El número de violaciones y otros ataques sexuales en el este de Congo, cometidos desde julio pasado, asciende a 500, informó Naciones Unidas.
Por CNN México
En declaraciones antes de entregar un reporte al Consejo de Seguridad, el subsecretario general del Mantenimiento de la Paz, Atul Khare, citó 267 violaciones o agresiones sexuales en la ciudad de Uvira, en la frontera oriente del país; mientras que en otras regiones como Kivu del Norte y del Sur hay otras 242 registradas.
Los casos más recientes son 10 mujeres violadas por miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo entre el 17 y 18 de agosto en la comunidad de Katalikulu, en Kivu del Sur.
También está registrado que el 17 de agosto hubo al menos 40 violaciones en el pueblo de Mubi, cometidas por un comando de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y Mari-Mayi.
En el mercado de Pinga Chuho, hubo otras 13, explicó Khare.
El subsecretario contó que tiene un reporte del 26 de agosto de 74 casos de violencia sexual –incluyendo 21 dirigidos contra niñas de 7 y 15 años de edad-, en el pueblo de Miki en el territorio Mwenga.
Cinco días después, 130 violaciones ocurrieron en Shabunda. Khare dijo que se tienen registros de que en una sola villa "todas las mujeres han sido violadas".
Naciones Unidas reportó la semana pasada que 242 personas habían sido violadas por hombres armados en Kivu del Norte en un ataque que duró por lo menos cuatro días.
Los atacantes bloquearon carreteras e impidieron que los aldeanos tuvieran comunicación con el exterior. Muchas casas fueron saqueadas y quemadas y se reportó que la mayoría de las mujeres violadas fue atacada en grupo por seis hombres a la vez, reportó la Misión de Estabilizaciones de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.
"Las mujeres de este país merecen algo mejor", dijo Margot Wallström, una representante especial de la ONU por la violencia sexual en conflictos armados.
"No hay lugar seguro para ellas. Son violadas entre los cultivos, cuando van de camino al mercado, cuando buscan agua y leña, en sus casas, entre sus seres queridos".
Wallström dijo que la violación se está convirtiendo en un arma en la República Democrática del Congo. "La triste realidad es que los casos de violación se han convertido en algo tan común que no son producto de nuestras intervenciones más urgentes".
La activista dijo que se ha identificado que muchos líderes rebeldes están presentes durante los ataques, por lo que pidió que eso sea utilizado como "punto de partida" para llevar a los atacantes ante la justicia.
lunes, 27 de septiembre de 2010
viernes, 24 de septiembre de 2010
Testimonio de ex guerrillera que formó parte del anillo de seguridad del 'Mono Jojoy'
Zenaida, quien hace parte del programa de desmovilización y se entregó hace tres años al Ejército con un secuestrado, aseguró que estar bajo las órdenes del Mono Jojoy era un infierno.
Por: Caracol Radio
“Eso era terrible, cuando a uno le decían que iba a ir el Mono era terrible porque uno no sabía si hicimos algo malo, todos nos asustábamos”, recordó la desmovilizada, quien aseguró que estar con el líder guerrillero era una lucha entre la vida y la muerte.
“La carga que a uno le tocaba echar a la espalda y el peso de soportarlo para no perder la vida cuando uno estaba con él era terrible”, explicó Zenaida, reclutada por la guerrilla cuando tenía 17 años en el Cesar y duró 18 años en la selva.
jueves, 23 de septiembre de 2010
La mujer, víctima de todos los bandos del conflicto colombiano
La violencia sexual contra las mujeres y las niñas es una estrategia de guerra utilizada por todos los bandos del conflicto.
Publicado en Periodismohumano.com
La política de Seguridad Democrática del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez ha marcado ocho años nefastos para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Ni la desmovilización unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia ni la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz en 2005, han cumplido las expectativas de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes sexuales. En Colombia, al igual que en Iraq, Sudán o la República Democrática de Congo la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra, una táctica para destruir al enemigo. Aunque pocos la nombran así, los informes publicados en los últimos seis años sobre la situación de los derechos humanos en el país prueban que todos los actores armados del conflicto son responsables de cometer crímenes sexuales contra mujeres y niñas.
