evidenció en el Chocó con el hallazgo de un video en el cual el comandante ‘Alejandro’, del Frente Cimarrones del ELN, busca persuadir a un grupos de indígenas para que ingresen a sus filas.
En febrero, el general Jorge Eliécer Suárez, comandante de la XXII Brigada de Selva, denunció que una niña de 13 años siguió en el área de San José de Guaviare a las tropas del Batallón Joaquín París del Ejército Nacional con el fin de entregar información al Frente 44 de las FARC. Ante dicha denuncia el gobernador de Guaviare, Fabián Acevedo, afirmó que en el departamento ha aumentado el reclutamiento de menores de edad, en especial de indígenas.
Situación similar ocurre en Huila donde el Frente 66 de las FARC recorre las escuelas de Aipe, Neiva, Nátaga y Palermo tratando de reclutar a niños entre los 10 y 13 años. Según el general Henry William Torres, comandante de la IX Brigada del Ejército, la ausencia de denuncias de la comunidad ha impedido a las autoridades establecer el número de niños que reclutados a la fuerza.
A dicha afirmación se suma un informe de CODHES que plantea que el reclutamiento de menores ha aumentado en el sur oriente del país como consecuencia a que las FARC están fortaleciendo sus tropas. Según información de cinco representaciones del Consejo Nacional Indígena del Vaupés (CRIVA) en los últimos 9 años han sido reclutados por lo menos 42 menores de edad.
¿Indígenas en peligro de extinción?
Según el último informe de CODHES sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sur oriente colombiano, la situación de riesgo ha aumentado dramáticamente desde 2004. Las comunidades asentadas en Chocó, Cauca y Nariño son las más afectadas por el reclutamiento armado. Entre tanto, existe preocupación porque el 77 por ciento de los indígenas desplazados en el país proviene del Vaupés, departamento en que se concentran 23 pueblos en peligro de desaparecer.
El informe sostiene que en algunos de los 56 pueblos indígenas que se agrupan en la Amazonía colombiana la población es inferior a los 500 habitantes y se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad generado por el desplazamiento forzado, las amenazas o asesinatos de líderes, el reclutamiento de menores y las víctimas de las minas antipersonal, lo cual, concluye el informe, podría conducir a su desaparición física y cultural.
En agosto de 2009, un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, titulado "Niños indígenas en el internado de Bocas de Yi", una comunidad muy afectada por el reclutamiento forzado, indicó que durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento forzado ha sido el reclutamiento forzado de niños indígenas por grupos armados ilegales. "En 2008, unas 500 familias huyeron de sus hogares, la mayoría porque sus hijos estaban a punto de ser reclutados por grupos ilegales”, asegura el informe.
De igual forma, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, considera que entre 450 y 500 niños indígenas han sido forzados a unirse a grupos armados ilegales, sin que estos casos se hayan podido denunciar. Según el Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas Onic - Cecoin, durante el 2009 sólo fueron denunciados cuatro casos de reclutamiento forzado por el pueblo Embera en Antioquia. En este caso, la denuncia realizada señaló a miembros del Ejército.
La situación de los AWA
Desde 2004 la situación de riesgo para los pueblos indígenas ha aumentado dramáticamente como resultado de la expansión del conflicto armado a dichos territorios. Incluso ese mismo año, James Anaya, Relator para la ONU de los pueblos indígena, durante su visita a Colombia calificó como “grave, critica y profundamente preocupante la situación de los pueblos indígenas en Colombia”, al tiempo que pidió a las FARC respeto por la vida de los aborígenes y el fin del reclutamiento forzado.
El caso más crítico que ocurrió durante el 2009, fue el de los indígenas Awá, en Nariño. Allí se presentaron dos masacres en febrero y agosto que dejaron 30 indígenas asesinados y otros más heridos, entre ellos varios menores de edad.
Según Gabriel Bisbicús, Presidente de la Organización Nacional Indígena del pueblo Awá UNIPA, las muertes de los Awá representa el 50 por ciento de las muertes del total de los pueblos indígenas en Colombia.
Bisbicús señala que las repetidas amenazas de los grupos armados, en especial a los Awá, hace que por presión muchos de sus miembros de vinculen al conflicto. También la falta de oportunidades y acceso a una educación especializada de estos pueblos provoca que algunos indígenas se conviertan en combatientes. Este señalamiento fue reiterado por jóvenes pertenecientes a esta comunidad durante el primer Congreso internacional sobre prevención de reclutamiento por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia realizado en noviembre de 2009.
Adicionalmente, en algunos casos las relaciones sentimentales son un incentivo para el involucramiento de los menores con el ejército o con las guerrillas, esto fue manifestado por el líder de cabildos indígenas del Norte del Cauca durante el Congreso. También se denunció que, en el caso del ejército, cuando se ofrece incentivos económicos a cambio de información, los organismos estatales presionan para que los miembros de los pueblos indígenas se involucren como actores del conflicto.
Fuerzas militares y el pueblo Embera
Según la ONIC, durante el 2009, la utilización de líderes indígenas como traductores con fines propagandísticos por parte de las fuerzas militares ha puesto en riesgo no sólo la estabilidad y seguridad de los pueblos indígenas sino que además es una forma de reclutamiento para los grupos armados. Estos sucesos se han evidenciado principalmente en Chocó, en donde los indígenas Embera han sido los más afectados.
Por otra parte, los Embera también han denunciado que en repetidas ocasiones la banda de ‘Los Rastrojos’ ha atentado contra su pueblo en las orillas del río Baudó. Esto ha generado incluso un desplazamiento masivo desde julio de 2008, según información de ACNUR recopilada en el Boletín de la ONIC de 2009.
Poca efectividad de las instituciones
Los informes de Amnistía Internacional y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, coinciden en afirmar que el conflicto armado afecta de manera desproporcionada a estas comunidades. Si bien se han logrado avances, “la legislación del país, así como las prácticas y políticas del gobierno, no han protegido a los pueblos indígenas de forma efectiva ni han salvaguardado sus libertades fundamentales ni sus derechos humanos”.
Ante este escenario, Naciones Unidas recomienda a los “grupos armados abstenerse de reclutar niñas y niños indígenas en actividades relacionadas con las hostilidades, lo que constituye una grave violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
El reclutamiento es un delito
Durante el primer Congreso Internacional sobre Prevención de reclutamiento por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia, celebrado a finales del año pasado, se insistió la necesidad de una Política de Estado pues el reclutamiento forzado es resultado de un ciclo de violencia producto de la conversión de víctima a victimario.
Por su parte, Beatriz Linares, abogada especialista en derechos de la niñez y la adolescencia y coautora de la Ley Integral de Infancia y Adolescencia, dijo que el 80 por ciento del reclutamiento es voluntario, forzado por el contexto de la zona (la falta de oportunidades sumada a la ubicación estratégica de los grupos insurgentes en las zonas donde los niños están en riesgo) y el 80 por ciento lo abandona de la misma forma en que ingresaron, es decir, voluntariamente.
Para varias de las comunidades indígenas, el reclutamiento es uno de los principales causantes de desplazamiento. En el caso de las comunidades indígenas del Guaviare en los últimos cinco años son 256 los casos de desplazamiento por esta causa, y la gran mayoría son de las comunidades Guayabero y Nukak Makú, según contó Pedro Arenas, alcalde de San José de Guaviare al periódico El Tiempo.
Si bien, el reclutamiento forzado ha sido una herramienta en varios conflictos internos o entre países hasta hoy se está entendiendo que es un delito y apenas empiezan a aparecer las denuncias, sin embargo, el miedo a las represarías y el desconocimiento de cómo hacer las denuncias hace que se pierda el rastro en los casos.
viernes, 23 de julio de 2010
Parteras colombianas reclaman reconocimiento legal
La comadrona, una mujer que ayuda a sus iguales a parir, existe en muchas culturas ancestrales. La medicina occidental colombiana casi la borra del mapa, pero un grupo de tenaces cultoras promueven una ley para formalizar a la partera como agente de salud.
Por: IPS Noticias
"Entre 2009 y lo corrido de 2010, no ha muerto ninguna mujer atendida por una integrante de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico", asegura a IPS Liceth Quiñones, de 22 años, quien ejerce el oficio en Buenaventura, principal puerto marítimo colombiano sobre ese océano.
Hija de la hoy sexagenaria matrona Rosmilda Quiñones, Liceth tenía tres años en 1991, cuando la madre fundó la asociación que aún dirige, de acrónimo Asoparupa, y que cuenta con 250 integrantes de los occidentales departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
A los seis años Liceth ya la asistía. "La partería se aprende con oralidad y práctica", explica. A los 13 reconoció que una placenta salía incompleta y supo que era necesario ir de urgencia al hospital.
"Hoy no atendemos a nadie sin control médico previo. Y tenemos claro que cualquier complicación debe ser atendida por el especialista", enfatiza.
Las 1.500 parteras de Colombia, según un censo de 2008 realizado por la Superintendencia de Salud del Valle, no están certificadas ni autorizadas para asistir nacimientos en hospitales.
La capacitación se limita a talleres de primeros auxilios u otros ofrecidos por la Cruz Roja y el Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ellas superan las lejanías selváticas del Valle y del Chocó, donde el transporte es casi siempre fluvial y abundan problemas como crecidas de ríos y culebras, "trasladándonos a horas insólitas, con todo el compromiso y la certeza de que nadie subsiste económicamente con este trabajo", asegura Quiñones.