En los últimos cinco años, diversas organizaciones y grupos de mujeres de Colombia han aumentado la presión para que los delitos sexuales sean nombrados como crímenes de lesa humanidad; para que se reconozca que la violencia sexual se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada. Las amenazas contra estas organizaciones, firmadas por sectores de paramilitares no desmovilizados o por nuevos grupos armados desprendidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no se han hecho esperar. Las mujeres y sus luchas se han convertido en objetivo deliberado de la violencia ejercida por los grupos armados.
La reingeniería paramilitar
Llevan por nombre Águilas Negras. Vierten todo tipo de amenazas. No se ocultan. Son hijos de las AUC. La desmovilización colectiva de las Autodefensas se dio por finalizada en 2006 con unos 30.000 efectivos, de los cuales un 6% eran mujeres. De estos, “entre 10% y 15% se reciclan en la vida criminal, como ocurre en general en todos los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración y Reintegración a la vida civil de combatientes de una guerra en el mundo. Esta es una regla universal”, dice Eduardo Pizarro Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), igual ocurrió en Irlanda, El Salvador, Guatemala o Angola. Entre 3.000 y 4.000 paramilitares desmovilizados han regresado a sus actividades delictivas. La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados en el control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.
Para Human Rights Watch(HRW) el efecto es devastador: “Actualmente, estos grupos sucesores tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia (…) Cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales”. HRW los responsabiliza del aumento de desplazamientos forzados: 150.000 por año según publicó recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Otras organizaciones califican el proceso como una reingeniería paramilitar: “Para nadie es un secreto que en las regiones se mantuvieron pequeñas estructuras que permitieron conservar el control territorial, social, económico y político sobre algunas zonas estratégicas, y se reclutaron previamente jóvenes de barrios populares de las principales ciudades”, dice la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
Los grupos paramilitares de nuevo cuño entran en el conflicto colombiano en defensa de los mismos intereses: el control de las rutas y del tráfico de cocaína y de armas y la usurpación del territorio a comunidades indígenas y afrocolombianos fundamentalmente. Pizarro afirma que a día de hoy entre cuatro y cinco millones de hectáreas fueron abandonadas por esas comunidades. El control de la tierra en Colombia responde a varios objetivos como iniciar grandes extensiones de cultivo para exportación (caña, palma de aceite, y otros granos que sirven en la elaboración de biocombustibles), explotar sus recursos naturales (agua, carbón, oro, petróleo, uranio, etc.) y obtener la concesión de jugosos proyectos de vialidad, energía y electrificado contemplados en la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA).
La Unión Europea (UE) y el gobierno de los Estados Unidos han sido directamente advertidos de las graves violaciones a los derechos humanos. Días antes de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia en el mes de mayo, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) pidió la suspensión de las negociaciones porque “queda en evidencia la implicación de miembros del Estado en graves violaciones de derechos humanos (…) Entre ellas la implicación de las Fuerzas de seguridad en asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales y violaciones graves de los derechos humanos contra afrocolombianos e indígenas”.
El feminicidio ignorado
Silencio, miedo, tabú… Todas las palabras para desviar la atención de una realidad no inventada: La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (pdf). Dicen las organizaciones firmantes que las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, entre otras razones porque “esta violencia rara vez consta en los informes de las autopsias”. Genica Mazoldi de la Corporación Opción Legal, señala que los crímenes sexuales se cometen al amparo de la impunidad y que “mientras persista (la impunidad), es muy difícil pensar que las mujeres denunciaran las violencias sexuales como arma de guerra”.
Gloria Tobón de la organización Humanizar y de la Red de Mujeres, destaca que la Ley de Justicia y Paz (aprobada en 2005), ha permitido nombrar en voz alta la violencia sexual y “el miedo ha empezado a correr un poco”. Sin embargo, de las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.