Ella se gana la vida con un centro de medicina alternativa que acoge a profesionales en bioenergética y otras técnicas, y donde pone en práctica lo aprendido en enfermería profesional, carrera que no concluyó por falta de recursos, cambiándola después por la de auxiliar de enfermería.
Quiñones también suma conocimientos que adquirió en México, y con parteras de Brasil, además de contactos y aprendizajes con matronas de otros rincones del mundo.
Estas mujeres están convencidas de la efectividad de los partos naturales, pero no rechazan la medicina oficial. Los médicos "no nos aceptan en sus hospitales, pero nosotras los acogemos a ellos", asegura.
Un camino para formalizar la partería en la atención obstétrica es una ley de parteras que regule el ejercicio profesional. El proyecto fue aprobado por el Senado en 2009, y debería ingresar en la agenda de la nueva legislatura que se instalará el 20 de julio.
La propuesta fue presentada por la médica vallecaucana Dilian Francisca Toro, senadora por el derechista y gobernante Partido Social de Unidad Nacional.
"El trabajo real, el de base (por esa ley), corresponde a doña Rosmilda, a Liceth, al mío y al de muchas mujeres", dijo a IPS la partera bogotana Alejandra Montes, graduada en derecho y ciencias políticas y en filosofía, y estudiante de auxiliar de enfermería.
Montes fundó en 2008 la no gubernamental Artemisa - Asociación de Parteras Urbanas, tras permanecer siete años en distintas regiones colombianas con población negra e indígena.
"Compartí con ellas lo que a su vez aprendieron de las migrantes europeas, porque nuestras nativas parían solas, con la única ayuda de sus compañeros", según Montes.
Pero el oficio de comadrona existe en varias culturas indígenas latinoamericanas, así como en las africanas y europeas.
Según el Ministerio de la Protección Social, la mortalidad materna colombiana se ubica en 75 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. En Estados Unidos esa tasa es de 13,3 por cada 100.000, según cifras de 2006, pero viene decayendo del 6,6 registrado en 1987. Aunque el retroceso se vincula a la crisis del sistema de salud de ese país, las parteras también están allí marginadas de la atención obstétrica institucional.
"En Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá… se permite y se necesita de las parteras en los nacimientos bajo óptimas condiciones", enfatiza Montes.
En Argentina y Uruguay, es una profesional universitaria integrada al equipo obstétrico de cualquier hospital.
Buscando develar las razones de la partería, Montes se fue a vivir varios meses en Buenaventura para "observarlas y aprender" como docente e investigadora universitaria.
Ella señala que "70 por ciento de los nacimientos con partera son totalmente sanos".
Mientras, "el 30 por ciento restante presenta dificultades connaturales al parto mismo" que, detectadas a tiempo, se derivan al especialista médico correspondiente. "Cada vez logramos mayor control", afirma Quiñones.
Se trata de un proceso integral que debe iniciarse el primer mes de embarazo y prolongarse después del nacimiento.
Pero en las ciudades, la partería se ve como algo "peligroso, sucio", se alimenta el prejuicio de que "es brujería, o de que solo sirve en ausencia de médicos", agrega Quiñones.
Sin embargo, si la ley se aprueba, las empresas que gestionan los servicios médicos facultadas por el Estado, aprovecharán la partería porque "tienen la infraestructura montada y representará ingresos", opina.
Un camino intermedio entre las parteras tradicionales y la atención hospitalaria es explorado en Bogotá por la privada Fundación Procrear, del médico Mauricio Espinosa.
Allí se ofrecen partos en el agua, con apoyo de una partera y bajo la atenta y respetuosa mirada de Espinosa.
"Es cómodo, tibio, con una inmensa sensación de libertad", dice Carolina Zuluaga, recordando el nacimiento de su hijo Federico, dos años y medio atrás.
"Juan, mi esposo, me ayudó a pujar, cortó el cordón umbilical, y guardamos la placenta ocho meses para luego devolvérsela al universo en agradecimiento por nuestro niño", relata Zuluaga
Por: IPS Noticias
"Entre 2009 y lo corrido de 2010, no ha muerto ninguna mujer atendida por una integrante de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico", asegura a IPS Liceth Quiñones, de 22 años, quien ejerce el oficio en Buenaventura, principal puerto marítimo colombiano sobre ese océano.
Hija de la hoy sexagenaria matrona Rosmilda Quiñones, Liceth tenía tres años en 1991, cuando la madre fundó la asociación que aún dirige, de acrónimo Asoparupa, y que cuenta con 250 integrantes de los occidentales departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
A los seis años Liceth ya la asistía. "La partería se aprende con oralidad y práctica", explica. A los 13 reconoció que una placenta salía incompleta y supo que era necesario ir de urgencia al hospital.
"Hoy no atendemos a nadie sin control médico previo. Y tenemos claro que cualquier complicación debe ser atendida por el especialista", enfatiza.
Las 1.500 parteras de Colombia, según un censo de 2008 realizado por la Superintendencia de Salud del Valle, no están certificadas ni autorizadas para asistir nacimientos en hospitales.
La capacitación se limita a talleres de primeros auxilios u otros ofrecidos por la Cruz Roja y el Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ellas superan las lejanías selváticas del Valle y del Chocó, donde el transporte es casi siempre fluvial y abundan problemas como crecidas de ríos y culebras, "trasladándonos a horas insólitas, con todo el compromiso y la certeza de que nadie subsiste económicamente con este trabajo", asegura Quiñones.
Ella se gana la vida con un centro de medicina alternativa que acoge a profesionales en bioenergética y otras técnicas, y donde pone en práctica lo aprendido en enfermería profesional, carrera que no concluyó por falta de recursos, cambiándola después por la de auxiliar de enfermería.
Quiñones también suma conocimientos que adquirió en México, y con parteras de Brasil, además de contactos y aprendizajes con matronas de otros rincones del mundo.
Estas mujeres están convencidas de la efectividad de los partos naturales, pero no rechazan la medicina oficial. Los médicos "no nos aceptan en sus hospitales, pero nosotras los acogemos a ellos", asegura.
Un camino para formalizar la partería en la atención obstétrica es una ley de parteras que regule el ejercicio profesional. El proyecto fue aprobado por el Senado en 2009, y debería ingresar en la agenda de la nueva legislatura que se instalará el 20 de julio.
La propuesta fue presentada por la médica vallecaucana Dilian Francisca Toro, senadora por el derechista y gobernante Partido Social de Unidad Nacional.
"El trabajo real, el de base (por esa ley), corresponde a doña Rosmilda, a Liceth, al mío y al de muchas mujeres", dijo a IPS la partera bogotana Alejandra Montes, graduada en derecho y ciencias políticas y en filosofía, y estudiante de auxiliar de enfermería.
Montes fundó en 2008 la no gubernamental Artemisa - Asociación de Parteras Urbanas, tras permanecer siete años en distintas regiones colombianas con población negra e indígena.
"Compartí con ellas lo que a su vez aprendieron de las migrantes europeas, porque nuestras nativas parían solas, con la única ayuda de sus compañeros", según Montes.
Pero el oficio de comadrona existe en varias culturas indígenas latinoamericanas, así como en las africanas y europeas.
Según el Ministerio de la Protección Social, la mortalidad materna colombiana se ubica en 75 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. En Estados Unidos esa tasa es de 13,3 por cada 100.000, según cifras de 2006, pero viene decayendo del 6,6 registrado en 1987. Aunque el retroceso se vincula a la crisis del sistema de salud de ese país, las parteras también están allí marginadas de la atención obstétrica institucional.
"En Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá… se permite y se necesita de las parteras en los nacimientos bajo óptimas condiciones", enfatiza Montes.
En Argentina y Uruguay, es una profesional universitaria integrada al equipo obstétrico de cualquier hospital.
Buscando develar las razones de la partería, Montes se fue a vivir varios meses en Buenaventura para "observarlas y aprender" como docente e investigadora universitaria.
Ella señala que "70 por ciento de los nacimientos con partera son totalmente sanos".
Mientras, "el 30 por ciento restante presenta dificultades connaturales al parto mismo" que, detectadas a tiempo, se derivan al especialista médico correspondiente. "Cada vez logramos mayor control", afirma Quiñones.
Se trata de un proceso integral que debe iniciarse el primer mes de embarazo y prolongarse después del nacimiento.
Pero en las ciudades, la partería se ve como algo "peligroso, sucio", se alimenta el prejuicio de que "es brujería, o de que solo sirve en ausencia de médicos", agrega Quiñones.
Sin embargo, si la ley se aprueba, las empresas que gestionan los servicios médicos facultadas por el Estado, aprovecharán la partería porque "tienen la infraestructura montada y representará ingresos", opina.
Un camino intermedio entre las parteras tradicionales y la atención hospitalaria es explorado en Bogotá por la privada Fundación Procrear, del médico Mauricio Espinosa.
Allí se ofrecen partos en el agua, con apoyo de una partera y bajo la atenta y respetuosa mirada de Espinosa.
"Es cómodo, tibio, con una inmensa sensación de libertad", dice Carolina Zuluaga, recordando el nacimiento de su hijo Federico, dos años y medio atrás.