El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados; el último Informe de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (pdf) asegura que existen obstáculos que contribuyen a desestimular la denuncia: “el no reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas; la desconfianza frente a las instituciones estatales; el temor a la estigmatización y la re-victimización; la naturalización de las violencias; el miedo y el silencio; el desconocimiento o la falta de información”. La Procuraduría General de la Nación ha manifestado también su preocupación “sobre la precariedad e insuficiencia en el manejo de la información, y confirma la baja capacidad técnica de las fuentes a nivel departamental”.
El modelo de justicia transicional adoptado por Colombia para permitir un proceso de desmovilización paramilitar y de reconciliación nacional parece haber logrado lo contrario: poner en desventaja a las víctimas frente a sus victimarios. Mientras los paramilitares han tenido acceso a abogados y ayudas económicas para su reinserción, las mujeres no cuentan ni con la información ni con las garantías para adelantar procesos judiciales. Para la psicóloga de la Corporación AVRE, Constanza Acero, se trata de un manejo político de la situación, de “una verdad a medias útil a un gobierno y a una economía”. El precio de la Justicia y la Paz en Colombia son las mujeres: la justicia transicional se está construyendo dejando a un lado cuestiones claves para las mujeres como la seguridad, la visibilidad de los crímenes de violencia sexual y la reparación para sus víctimas.
En las regiones: regreso paramilitar y violencia doméstica
Lo que para la CNRR es un paso histórico, para otros es un proceso lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos (pdf). La desmovilización paramilitar ha normalizado el modus operandi de estos grupos porque ha significado el regreso a las comunidades de los antiguos asesinos. Desde 2007, algunos desmovilizados han rehecho su vida; otros miles han vuelto a las armas. El retorno ha significado para las mujeres que los perpetradores continúen ejerciendo control sobre su vida y su cuerpo. Los testimonios presentados a la CIDH en 2008 hablan de que “los feminicidios (cometidos) por parte de actores armados en Colombia se han incrementado con señales de tortura en los cuerpos de las mujeres”, y dicen “que al regresar los desmovilizados a sus familias se ha incrementado la violencia doméstica en estos hogares”.
En ocasiones, lo que en la capital del país se ignora, en las regiones selváticas es un secreto a voces. En el interior del país la política de Seguridad Democrática tampoco ha frenado los crímenes contra mujeres y menores: el Putumayo es un ejemplo. Se trata de un departamento fronterizo con Ecuador, castigado por la violencia y el abandono de las autoridades, donde las mujeres relatan asesinatos y desapariciones que quedaron en la impunidad. “Mi hija menor de edad fue desaparecida por las AUC. Ocho años llevo cerrando la boca sin poder pedir misericordia ni ayuda a nadie”, esta mujer, que prefiere no revelar su nombre, vive en el municipio La Hormiga, y hace aproximadamente año y medio puso la denuncia por desaparición, si antes no lo hizo fue porque “no nos atrevíamos a hacer nada porque éramos gravemente amenazados”. Hasta la fecha, no ha tenido respuesta.
Gloria Tobón dice que es en las regiones donde se vive la confrontación más dura: “Ahí está la mayoría de las víctimas, los líderes perseguidos y las mujeres cuestionando la guerra”. Es el continuum de la violencia machista y de género producto de la última desmovilización en el país. “En la década de los 90 y ahora las menores están expuestas a los abusos en la casa, en la escuela, en la calle”, afirma Rocío Calvache, psicóloga que ejerce en Puerto Caicedo, Putumayo, quien ha acuñado el término normopatía, para describir la conducta de aparente normalidad que desarrollan las y los colombianos para soportar la violencia y el horror.
La versión libre
Pero la normalización frente al crimen no es patológica sino producto de la impunidad o falta de justicia. Así se explica también el bajo número de denuncias y el continuum de la violencia. Si un crimen no es confesado, es como si no existiera. No hay víctima, no hay por lo tanto justicia. Esta parece ser la lógica que guía la modalidad de versiones libres concedida a los paramilitares que se acogieron a la desmovilización. Es un hecho: en estas confesiones sin interrogatorio ni investigación ellos omiten los delitos de violencia sexual.