"Juan, mi esposo, me ayudó a pujar, cortó el cordón umbilical, y guardamos la placenta ocho meses para luego devolvérsela al universo en agradecimiento por nuestro niño", relata Zuluaga
Tribunal Internacional sobre la Infancia señala que persisten los crímenes de Lesa Humanidad contra la niñez colombiana
El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza de la Mission Diplomatica Internacional Humanitaria RWANDA 1994, a través de su Presidente Internacional, el argentino Sergio Tapia y Fiscal Internacional de Derechos Humanos del tribunal internacional de conciencia, denuncia que en Colombia el dia de su Bicentenario, continua la impunidad en Colombia sobre los crímenes de Lesa humanidad sobre la Infancia afectada por el conflicto armado.
Por: Enredando / Agencia Popular de Noticias
La situación de los Derechos Humanos en Colombia es, sin duda, la peor de América Latina. “Las ejecuciones extra-judiciales, la tortura, las desapariciones, destacándose la población infantil que siguió siendo víctima del conflicto armado, en especial por el reclutamiento forzado de niños y niñas, el desplazamiento, homicidios, masacres, torturas, minas antipersonal y las consecuencias de las infracciones al derecho humanitario en contra de sus familias y comunidades, en un pais de 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres, ocupando el primer lugar en población sometida bajo la pobreza de Latinoamerica.”
Los grupos paramilitares son los responsables del asesinato, de la mutilación de niños y menores en Colombia, hay que preguntarse cuantos niños muertos, masacrados y reclutados esconden los jefes paramilitares detenidos en sus declaraciones…
Nosotros sospechamos que el 10 % de las victimas del paramilitarismo son infantes, las organizaciones de la sociedad civil colombiana, hablan de 60.000 victimas de los paramilitares, entonces serian mas de los 2500 niños y menores masacrados que los jefes paramilitares han declarado…?
Desde casos de violencia sexual perpetrados por todas las partes del conflicto, especialmente contra las niñas, hasta la ocupación de bienes civiles, como casas privadas, escuelas y puestos de salud, pasando por la utilización de niños y niñas en actividades de inteligencia, el reclutamiento, el desplazamiento y adolescentes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“En lo urbano las bandas armadas reclutan menores todo el tiempo y lo que hay que preguntarse es quién está detrás de todo esto, a quiénes pertenecen y para quién trabajan estos grupos. La violencia contra la infancia en Colombia es muy alta, los grupos armados trabajan con ellos, a la vez que el conflicto social se profundizó y cada vez la idea de estar en la violencia como una vida de dinero y poder obtenido de manera fácil está más fortalecida. Vos te encontras con un niño de seis años que hace trabajos de inteligencia en los barrios o transporta armas.
Sumado al rearme de los grupos paramilitares que reclutan menores, responsables del asesinato de mas de 3000 niños y menores colombianos, deberan ser llevados ante la Corte Penal Internacional, y acompañar los procesos de verdad y justicia de la sociedad colombiana, mi mision como fiscal internacional de derechos humanos es si no puedo detener los crimenes contra la humanidad, al menos hay que denunciarlos para que no se cometan en silencio...
También observamos con enorme preocupación la creciente vinculación de niños, niñas y jóvenes a grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares y bandas de narcotráfico.
Un genocidio silencioso, que hoy se profundiza por la crisis humanitaria, y que evidencia la exclusión social, el apartheid racista y el olvido que ha sufrido la infancia colombiana por parte de los actores del conflicto armado
Finalmente, como Tribunal Internacional de Conciencia en defensa de la Infancia, llamamos a la comunidad internacional a denunciar estos Crimenes de Lesa Humanidad contra la Infancia Colombiana, y llevar a los responsables paramilitares ante la Corte Penal Internacional, bajo el cargo de culpables de Crimenes contra la Humanidad y Genocidio contra la infancia, sentencia el Fiscal Internacional del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, el argentino Sergio Tapia.
Por: Enredando / Agencia Popular de Noticias
La situación de los Derechos Humanos en Colombia es, sin duda, la peor de América Latina. “Las ejecuciones extra-judiciales, la tortura, las desapariciones, destacándose la población infantil que siguió siendo víctima del conflicto armado, en especial por el reclutamiento forzado de niños y niñas, el desplazamiento, homicidios, masacres, torturas, minas antipersonal y las consecuencias de las infracciones al derecho humanitario en contra de sus familias y comunidades, en un pais de 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres, ocupando el primer lugar en población sometida bajo la pobreza de Latinoamerica.”
Los grupos paramilitares son los responsables del asesinato, de la mutilación de niños y menores en Colombia, hay que preguntarse cuantos niños muertos, masacrados y reclutados esconden los jefes paramilitares detenidos en sus declaraciones…
Nosotros sospechamos que el 10 % de las victimas del paramilitarismo son infantes, las organizaciones de la sociedad civil colombiana, hablan de 60.000 victimas de los paramilitares, entonces serian mas de los 2500 niños y menores masacrados que los jefes paramilitares han declarado…?
Desde casos de violencia sexual perpetrados por todas las partes del conflicto, especialmente contra las niñas, hasta la ocupación de bienes civiles, como casas privadas, escuelas y puestos de salud, pasando por la utilización de niños y niñas en actividades de inteligencia, el reclutamiento, el desplazamiento y adolescentes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“En lo urbano las bandas armadas reclutan menores todo el tiempo y lo que hay que preguntarse es quién está detrás de todo esto, a quiénes pertenecen y para quién trabajan estos grupos. La violencia contra la infancia en Colombia es muy alta, los grupos armados trabajan con ellos, a la vez que el conflicto social se profundizó y cada vez la idea de estar en la violencia como una vida de dinero y poder obtenido de manera fácil está más fortalecida. Vos te encontras con un niño de seis años que hace trabajos de inteligencia en los barrios o transporta armas.
Sumado al rearme de los grupos paramilitares que reclutan menores, responsables del asesinato de mas de 3000 niños y menores colombianos, deberan ser llevados ante la Corte Penal Internacional, y acompañar los procesos de verdad y justicia de la sociedad colombiana, mi mision como fiscal internacional de derechos humanos es si no puedo detener los crimenes contra la humanidad, al menos hay que denunciarlos para que no se cometan en silencio...
También observamos con enorme preocupación la creciente vinculación de niños, niñas y jóvenes a grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares y bandas de narcotráfico.
Un genocidio silencioso, que hoy se profundiza por la crisis humanitaria, y que evidencia la exclusión social, el apartheid racista y el olvido que ha sufrido la infancia colombiana por parte de los actores del conflicto armado
Finalmente, como Tribunal Internacional de Conciencia en defensa de la Infancia, llamamos a la comunidad internacional a denunciar estos Crimenes de Lesa Humanidad contra la Infancia Colombiana, y llevar a los responsables paramilitares ante la Corte Penal Internacional, bajo el cargo de culpables de Crimenes contra la Humanidad y Genocidio contra la infancia, sentencia el Fiscal Internacional del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, el argentino Sergio Tapia.
jueves, 22 de julio de 2010
Niñez sin camuflaje: serie radial de Medios para la Paz
Niñez sin Camuflaje es el nombre del producto radiofónico fruto del proyecto Periodismo responsable frente a la vinculación y desvinculación de niños y niñas del conflicto armado colombiano,desarrollado por Medios para la Paz, en asocio con la Fundación Colombia Multicolor, durante los últimos tres años.
La serie radial, resultado de un trabajo colectivo que contó con la participación de periodistas de ocho regiones del país, logra dar una mirada a la problemática del reclutamiento infantil, en el marco de la promoción de los derechos de la infancia colombiana.
La serie radial está compuesta por 60 piezas, 48 de las cuales son testimoniales y otras 12 restantes en las que se proyectan las causalidades, se elaboran análisis certeros y se intentan diagramar las consecuencias y las acciones para prevenir un flajelo que afecta a uno de los segmentos poblacionales más vulnerables en la dinámica del conflicto armado: la niñez y la juventud.
Escuche a continuación algunas de las piezas producidas:
jueves, 15 de julio de 2010
La violación de todos los de la infancia en el conflicto armado
El 20 de mayo fue entregado el reporte anual por el Secretario General al Consejo de Seguridad en el tema de niñez y conflictos armados. En éste reporte se reconoce que hay información incompleta, pero a la vez se considera un gran avance en la recopilación de datos con respecto a investigaciones cuantitativas anteriores. En este sentido importa destacar la advertencia que señala sobre la dificultad persistente en la determinación exacta de las repercusiones de los conflictos armados sobre la infancia, recalcando que en el mundo cerca de 1.000 millones de niños y niñas menores de 18 años viven en países afectados por conflictos armados, y que en el 2006, 18.1 millones de niños y niñas vivían en condiciones de desplazamiento*.
Por: Corporación Viva la Ciudadanía / Bárbara González Medina / Asesora jurídico política. Junio 02 de 2010.
Indica que en el conflicto armado los niños y niñas son blanco de violaciones a sus derechos, causándoles la muerte y lesiones físicas y mentales, presentándose en ese marco de conflicto que los menores víctimas no puedan crecer con las necesidades emocionales y materiales satisfechas, viviendo rupturas de su vida social, el quebrantamiento de las instituciones, la tensión al interior de sus comunidades, el derrumbe de la autoridad política y legal, la eliminación de los servicios básicos y de la protección social. En definitiva una serie de situaciones que afectan para el resto de sus vidas.