La historia reciente de la justicia universal y transicional ha sacado a la luz un perverso mecanismo de defensa de aquellos que son señalados por crímenes de guerra o de lesa humanidad: en el banquillo de los acusados se confiesa cualquier masacre o atrocidad contra la población civil antes que la violación sexual individual o colectiva. Las ausencias en las confesiones de los paramilitares colombianos siguen las mismas pautas que las de sus pares en la ex-Yugoslavia o las audiencias en los tribunales populares de los gacaca de Ruanda.
Son las contradicciones de un crimen que, en un ámbito patriarcal, se anima y no se juzga debidamente. La Ley de Justicia y Paz y las prebendas para los paramilitares confesos, irrespetan la Resolución 1325 de la ONU porque imponen penas irrisorias a los culpables de crímenes de lesa humanidad -tal es el caso de la violencia sexual cometida por algunos paramilitares hoy desmovilizados- entre tres y ocho años de reclusión por confesar voluntariamente sus crímenes.
Hay organizaciones dispuestas a tocar las puertas de la Corte Penal Internacional porque “muchos crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres por parte de los actores armados están pendientes, y las mujeres desde la organizaciones estamos trabajando, es un espacio que tenemos y es muy importante -dice Gloria Tobón de la Red Nacional de Mujeres- Que la violencia sexual sea judicializada, sean castigados los culpables, que la reparación sea efectiva”, concluye.
En la escena internacional se ejerce otro tipo de presión, Oxfam Internacional pide a la Unión Europea tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos en Colombia, “en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado”. La tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y compensar a las víctimas, porque en las regiones no olvidan. Luisa Margarita Gil Olaya, coordinadora de programas de poblaciones afectadas por el conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris dice: “si aquí no reconocemos que hay un fenómeno de víctimas, de violencia que nos ha empobrecido, no podremos construir un proyecto de nación”.
Publicado en Periodismohumano.com
La política de Seguridad Democrática del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez ha marcado ocho años nefastos para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Ni la desmovilización unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia ni la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz en 2005, han cumplido las expectativas de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes sexuales. En Colombia, al igual que en Iraq, Sudán o la República Democrática de Congo la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra, una táctica para destruir al enemigo. Aunque pocos la nombran así, los informes publicados en los últimos seis años sobre la situación de los derechos humanos en el país prueban que todos los actores armados del conflicto son responsables de cometer crímenes sexuales contra mujeres y niñas.
En los últimos cinco años, diversas organizaciones y grupos de mujeres de Colombia han aumentado la presión para que los delitos sexuales sean nombrados como crímenes de lesa humanidad; para que se reconozca que la violencia sexual se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada. Las amenazas contra estas organizaciones, firmadas por sectores de paramilitares no desmovilizados o por nuevos grupos armados desprendidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no se han hecho esperar. Las mujeres y sus luchas se han convertido en objetivo deliberado de la violencia ejercida por los grupos armados.
La reingeniería paramilitar
Llevan por nombre Águilas Negras. Vierten todo tipo de amenazas. No se ocultan. Son hijos de las AUC. La desmovilización colectiva de las Autodefensas se dio por finalizada en 2006 con unos 30.000 efectivos, de los cuales un 6% eran mujeres. De estos, “entre 10% y 15% se reciclan en la vida criminal, como ocurre en general en todos los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración y Reintegración a la vida civil de combatientes de una guerra en el mundo. Esta es una regla universal”, dice Eduardo Pizarro Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), igual ocurrió en Irlanda, El Salvador, Guatemala o Angola. Entre 3.000 y 4.000 paramilitares desmovilizados han regresado a sus actividades delictivas. La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados en el control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.