Estos menores son víctimas de ataques indiscriminados, muchos mueren, mientras otros son víctimas de delitos de violencia sexual, de enfermedades, de hambre y desnutrición, o de la explotación como combatientes.
Cualquiera que sea su victimización, estos niños, niñas y adolescentes víctimas de conflictos armados tienen más posibilidades de ser pobres, de encontrarse en estado de desnutrición, de estar con mala salud y de no acudir a las escuelas, frente a los niños y niñas que no padecen este flagelo. Y en la mayoría de los casos les implica el tener que trabajar para menguar las dificultades que afrontan sus familias, induciéndolos a vivir en la calles, a dejar de estudiar, realizar trabajos sexuales y otras actividades que atentan contra su protección y cuidado.
El Secretario General de las Naciones Unidas en el 2005 a través de un informe periódico sobre los niños y los conflictos armados, señaló seis graves violaciones contra la infancia:
- Matar o mutilar a los niños y niñas: constituye acciones cuya consecuencia sea la muerte o graves lesiones físicas como cicatrices, mutilaciones, entre otras.
- Reclutar a niños, niñas y jóvenes como soldados por fuerzas armadas y grupos armados: se entiende por reclutamiento “la conscripción o alistamiento obligatorio, forzado o voluntario de niños en cualquier tipo de fuerzas armadas o grupos armados organizados”** Estos menores en muchos casos son amenazados si tratan de huir, en otros casos se enfrentan a obstáculos para llevar a cabo una transición de la vida militar a la civil.
- Atacar hospitales y escuelas: acabar total o parcialmente estas instalaciones u ocuparlas, dañando las propiedades y afectando a los trabajadores sanitarios. Según los informes uno de los países más afectados por ataques contra la educación es Colombia.
-Violencia sexual: es utilizada como táctica de guerra, siendo grave la impunidad de los perpetradores de estos delitos, afectando principalmente a las niñas y a las mujeres jóvenes que al quedar sus familias en lamentables condiciones de pobreza acceden a la explotación sexual.
-Secuestrar a los niños y niñas: el secuestro temporal o permanente puede tener como fin el reclutamiento, la explotación sexual, el trabajo forzado, la toma de rehenes, adoctrinamiento y la entrega de información. En este delito Colombia es un país del que se cita casos conforme al informe más reciente del Secretario General de las Naciones Unidas.
- Denegar el acceso humanitario: es una grave preocupación en materia de protección, consiste en el bloqueo del tránsito y distribución libre y oportuna de asistencia humanitaria a la población afectada. En el informe del 2007 el Secretario General sobre los niños y los conflictos armados indicó que en países como Colombia presentan restricciones al acceso humanitario. Siendo preocupante al aumento de amenazas y actos violentos contra los trabajadores humanitarios***.
Otras violaciones durante y después de los conflictos que se señalan son:
- La tortura y otras formas de malos tratos.
- Desaparición forzada de los niños y niñas después de su secuestro o detención, específicamente en Colombia La Watchlist on Children and Armed Conflict señaló que desde finales de 1990 hasta los primeros años de esta década los grupos paramilitares cometieron este delito contra niños y niñas.
- Detención administrativa, el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos en el 2007 mostró su preocupación en el caso colombiano ante la detención de niños por medio de un proceso administrativo no garante de un juicio justo.
- Desplazamiento forzado, que aumenta los riesgos de los menores a otras violaciones, sometidos a situaciones de pobreza y precariedad, dificultando el acceso a derechos como la educación y la salud.
- Explotación y abusos sexuales, los niños son vulnerables a la violencia por motivo de género, además que las condiciones de pobreza y supervivencia para las niñas las lleva a verse sometidas a explotación sexual y prostitución forzada, entre otros.
- Trabajo peligroso, ocurre cuando los actores armados ilegales buscan fuentes de ingresos usando a los niños para que realicen actividades peligrosas que los pone en situación de riesgo, siendo las peores formas de trabajo infantil la trata, la esclavitud, la servidumbre por deudas, reclutamiento forzoso, la prostitución, la pornografía, producción y tráfico de drogas****.
En el caso colombiano y específicamente frente al Desplazamiento forzado, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008 (que se refiere a la Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T – 025 de 2004) reconoce a los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, como sujetos de protección constitucional imperativa y obligatoria, conforme a la Constitución Política de 1991, artículo 44 que dispone los derechos fundamentales de los niños, el artículo 45 superior que consagra el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes, más lo pertinente a las obligaciones internacionales sobre protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En este Auto se indica que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado son menores de edad. Una alta cifra que se explica por la misma dinámica del conflicto armado colombiano, en el que las víctimas sobrevivientes son mayoritariamente mujeres y niños. Pero también se explica por los riesgos especiales en los que se encuentran los niños y niñas, convirtiéndolos fácilmente en víctimas de crímenes contra su vida e integridad física, reclutamiento forzado, de minas antipersonal, de comercios ilícitos, violencia sexual sobre todo en las niñas y adolescentes, entre otros.
También indica la Corte que los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento son afectados diferencialmente del conjunto de la población desplazada, de riesgos graves como maltrato, violencia, explotación, la trata, la mendicidad, comercio ilícito, pandillas; problemas de desnutrición y hambre; problemas de salud; problemas en la educación; problemas en la recreación; problemas en la participación y organización; problemas en el ejercicio de sus derechos como víctimas. En todo esto es precaria la respuesta del Estado, presentándose una mayor afectación en la etapa de emergencia del desplazamiento forzado; en la primera infancia; en la adolescencia; en las niñas y adolescentes; en los niños, niñas, adolescentes de grupos étnicos; y en los menores con discapacidad.
Con base en lo anterior, es necesario como lo indican las Naciones Unidas y la Corte Constitucional, abordar el conflicto armado desde un enfoque diferencial.
Pero también es preciso reconocer que hay mucho por hacer contra la impunidad histórica, jurídica y social que rodea al conflicto armado colombiano en el que se violan todos los derechos de la infancia.
NOTAS
*UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 19.
**UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 21
***UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 18 – 24
****UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 24 – 26.v
Por: Corporación Viva la Ciudadanía / Bárbara González Medina / Asesora jurídico política. Junio 02 de 2010.
Indica que en el conflicto armado los niños y niñas son blanco de violaciones a sus derechos, causándoles la muerte y lesiones físicas y mentales, presentándose en ese marco de conflicto que los menores víctimas no puedan crecer con las necesidades emocionales y materiales satisfechas, viviendo rupturas de su vida social, el quebrantamiento de las instituciones, la tensión al interior de sus comunidades, el derrumbe de la autoridad política y legal, la eliminación de los servicios básicos y de la protección social. En definitiva una serie de situaciones que afectan para el resto de sus vidas.
Estos menores son víctimas de ataques indiscriminados, muchos mueren, mientras otros son víctimas de delitos de violencia sexual, de enfermedades, de hambre y desnutrición, o de la explotación como combatientes.
Cualquiera que sea su victimización, estos niños, niñas y adolescentes víctimas de conflictos armados tienen más posibilidades de ser pobres, de encontrarse en estado de desnutrición, de estar con mala salud y de no acudir a las escuelas, frente a los niños y niñas que no padecen este flagelo. Y en la mayoría de los casos les implica el tener que trabajar para menguar las dificultades que afrontan sus familias, induciéndolos a vivir en la calles, a dejar de estudiar, realizar trabajos sexuales y otras actividades que atentan contra su protección y cuidado.
El Secretario General de las Naciones Unidas en el 2005 a través de un informe periódico sobre los niños y los conflictos armados, señaló seis graves violaciones contra la infancia:
- Matar o mutilar a los niños y niñas: constituye acciones cuya consecuencia sea la muerte o graves lesiones físicas como cicatrices, mutilaciones, entre otras.
- Reclutar a niños, niñas y jóvenes como soldados por fuerzas armadas y grupos armados: se entiende por reclutamiento “la conscripción o alistamiento obligatorio, forzado o voluntario de niños en cualquier tipo de fuerzas armadas o grupos armados organizados”** Estos menores en muchos casos son amenazados si tratan de huir, en otros casos se enfrentan a obstáculos para llevar a cabo una transición de la vida militar a la civil.
- Atacar hospitales y escuelas: acabar total o parcialmente estas instalaciones u ocuparlas, dañando las propiedades y afectando a los trabajadores sanitarios. Según los informes uno de los países más afectados por ataques contra la educación es Colombia.
-Violencia sexual: es utilizada como táctica de guerra, siendo grave la impunidad de los perpetradores de estos delitos, afectando principalmente a las niñas y a las mujeres jóvenes que al quedar sus familias en lamentables condiciones de pobreza acceden a la explotación sexual.
-Secuestrar a los niños y niñas: el secuestro temporal o permanente puede tener como fin el reclutamiento, la explotación sexual, el trabajo forzado, la toma de rehenes, adoctrinamiento y la entrega de información. En este delito Colombia es un país del que se cita casos conforme al informe más reciente del Secretario General de las Naciones Unidas.