Para Human Rights Watch(HRW) el efecto es devastador: “Actualmente, estos grupos sucesores tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia (…) Cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales”. HRW los responsabiliza del aumento de desplazamientos forzados: 150.000 por año según publicó recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Otras organizaciones califican el proceso como una reingeniería paramilitar: “Para nadie es un secreto que en las regiones se mantuvieron pequeñas estructuras que permitieron conservar el control territorial, social, económico y político sobre algunas zonas estratégicas, y se reclutaron previamente jóvenes de barrios populares de las principales ciudades”, dice la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
Los grupos paramilitares de nuevo cuño entran en el conflicto colombiano en defensa de los mismos intereses: el control de las rutas y del tráfico de cocaína y de armas y la usurpación del territorio a comunidades indígenas y afrocolombianos fundamentalmente. Pizarro afirma que a día de hoy entre cuatro y cinco millones de hectáreas fueron abandonadas por esas comunidades. El control de la tierra en Colombia responde a varios objetivos como iniciar grandes extensiones de cultivo para exportación (caña, palma de aceite, y otros granos que sirven en la elaboración de biocombustibles), explotar sus recursos naturales (agua, carbón, oro, petróleo, uranio, etc.) y obtener la concesión de jugosos proyectos de vialidad, energía y electrificado contemplados en la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA).
La Unión Europea (UE) y el gobierno de los Estados Unidos han sido directamente advertidos de las graves violaciones a los derechos humanos. Días antes de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia en el mes de mayo, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) pidió la suspensión de las negociaciones porque “queda en evidencia la implicación de miembros del Estado en graves violaciones de derechos humanos (…) Entre ellas la implicación de las Fuerzas de seguridad en asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales y violaciones graves de los derechos humanos contra afrocolombianos e indígenas”.
El feminicidio ignorado
Silencio, miedo, tabú… Todas las palabras para desviar la atención de una realidad no inventada: La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (pdf). Dicen las organizaciones firmantes que las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, entre otras razones porque “esta violencia rara vez consta en los informes de las autopsias”. Genica Mazoldi de la Corporación Opción Legal, señala que los crímenes sexuales se cometen al amparo de la impunidad y que “mientras persista (la impunidad), es muy difícil pensar que las mujeres denunciaran las violencias sexuales como arma de guerra”.
Gloria Tobón de la organización Humanizar y de la Red de Mujeres, destaca que la Ley de Justicia y Paz (aprobada en 2005), ha permitido nombrar en voz alta la violencia sexual y “el miedo ha empezado a correr un poco”. Sin embargo, de las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.
El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados; el último Informe de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (pdf) asegura que existen obstáculos que contribuyen a desestimular la denuncia: “el no reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas; la desconfianza frente a las instituciones estatales; el temor a la estigmatización y la re-victimización; la naturalización de las violencias; el miedo y el silencio; el desconocimiento o la falta de información”. La Procuraduría General de la Nación ha manifestado también su preocupación “sobre la precariedad e insuficiencia en el manejo de la información, y confirma la baja capacidad técnica de las fuentes a nivel departamental”.
El modelo de justicia transicional adoptado por Colombia para permitir un proceso de desmovilización paramilitar y de reconciliación nacional parece haber logrado lo contrario: poner en desventaja a las víctimas frente a sus victimarios. Mientras los paramilitares han tenido acceso a abogados y ayudas económicas para su reinserción, las mujeres no cuentan ni con la información ni con las garantías para adelantar procesos judiciales. Para la psicóloga de la Corporación AVRE, Constanza Acero, se trata de un manejo político de la situación, de “una verdad a medias útil a un gobierno y a una economía”. El precio de la Justicia y la Paz en Colombia son las mujeres: la justicia transicional se está construyendo dejando a un lado cuestiones claves para las mujeres como la seguridad, la visibilidad de los crímenes de violencia sexual y la reparación para sus víctimas.
En las regiones: regreso paramilitar y violencia doméstica
Lo que para la CNRR es un paso histórico, para otros es un proceso lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos (pdf). La desmovilización paramilitar ha normalizado el modus operandi de estos grupos porque ha significado el regreso a las comunidades de los antiguos asesinos. Desde 2007, algunos desmovilizados han rehecho su vida; otros miles han vuelto a las armas. El retorno ha significado para las mujeres que los perpetradores continúen ejerciendo control sobre su vida y su cuerpo. Los testimonios presentados a la CIDH en 2008 hablan de que “los feminicidios (cometidos) por parte de actores armados en Colombia se han incrementado con señales de tortura en los cuerpos de las mujeres”, y dicen “que al regresar los desmovilizados a sus familias se ha incrementado la violencia doméstica en estos hogares”.