- Denegar el acceso humanitario: es una grave preocupación en materia de protección, consiste en el bloqueo del tránsito y distribución libre y oportuna de asistencia humanitaria a la población afectada. En el informe del 2007 el Secretario General sobre los niños y los conflictos armados indicó que en países como Colombia presentan restricciones al acceso humanitario. Siendo preocupante al aumento de amenazas y actos violentos contra los trabajadores humanitarios***.
Otras violaciones durante y después de los conflictos que se señalan son:
- La tortura y otras formas de malos tratos.
- Desaparición forzada de los niños y niñas después de su secuestro o detención, específicamente en Colombia La Watchlist on Children and Armed Conflict señaló que desde finales de 1990 hasta los primeros años de esta década los grupos paramilitares cometieron este delito contra niños y niñas.
- Detención administrativa, el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos en el 2007 mostró su preocupación en el caso colombiano ante la detención de niños por medio de un proceso administrativo no garante de un juicio justo.
- Desplazamiento forzado, que aumenta los riesgos de los menores a otras violaciones, sometidos a situaciones de pobreza y precariedad, dificultando el acceso a derechos como la educación y la salud.
- Explotación y abusos sexuales, los niños son vulnerables a la violencia por motivo de género, además que las condiciones de pobreza y supervivencia para las niñas las lleva a verse sometidas a explotación sexual y prostitución forzada, entre otros.
- Trabajo peligroso, ocurre cuando los actores armados ilegales buscan fuentes de ingresos usando a los niños para que realicen actividades peligrosas que los pone en situación de riesgo, siendo las peores formas de trabajo infantil la trata, la esclavitud, la servidumbre por deudas, reclutamiento forzoso, la prostitución, la pornografía, producción y tráfico de drogas****.
En el caso colombiano y específicamente frente al Desplazamiento forzado, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008 (que se refiere a la Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T – 025 de 2004) reconoce a los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, como sujetos de protección constitucional imperativa y obligatoria, conforme a la Constitución Política de 1991, artículo 44 que dispone los derechos fundamentales de los niños, el artículo 45 superior que consagra el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes, más lo pertinente a las obligaciones internacionales sobre protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En este Auto se indica que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado son menores de edad. Una alta cifra que se explica por la misma dinámica del conflicto armado colombiano, en el que las víctimas sobrevivientes son mayoritariamente mujeres y niños. Pero también se explica por los riesgos especiales en los que se encuentran los niños y niñas, convirtiéndolos fácilmente en víctimas de crímenes contra su vida e integridad física, reclutamiento forzado, de minas antipersonal, de comercios ilícitos, violencia sexual sobre todo en las niñas y adolescentes, entre otros.
También indica la Corte que los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento son afectados diferencialmente del conjunto de la población desplazada, de riesgos graves como maltrato, violencia, explotación, la trata, la mendicidad, comercio ilícito, pandillas; problemas de desnutrición y hambre; problemas de salud; problemas en la educación; problemas en la recreación; problemas en la participación y organización; problemas en el ejercicio de sus derechos como víctimas. En todo esto es precaria la respuesta del Estado, presentándose una mayor afectación en la etapa de emergencia del desplazamiento forzado; en la primera infancia; en la adolescencia; en las niñas y adolescentes; en los niños, niñas, adolescentes de grupos étnicos; y en los menores con discapacidad.
Con base en lo anterior, es necesario como lo indican las Naciones Unidas y la Corte Constitucional, abordar el conflicto armado desde un enfoque diferencial.
Pero también es preciso reconocer que hay mucho por hacer contra la impunidad histórica, jurídica y social que rodea al conflicto armado colombiano en el que se violan todos los derechos de la infancia.
NOTAS
*UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 19.
**UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 21
***UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 18 – 24
****UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 24 – 26.v
Niñas: “botín de guerra” de los grupos armados
En Colombia hay 1.015 investigaciones por el delito de reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado, pero solo se han dictado dos sentencias para castigarlo. Así lo manifestaron las Naciones Unidas frente al Comité de Derechos del Niño, al evidenciar su preocupación por la necesidad de dar cumplimiento al “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”.
Por: elmercuriodigital.es
En una columna de opinión publicada en el diario El Espectador, Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, recordó que el Comité le solicitó al gobierno nacional asumir como “alertas tempranas” los “informes de riesgo” que emite la Defensoría del Pueblo sobre posibles casos de reclutamiento de niños y desplazamiento forzado.
Según el autor, frente a la problemática el Comité señala tres factores de riesgo dentro el conflicto armado que no es reconocido por el gobierno: la violencia sexual, especialmente contra las niñas y por ambos actores del conflicto, las ejecuciones extrajudiciales y el continuo ataque contra los defensores de los derechos humanos.
Así mismo, Gallón hace referencia al proceso de desmovilización de los 31.000 paramilitares, entre los cuales se encuentran 400 niños víctimas del reclutamiento, y advierte que apenas se cuentan 92 imputaciones contra el delito. Agrega que tampoco se registra condena alguna frente a las 1.137 confesiones de los desmovilizados, lo que para el autor es una apología de la impunidad.
Niñas: “botín de guerra” de los grupos armados
“El cuerpo de las niñas es el botín de guerra”. Así resumió Sandra Vargas, líder de la organización Casa Amazónica, la grave situación que viven las niñas víctimas del conflicto armado en el departamento del Putumayo, en el marco del Foro: Niñas afectadas por el conflicto armado, acciones y desafíos, celebrado en Bogotá.
Durante el encuentro, convocado por varias organizaciones en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Laura Melissa Gómez, coordinadora de protección de la corporación Save The Children, dijo que “aunque no hay cifras exactas del número de niñas en situación de reclutamiento, un tercio de la niñez reclutada son niñas y la edad de vinculación es, en su mayoría, entre los 15 y los 18 años”.
Anaya precisó además que “las niñas son reclutadas porque son un arma de guerra, por los patrones culturales y porque la distinción de género las hace más vulnerables”.
*Con información de Cindy Sánchez/Agencia PANDI y Gustavo Gallón Giraldo/El Espectador
Por: elmercuriodigital.es
En una columna de opinión publicada en el diario El Espectador, Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, recordó que el Comité le solicitó al gobierno nacional asumir como “alertas tempranas” los “informes de riesgo” que emite la Defensoría del Pueblo sobre posibles casos de reclutamiento de niños y desplazamiento forzado.
Según el autor, frente a la problemática el Comité señala tres factores de riesgo dentro el conflicto armado que no es reconocido por el gobierno: la violencia sexual, especialmente contra las niñas y por ambos actores del conflicto, las ejecuciones extrajudiciales y el continuo ataque contra los defensores de los derechos humanos.
Así mismo, Gallón hace referencia al proceso de desmovilización de los 31.000 paramilitares, entre los cuales se encuentran 400 niños víctimas del reclutamiento, y advierte que apenas se cuentan 92 imputaciones contra el delito. Agrega que tampoco se registra condena alguna frente a las 1.137 confesiones de los desmovilizados, lo que para el autor es una apología de la impunidad.
Niñas: “botín de guerra” de los grupos armados
“El cuerpo de las niñas es el botín de guerra”. Así resumió Sandra Vargas, líder de la organización Casa Amazónica, la grave situación que viven las niñas víctimas del conflicto armado en el departamento del Putumayo, en el marco del Foro: Niñas afectadas por el conflicto armado, acciones y desafíos, celebrado en Bogotá.
Durante el encuentro, convocado por varias organizaciones en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Laura Melissa Gómez, coordinadora de protección de la corporación Save The Children, dijo que “aunque no hay cifras exactas del número de niñas en situación de reclutamiento, un tercio de la niñez reclutada son niñas y la edad de vinculación es, en su mayoría, entre los 15 y los 18 años”.
Anaya precisó además que “las niñas son reclutadas porque son un arma de guerra, por los patrones culturales y porque la distinción de género las hace más vulnerables”.
*Con información de Cindy Sánchez/Agencia PANDI y Gustavo Gallón Giraldo/El Espectador
Conflicto armado agrava salud mental en Caquetá
Un informe de Médicos Sin Fronteras revela cómo, por la guerra en ese departamento, crece número de personas con problemas mentales.
Por: El Espectador.com
Los afectados por el conflicto armado que se vive en Colombia son tres veces víctimas: de la violencia directa y sus factores de riesgo que generan múltiples secuelas sociales y personales; de la violencia cultural que se manifiesta a través del silencio y la estigmatización que vuelve invisible su sufrimiento; y de la violencia estructural porque a su vez son víctimas del abandono estatal y de la inoperancia institucional para atender su situación.
Las conclusiones son de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que entre 2005 y 2009 hizo un estudio de caso sobre el impacto de la guerra en el departamento del Caquetá, en el cual constató que es tal la crisis social que genera el conflicto armado en esta región del país, que el perfil de su salud mental es crítico. Y este diagnóstico bien puede aplicarse a otras zonas de Colombia donde la incidencia de la violencia es normal y cotidiana.
Según fuentes gubernamentales, Caquetá es el departamento con mayor número de desplazados en los últimos meses. Más de 7.600 personas en 2009. Además la tasa anual de homicidios casi dobla la tasa nacional. En el último año fueron asesinas 265 personas. Más de 130 incidentes con minas antipersona o municiones sin explotar, además de otros episodios de amenazas, confinamiento, cultivos ilícitos y presencia de grupos armados, incrementa el difícil panorama.
Médicos Sin Fronteras trabaja en el departamento del Caquetá desde 1999 y cumple actividades específicas de salud mental desde 2005. Con base en su experiencia y el muestreo de 5.064 pacientes atendidos en los últimos cuatro años, hoy llega a la conclusión de que el perfil epidemiológico de las personas tratadas por la organización en Caquetá es típico del de aquellos países que son sometidos a las secuelas de un conflicto armado.
Entre los diagnósticos más frecuentes detectados por MSF están el trastorno adaptativo, expresado en el deterioro significativo de la actividad social o laboral, producto de un clima estresante; problemas de relación o relacionados con el abuso; la depresión, que se manifiesta en dificultades para conciliar el sueño, sentimientos de culpa o pensamientos recurrentes de ideas suicidas; los trastornos del estado de ánimo y el duelo, que llega asociado a la tristeza, la irritabilidad o el recuerdo que agobia.
El informe abunda en desgarradores testimonios. “Cuando quisieron llevarse a mi hija de 13 años, no podía permitirlo y la saqué del pueblo (...) Me amarraron de pies y manos a un árbol (...) Al tercer día, mi mujer pudo ir por mí y me encontró todo picado por las hormigas”. “Sabe doctor, hace varias noches que no duermo, tengo sueños en donde veo las cabezas de mis vecinos. Veo que lloran, que suplican, que piden misericordia”. “Uno trata de explicarles que cuál auxiliador si nadie pide permiso (...) pero nada les vale y dicen que deje todo como está y que hay que irse”.
Un cuadro dramático donde a la violencia directa se suman las presiones ideológicas, como la satanización del contrario o la descalificación lingüística con utilización de términos racistas. Es como si el recuerdo de la zona de distensión creada en los tiempos del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc siguiera manteniendo un estigma sobre un departamento que, paradójicamente sólo cuenta con un servicio estatal de psiquiatría habilitado en un hospital de segundo nivel y pocas camas.
La recomendación del informe de MSF apunta a sugerir que ante la elevada demanda de servicios de salud mental en este departamento, que no es muy distinto a la situación de otras regiones del país donde el conflicto armado es cosa diaria, se necesita implementar servicios especializados de atención y un esfuerzo de la sociedad y el Estado para romper los vínculos entre la violencia directa y aquella que no se ve, pero cultural y estructuralmente está dejando muchas más víctimas.
Por: El Espectador.com
Los afectados por el conflicto armado que se vive en Colombia son tres veces víctimas: de la violencia directa y sus factores de riesgo que generan múltiples secuelas sociales y personales; de la violencia cultural que se manifiesta a través del silencio y la estigmatización que vuelve invisible su sufrimiento; y de la violencia estructural porque a su vez son víctimas del abandono estatal y de la inoperancia institucional para atender su situación.
Las conclusiones son de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que entre 2005 y 2009 hizo un estudio de caso sobre el impacto de la guerra en el departamento del Caquetá, en el cual constató que es tal la crisis social que genera el conflicto armado en esta región del país, que el perfil de su salud mental es crítico. Y este diagnóstico bien puede aplicarse a otras zonas de Colombia donde la incidencia de la violencia es normal y cotidiana.
Según fuentes gubernamentales, Caquetá es el departamento con mayor número de desplazados en los últimos meses. Más de 7.600 personas en 2009. Además la tasa anual de homicidios casi dobla la tasa nacional. En el último año fueron asesinas 265 personas. Más de 130 incidentes con minas antipersona o municiones sin explotar, además de otros episodios de amenazas, confinamiento, cultivos ilícitos y presencia de grupos armados, incrementa el difícil panorama.
Médicos Sin Fronteras trabaja en el departamento del Caquetá desde 1999 y cumple actividades específicas de salud mental desde 2005. Con base en su experiencia y el muestreo de 5.064 pacientes atendidos en los últimos cuatro años, hoy llega a la conclusión de que el perfil epidemiológico de las personas tratadas por la organización en Caquetá es típico del de aquellos países que son sometidos a las secuelas de un conflicto armado.
Entre los diagnósticos más frecuentes detectados por MSF están el trastorno adaptativo, expresado en el deterioro significativo de la actividad social o laboral, producto de un clima estresante; problemas de relación o relacionados con el abuso; la depresión, que se manifiesta en dificultades para conciliar el sueño, sentimientos de culpa o pensamientos recurrentes de ideas suicidas; los trastornos del estado de ánimo y el duelo, que llega asociado a la tristeza, la irritabilidad o el recuerdo que agobia.
El informe abunda en desgarradores testimonios. “Cuando quisieron llevarse a mi hija de 13 años, no podía permitirlo y la saqué del pueblo (...) Me amarraron de pies y manos a un árbol (...) Al tercer día, mi mujer pudo ir por mí y me encontró todo picado por las hormigas”. “Sabe doctor, hace varias noches que no duermo, tengo sueños en donde veo las cabezas de mis vecinos. Veo que lloran, que suplican, que piden misericordia”. “Uno trata de explicarles que cuál auxiliador si nadie pide permiso (...) pero nada les vale y dicen que deje todo como está y que hay que irse”.
Un cuadro dramático donde a la violencia directa se suman las presiones ideológicas, como la satanización del contrario o la descalificación lingüística con utilización de términos racistas. Es como si el recuerdo de la zona de distensión creada en los tiempos del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc siguiera manteniendo un estigma sobre un departamento que, paradójicamente sólo cuenta con un servicio estatal de psiquiatría habilitado en un hospital de segundo nivel y pocas camas.
La recomendación del informe de MSF apunta a sugerir que ante la elevada demanda de servicios de salud mental en este departamento, que no es muy distinto a la situación de otras regiones del país donde el conflicto armado es cosa diaria, se necesita implementar servicios especializados de atención y un esfuerzo de la sociedad y el Estado para romper los vínculos entre la violencia directa y aquella que no se ve, pero cultural y estructuralmente está dejando muchas más víctimas.
Mujeres rurales y acceso a la tierra
Más de 50 mujeres de toda Latinoamérica se reunieron desde el 7 al 9 de julio en el conversatorio La mujer rural: derechos desafíos y perspectivas y compartieron sus experiencias en torno a sus derechos y su situación frente a la propiedad de la tierra.
El evento fue organizado por el CINEP- Programa por la Paz, junto con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (Internacional Land Coalition).
En el evento las mujeres ampliaron su conocimiento sobre los procesos de emancipación desde la pobreza y la marginación que viven las mujeres en las áreas rurales.
Igualmente, durante la jornada de tres días, las participantes aprendieron como elaborar un inventario de instrumentos políticos y técnicos que les permitan erradicar las discriminaciones y ejercer sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales.
Las ponencias
La inauguración del evento se llevó a cabo en la Universidad Javeriana. Luis Guillermo Guerrero, Subdirector CINEP Programa Por la Paz, Josefina Stubbs de FIDA, Annalisa Mauro, Secretaría ILC, Magdalena León de la Universidad Nacional y Gilma Benítez de la Marcha de Mujeres Campesinas fueron los ponentes. Presentaron el contexto de los derechos de las mujeres y su situación frente a la propiedad de la tierra, su papel en la agricultura familiar y la economía en Latinoamérica, y concluyeron que existe una extrema desigualdad e injusticia de género.
En el segundo día del conversatorio, más de 40 mujeres campesinas de Colombia y otros países asistieron a las charlas sobre la promoción de los derechos de las mujeres en el contexto rural en las instalaciones del CINEP-Programa por la Paz.
Patricia Bruyn, funcionaria de GAJAT (grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra de Argentina), resaltó que en su país el derecho más vulnerado es el de acceso a la tierra, entre otras razones, porque no forma parte de la política del gobierno. Además, relató las distintas acciones que su institución ha llevado a cabo a favor de la consolidación de ese derecho.
Lea Montes, de la organización nicaragüense NITLAPAN, destacó que “las políticas de tierra son responsabilidad del Estado, no de las organizaciones sociales” y recalcó que “aunque muchas mujeres han accedido a la tierra, después la han perdido o vendido. Esto pasa porque muchas veces ellas tienen problemas de otra índole que les impiden trabajar de manera adecuada sus tierras. Por eso también es necesario identificar esos contratiempos y ayudarlas a resolverlos”.
Claudia Erazo, funcionaria de la Corporación Jurídica Yira Castro, explicó el caso de 19 familias de Chiboló que en el año 1992 fueron desplazadas por el paramilitarismo y que, irónicamente, cuando regresaron a su tierra, encontraron que los propietarios eran del mismo grupo que años atrás los había sacado de su hogar.
Erazo destacó la labor de la comunidad de Chimboló que decidió unir fuerzas y poner una acción de tutela para que las tierras les fueran devueltas, lo que les ha permitido, hasta el momento, poder habitar en ellas.
Experiencias
La participación de mujeres de toda Latinoamérica hizo que se compartieran experiencias muy disímiles pero que, al final, no resultaron tan distantes. Por ejemplo, Dorina Hernández, de la comunidad de San Basilio de Palenque, describió el proyecto de los “cuadros”, unos grupos que se forman espontáneamente, pero cobran cuotas y se reúnen de manera periódica. Al momento de una emergencia como enfermedad o muerte, los cuadros ofrecen apoyo a sus miembros, cubriendo gastos de medicina y servicios fúnebres, entre otros.