En ocasiones, lo que en la capital del país se ignora, en las regiones selváticas es un secreto a voces. En el interior del país la política de Seguridad Democrática tampoco ha frenado los crímenes contra mujeres y menores: el Putumayo es un ejemplo. Se trata de un departamento fronterizo con Ecuador, castigado por la violencia y el abandono de las autoridades, donde las mujeres relatan asesinatos y desapariciones que quedaron en la impunidad. “Mi hija menor de edad fue desaparecida por las AUC. Ocho años llevo cerrando la boca sin poder pedir misericordia ni ayuda a nadie”, esta mujer, que prefiere no revelar su nombre, vive en el municipio La Hormiga, y hace aproximadamente año y medio puso la denuncia por desaparición, si antes no lo hizo fue porque “no nos atrevíamos a hacer nada porque éramos gravemente amenazados”. Hasta la fecha, no ha tenido respuesta.
Gloria Tobón dice que es en las regiones donde se vive la confrontación más dura: “Ahí está la mayoría de las víctimas, los líderes perseguidos y las mujeres cuestionando la guerra”. Es el continuum de la violencia machista y de género producto de la última desmovilización en el país. “En la década de los 90 y ahora las menores están expuestas a los abusos en la casa, en la escuela, en la calle”, afirma Rocío Calvache, psicóloga que ejerce en Puerto Caicedo, Putumayo, quien ha acuñado el término normopatía, para describir la conducta de aparente normalidad que desarrollan las y los colombianos para soportar la violencia y el horror.
La versión libre
Pero la normalización frente al crimen no es patológica sino producto de la impunidad o falta de justicia. Así se explica también el bajo número de denuncias y el continuum de la violencia. Si un crimen no es confesado, es como si no existiera. No hay víctima, no hay por lo tanto justicia. Esta parece ser la lógica que guía la modalidad de versiones libres concedida a los paramilitares que se acogieron a la desmovilización. Es un hecho: en estas confesiones sin interrogatorio ni investigación ellos omiten los delitos de violencia sexual.
La historia reciente de la justicia universal y transicional ha sacado a la luz un perverso mecanismo de defensa de aquellos que son señalados por crímenes de guerra o de lesa humanidad: en el banquillo de los acusados se confiesa cualquier masacre o atrocidad contra la población civil antes que la violación sexual individual o colectiva. Las ausencias en las confesiones de los paramilitares colombianos siguen las mismas pautas que las de sus pares en la ex-Yugoslavia o las audiencias en los tribunales populares de los gacaca de Ruanda.
Son las contradicciones de un crimen que, en un ámbito patriarcal, se anima y no se juzga debidamente. La Ley de Justicia y Paz y las prebendas para los paramilitares confesos, irrespetan la Resolución 1325 de la ONU porque imponen penas irrisorias a los culpables de crímenes de lesa humanidad -tal es el caso de la violencia sexual cometida por algunos paramilitares hoy desmovilizados- entre tres y ocho años de reclusión por confesar voluntariamente sus crímenes.
Hay organizaciones dispuestas a tocar las puertas de la Corte Penal Internacional porque “muchos crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres por parte de los actores armados están pendientes, y las mujeres desde la organizaciones estamos trabajando, es un espacio que tenemos y es muy importante -dice Gloria Tobón de la Red Nacional de Mujeres- Que la violencia sexual sea judicializada, sean castigados los culpables, que la reparación sea efectiva”, concluye.
En la escena internacional se ejerce otro tipo de presión, Oxfam Internacional pide a la Unión Europea tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos en Colombia, “en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado”. La tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y compensar a las víctimas, porque en las regiones no olvidan. Luisa Margarita Gil Olaya, coordinadora de programas de poblaciones afectadas por el conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris dice: “si aquí no reconocemos que hay un fenómeno de víctimas, de violencia que nos ha empobrecido, no podremos construir un proyecto de nación”.