Por su parte, Olga Zapana Alania, del Perú, narró su proceso en el grupo de mujeres ahorristas del Proyecto Sierra Sur. “Al principio nuestros esposos no querían que ahorráramos, ‘les van a robar’ nos decían, pero ahora ya no. Tenemos nuestros propios ahorros en cuentas bancarias y los sacamos cuando tenemos necesidad de hacerlo”.
Encuentre el video y las memorias del evento en el sito web del CINEP
El evento fue organizado por el CINEP- Programa por la Paz, junto con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (Internacional Land Coalition).
En el evento las mujeres ampliaron su conocimiento sobre los procesos de emancipación desde la pobreza y la marginación que viven las mujeres en las áreas rurales.
Igualmente, durante la jornada de tres días, las participantes aprendieron como elaborar un inventario de instrumentos políticos y técnicos que les permitan erradicar las discriminaciones y ejercer sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales.
Las ponencias
La inauguración del evento se llevó a cabo en la Universidad Javeriana. Luis Guillermo Guerrero, Subdirector CINEP Programa Por la Paz, Josefina Stubbs de FIDA, Annalisa Mauro, Secretaría ILC, Magdalena León de la Universidad Nacional y Gilma Benítez de la Marcha de Mujeres Campesinas fueron los ponentes. Presentaron el contexto de los derechos de las mujeres y su situación frente a la propiedad de la tierra, su papel en la agricultura familiar y la economía en Latinoamérica, y concluyeron que existe una extrema desigualdad e injusticia de género.
En el segundo día del conversatorio, más de 40 mujeres campesinas de Colombia y otros países asistieron a las charlas sobre la promoción de los derechos de las mujeres en el contexto rural en las instalaciones del CINEP-Programa por la Paz.
Patricia Bruyn, funcionaria de GAJAT (grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra de Argentina), resaltó que en su país el derecho más vulnerado es el de acceso a la tierra, entre otras razones, porque no forma parte de la política del gobierno. Además, relató las distintas acciones que su institución ha llevado a cabo a favor de la consolidación de ese derecho.
Lea Montes, de la organización nicaragüense NITLAPAN, destacó que “las políticas de tierra son responsabilidad del Estado, no de las organizaciones sociales” y recalcó que “aunque muchas mujeres han accedido a la tierra, después la han perdido o vendido. Esto pasa porque muchas veces ellas tienen problemas de otra índole que les impiden trabajar de manera adecuada sus tierras. Por eso también es necesario identificar esos contratiempos y ayudarlas a resolverlos”.
Claudia Erazo, funcionaria de la Corporación Jurídica Yira Castro, explicó el caso de 19 familias de Chiboló que en el año 1992 fueron desplazadas por el paramilitarismo y que, irónicamente, cuando regresaron a su tierra, encontraron que los propietarios eran del mismo grupo que años atrás los había sacado de su hogar.
Erazo destacó la labor de la comunidad de Chimboló que decidió unir fuerzas y poner una acción de tutela para que las tierras les fueran devueltas, lo que les ha permitido, hasta el momento, poder habitar en ellas.
Experiencias
La participación de mujeres de toda Latinoamérica hizo que se compartieran experiencias muy disímiles pero que, al final, no resultaron tan distantes. Por ejemplo, Dorina Hernández, de la comunidad de San Basilio de Palenque, describió el proyecto de los “cuadros”, unos grupos que se forman espontáneamente, pero cobran cuotas y se reúnen de manera periódica. Al momento de una emergencia como enfermedad o muerte, los cuadros ofrecen apoyo a sus miembros, cubriendo gastos de medicina y servicios fúnebres, entre otros.
Por su parte, Olga Zapana Alania, del Perú, narró su proceso en el grupo de mujeres ahorristas del Proyecto Sierra Sur. “Al principio nuestros esposos no querían que ahorráramos, ‘les van a robar’ nos decían, pero ahora ya no. Tenemos nuestros propios ahorros en cuentas bancarias y los sacamos cuando tenemos necesidad de hacerlo”.
Encuentre el video y las memorias del evento en el sito web del CINEP
miércoles, 14 de julio de 2010
miércoles, 7 de julio de 2010
El drama de los terapeutas que exorcizan los fantasmas del conflicto armado
“Era el líder de una comunidad indígena en Pasto; tenía alrededor de 50 años, alto, moreno, con mucho miedo de contarnos su historia. ‘Fueron los paramilitares’, decía, ‘fueron ellos’. Su relato me marcó”, confiesa la psicóloga de la Defensoría del Pueblo Andrea García mientras escarba en sus memorias. Dice que es el episodio más doloroso que ha escuchado en el tiempo que lleva tratando víctimas de la violencia en Colombia. Le dijo que lo amarraron a un árbol una tarde cualquiera y que lo violaron, una, dos, varias veces, ya no se acuerda cuántas; que no fue capaz de regresar a su tribu, ni ver a los ojos a su esposa o a sus hijas ni contarles que la amenaza de las armas se llevó su hombría. No fue el único.
Por: Daniella Sánchez Russo/ El Espectador.com
Desaparición forzada, violación, desplazamiento y asesinato: casi todos los testimonios versan sobre esos horrores. Cincuenta psicólogos, en 26 regiones del país, casi 30 veces al día, escuchan víctima tras víctima. Los oyen exorcizar sus fantasmas. Y tratan de orientarlos como pueden. Sin plata, sin recursos, hacen lo imposible para cumplir las citas con los psicólogos. Es un escenario privilegiado, quizás el único, para dejar ir a sus demonios. Quién dijo, sin embargo, que los traumas no se los heredan. Tan fuertes son los alcances y la sevicia de la guerra que hasta a los terapeutas —entrenados como ninguno para blindar sus almas— se les cuelan los dolores de las víctimas que tratan y hoy reciben atención psiquiátrica para impedir que la locura se tome sus cabezas.
Pesadillas, enredos familiares y problemas con sus parejas, desequilibrio emocional; súbitos recuerdos de un drama relatado, aislamiento, desgaste mental y laboral y, en esencia, la alienación ajena del espanto. Todos síntomas del llamado Síndrome de Burnout, o del Quemado —“altísimo estrés laboral por la exposición emocional del paciente”, explica un experto—, que poco a poco han ido corroyendo la coraza racional de los psicólogos de la Defensoría del Pueblo. Tanta barbarie narrada empieza a hacerles mella. “Si no somos tratados adecuadamente —dice la psicóloga Andrea García— podríamos caer en distintos vicios”. El alcohol encabeza la lista, claro, pero también las drogas, el exagerado consumo de cigarrillo o incluso sufrir de insomnio y depresión.
“La carga laboral es muy fuerte y es de esperarse que nosotros necesitemos ayuda”, cuenta Wilson Chavarro, psicólogo de la Defensoría del Meta. Y confiesa que quiere dejar su consultorio para dedicarse a escribir los testimonios de la violencia. La presión de su trabajo lo obligó a ser atendido por un colega cada dos meses: “Las pesadillas abundaban, había empezado a sufrir de insomnio, me estaba consumiendo; mi esposa comenzó a preocuparse”. De uno de esos relatos de sangre que le causó tantas vigilias provino el nombre de su primogénito, Lorenzo: “Así se llamaba uno de los 29 hijos de un señor en La Guajira, a todos los había bautizado por un jugador de fútbol”. Lorenzo fue víctima de desaparición forzada. Culpan a las autodefensas. “Lo más duro fue ver al viejo sumergido en una depresión terrible”, dice Chavarro.
Todos los psicólogos de la Defensoría han sufrido síntomas de la enfermedad de Burnout. Así lo documentó un estudio que encargó la Vicepresidencia de la República a la ONG Dos Mundos. “Hemos estado al límite”, cuenta Andrea García, “por eso desarrollamos un programa de intervención y seguimiento psicológico que se complementa con un plan de ejercicio y alimentación”. Se supone que así capotean los peligros de su profesión. El psicólogo Luis Alberto Bonilla es consciente de algunos síntomas: “A veces no puedo dormir, la ansiedad me consume y el cansancio se vuelve extremo. Pueden ser las 10:00 de la mañana de un lunes, después de un domingo de descanso, y yo no hallo la hora de que se termine la semana”.
A Bonilla lo conmovió en demasía la historia de una viuda de un inspector de Policía a punto de pensionarse. Iban a montar un negocio de frutas en Bogotá, pero los ‘paras’ lo mataron en Villavicencio. Ella intentó buscar respuestas, pero sólo consiguió amenazas. Historias así provocan el desvarío. El psicólogo Bonilla cuenta que alguna vez le pidió a una compañera que se retirara del trabajo porque se estaba volviendo demasiado violenta: “La irascibilidad se había apoderado de su genio”.
Con el fin de evitar estados violentos o de locura, a cada psicólogo de las 26 regionales de la Defensoría le han entregado un manual para contrarrestar el impacto de los calamitosos relatos de las víctimas. Pese a que estos profesionales hacen todo cuanto pueden para aislar la ansiedad que carga cada relato, un miedo sigue latente, uno que los pone en el borde entre la razón y la locura. “El miedo más grande es traspasarles esa ansiedad a nuestros hijos”, dice Andrea García. “Temo como nadie que ellos resulten afectados”.
viernes, 2 de julio de 2010
Foro debate sobre atención a las niñas víctimas del conflicto armado
Un panorama sobre la situación de las niñas y mujeres afectadas directa e indirectamente por el conflicto armado, construyeron conjuntamente los panelistas y participantes de este foro.
Por Humanidad Vigente
El foro "Niñas afectadas por el conflicto armado: Acciones y desafíos" se llevó a cabo el pasado 30 de junio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y contó con la participación de cerca de 110 representantes de organizaciones sociales, instituciones del Estado, Agencias de Cooperación y estudiantes que trabajan por y con las niñas víctimas del conflicto en Colombia.
El evento inició a las 8 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde y fue organizado por Humanidad Vigente, tdh Italia, tdh Alemania, Coalico, DNI y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el apoyo de la Unión Europea.
En el primer panel de discusión sobre los efectos del conflicto en la vida de las niñas, las ponentes enriquecieron la temática exponiendo desde diferentes puntos de vista. Sandra Vargas de Casa Amazonía centró su ponencia en las niñas del Putumayo, Angela Estrada de la Universidad de los Andes presentó algunos hallazgos emergentes en sus investigaciones sobre los efectos psicosociales del conflicto en la vida del las niñas y expuso un análisis de las debilidades y fortalezas de la cultura local para el afrontamiento de las dinámicas del conflicto. Finalmente, Laura Gómez de Save the Children mencionó algunas características de las niñas víctimas del conflicto en otros países.
Tras una enriquecedora ronda de preguntas y comentarios del público, el foro continuó con la presentación del estado del arte de la Investigación que se encuentra en construcción sobre niñas y conflicto armado a cargo de Elver Herrera de Humanidad Vigente.
Posteriormente, se formaron las mesas de trabajo que abordaron los siguientes temas: Mesa 1. Salud Integral, Mesa 2. Exigibilidad, Justiciabilidad y Movilización – EJM, Mesa 3.Políticas Públicas y estrategias de cooperación para la atención de niñas víctimas, Mesa 4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales- DESC.
Por una hora y media, los participantes intercambiaron experiencias que permitieran identificar logros, dificultades y retos en las estrategias de atención a las niñas víctimas del conflicto armado en relación a los ejes temáticos planteados en cada mesa.
Por su parte William León de tdh Alemania señaló al final del panel de socialización de las conclusiones de las mesas de trabajo que la acogida del evento y el compromiso de los participantes evidencia la disposición y la importancia de continuar propiciando espacios de dialogo interinstitucionales en favor de las niñas víctimas del conflicto.
Igualmente, Yenly Méndez de Humanidad Vigente, destacó que en las mesas se revela una apertura importante a crear, transformar y evidenciar fortalezas, pero también vacíos y retos en la atención, y prevención de los efectos del conflicto en las niñas.
Una de las grandes conclusiones, común en las 4 mesas de trabajo, es el reto de seguir o ampliar con contundencia y creatividad las estrategias de exigibilidad, a fin de promover que el Estado responda de una manera más efectiva por los derechos de las niñas y los niños.
Por su parte, Camilo Castellanos, director de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes, quién fue el encargo de construir un análisis sobre los desafíos en la atención de las niñas víctimas del conflicto, señaló que "si los niños aparecen invisibilizados en el conflicto, las más invisibles son las niñas. Esto hace que nadie las reivindique, que sólo sean civiles asociadas al conflicto, igualmente, no hay estudios de género y etáreos de las niñas desmovilizadas, quienes quedan a merced de su propia suerte y vulnerables para el tráfico sexual de mujeres, prostitución y otras formas de violencia sexual. De ahí que, debiéramos ponernos como meta que igual que hicieron las clases dominantes con el secuestro, hacer una causa de la sociedad colombiana el reclutamiento de niñas y niños".
Por Humanidad Vigente
El foro "Niñas afectadas por el conflicto armado: Acciones y desafíos" se llevó a cabo el pasado 30 de junio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y contó con la participación de cerca de 110 representantes de organizaciones sociales, instituciones del Estado, Agencias de Cooperación y estudiantes que trabajan por y con las niñas víctimas del conflicto en Colombia.
El evento inició a las 8 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde y fue organizado por Humanidad Vigente, tdh Italia, tdh Alemania, Coalico, DNI y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el apoyo de la Unión Europea.
En el primer panel de discusión sobre los efectos del conflicto en la vida de las niñas, las ponentes enriquecieron la temática exponiendo desde diferentes puntos de vista. Sandra Vargas de Casa Amazonía centró su ponencia en las niñas del Putumayo, Angela Estrada de la Universidad de los Andes presentó algunos hallazgos emergentes en sus investigaciones sobre los efectos psicosociales del conflicto en la vida del las niñas y expuso un análisis de las debilidades y fortalezas de la cultura local para el afrontamiento de las dinámicas del conflicto. Finalmente, Laura Gómez de Save the Children mencionó algunas características de las niñas víctimas del conflicto en otros países.
Tras una enriquecedora ronda de preguntas y comentarios del público, el foro continuó con la presentación del estado del arte de la Investigación que se encuentra en construcción sobre niñas y conflicto armado a cargo de Elver Herrera de Humanidad Vigente.
Posteriormente, se formaron las mesas de trabajo que abordaron los siguientes temas: Mesa 1. Salud Integral, Mesa 2. Exigibilidad, Justiciabilidad y Movilización – EJM, Mesa 3.Políticas Públicas y estrategias de cooperación para la atención de niñas víctimas, Mesa 4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales- DESC.
Por una hora y media, los participantes intercambiaron experiencias que permitieran identificar logros, dificultades y retos en las estrategias de atención a las niñas víctimas del conflicto armado en relación a los ejes temáticos planteados en cada mesa.
Por su parte William León de tdh Alemania señaló al final del panel de socialización de las conclusiones de las mesas de trabajo que la acogida del evento y el compromiso de los participantes evidencia la disposición y la importancia de continuar propiciando espacios de dialogo interinstitucionales en favor de las niñas víctimas del conflicto.
Igualmente, Yenly Méndez de Humanidad Vigente, destacó que en las mesas se revela una apertura importante a crear, transformar y evidenciar fortalezas, pero también vacíos y retos en la atención, y prevención de los efectos del conflicto en las niñas.
Una de las grandes conclusiones, común en las 4 mesas de trabajo, es el reto de seguir o ampliar con contundencia y creatividad las estrategias de exigibilidad, a fin de promover que el Estado responda de una manera más efectiva por los derechos de las niñas y los niños.
Por su parte, Camilo Castellanos, director de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes, quién fue el encargo de construir un análisis sobre los desafíos en la atención de las niñas víctimas del conflicto, señaló que "si los niños aparecen invisibilizados en el conflicto, las más invisibles son las niñas. Esto hace que nadie las reivindique, que sólo sean civiles asociadas al conflicto, igualmente, no hay estudios de género y etáreos de las niñas desmovilizadas, quienes quedan a merced de su propia suerte y vulnerables para el tráfico sexual de mujeres, prostitución y otras formas de violencia sexual. De ahí que, debiéramos ponernos como meta que igual que hicieron las clases dominantes con el secuestro, hacer una causa de la sociedad colombiana el reclutamiento de niñas y niños".
Lineamientos para la atención integral, diferencial y preferencial de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá D.C.
El Grupo de Seguimiento e Incidencia Distrital Mujeres y Desplazamiento, constituido por organizaciones de mujeres víctimas de desplazamiento, organizaciones defensoras de sus derechos y la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual desde diciembre de 2008, con el objetivo de promover e incidir en la administración distrital para el cumplimiento del Auto 092 de 2008, expedido por la Corte Constitucional, propone algunas claves y líneas generales de lo que deberían ser programas específicos para las mujeres víctimas de desplazamiento en Bogotá.
El desplazamiento forzado ha sido reconocido como un delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, en tanto que es cometido contra la población civil de manera sistemática y continuada. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos graves que atentan severamente contra la dignidad humana, al punto de quebrantar la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la especie humana. En Colombia, cerca del 10% de su población ha sido víctima del desplazamiento, y las mujeres representan el mayor porcentaje de víctimas de este delito. Ellas son las despojadas, las desarraigadas, las que se ven obligadas a radicarse en lugares geográficos ajenos a sus costumbres y deseos. (Fragmento de la introducción a los Lineamientos para la atención integral, diferencial y preferencial de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá D.C.)
Para consultar la publicación puede consultar: Lineamientos de atención mujeres víctimas desplazamiento
El desplazamiento forzado ha sido reconocido como un delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, en tanto que es cometido contra la población civil de manera sistemática y continuada. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos graves que atentan severamente contra la dignidad humana, al punto de quebrantar la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la especie humana. En Colombia, cerca del 10% de su población ha sido víctima del desplazamiento, y las mujeres representan el mayor porcentaje de víctimas de este delito. Ellas son las despojadas, las desarraigadas, las que se ven obligadas a radicarse en lugares geográficos ajenos a sus costumbres y deseos. (Fragmento de la introducción a los Lineamientos para la atención integral, diferencial y preferencial de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá D.C.)
Para consultar la publicación puede consultar: Lineamientos de atención mujeres víctimas desplazamiento
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