Mujeres en la mira
Especial Revista Semana
Las mujeres no se tocan. No van a la guerra, no se violan, no se les expulsa de la tierra. Eso es lo que tenían por ley los indígenas wayuu, de La Guajira, hasta la masacre de Bahía Portete, en la que cuatro mujeres fueron torturadas, perseguidas, asesinadas con brutalidad, dos de ellas aún desaparecidas, y toda una comunidad desplazada.
El domingo 18 de abril de 2004 pasó lo impensable. Serían las 7 de la mañana cuando llegaron cinco camionetas y una moto, con unos 40 o 50 hombres. Los forajidos buscaban, lista en mano, a las familias Fince, Uriana y Epinayú. La primera en caer fue Margoth Fince, de 70 años, reconocida como una autoridad tradicional. La amarraron de pies y manos, la cortaron con hacha y machete y después le dispararon en el rostro. Luego llegaron a la casa de Rosa Fince, de 46 años, quien había emprendido la huida con su hermana Diana, de 40 años, y su sobrina Reina. Días después los familiares encontraron el cuerpo de Rosa. Tenía las manos amarradas por detrás, el vestido desgarrado, estaba decapitada y los senos cortados. De las otras dos mujeres no se ha vuelto a saber nada. En el camino, los asesinos se habrían encontrado con dos hombres a los que también dieron muerte. Uno de ellos, Rubén Epinayú, de la misma comunidad.
"La guerra entre clanes o familias wayuu ha sido parte importante de la historia de este grupo y está claramente regulada en cuanto a los motivos que la provocan y los mecanismos para resolver las disputas", dice el Grupo de Memoria Histórica en su informe liderado por Pilar Riaño y María Emma Wills.
La masacre era un desenlace previsible de la incursión paramilitar que desde hacía algunos años había propiciado uno de los propios miembros de esa comunidad: 'Chema Balas', cuyo nombre de pila es José María Barros, quien creía que en alianza con Jorge 40 podía resolver una disputa histórica.
Desde los años 80, Chema Balas y estas familias tenían aspiraciones por razones distintas a ser los dueños del puerto natural de gran calado que hay en Bahía Portete. Por allí ingresaban el contrabando, que es la actividad a la que se ha dedicado siempre el pueblo wayuu. Chema Balas enarbolaba el permiso que había recibido tiempo atrás su padre para usar el puerto, mientras las familias agredidas habían recibido el reconocimiento de que ese era su territorio ya que allí yacían sus muertos. Durante años hubo una disputa, pero no una guerra.
Pero a partir de 2002, los paramilitares se apersonaron del puerto, de la mano de Chema Balas. El Grupo de Memoria Histórica encontró que la masacre tuvo el deliberado propósito de golpear a las mujeres por ser ellas el sostén de la defensa del territorio. Ellas eran un obstáculo para los planes de expansión del jefe paramilitar Jorge 40. La idea de que estas muertes eran parte de una guerra fratricida e intestina proviene, según Pilar Riaño, de "un estereotipo muy extendido sobre los wayuu".
Bahía Portete es también un caso emblemático en el que las memorias conflictivas están latentes. Mientras los sobrevivientes de las familias Fince, Epinayú y Urania siguen desplazados en Venezuela, y apenas regresan cada año a conmemorar la masacre, la hija de Chema Balas, Damaris Barros, sufre porque su descendencia cargará con el estigma de los errores de su padre. "José María Barros Ipuana se equivocó -al igual que lo hicieron muchos otros hombres wayuu y alijuna en La Guajira- cuando pensó que podría buscar el apoyo de los grupos ilegales provenientes de otros lados, allende su territorio, para consolidarse como hombre fuerte en la Alta Guajira y, después de logrado su objetivo, dejarlos de lado sin más...".
La masacre de Bahía Portete es emblemática porque muestra que la guerra no solo genera pobreza y pérdidas materiales, sino que desordena los principios y valores de las comunidades. La codicia que suscitaron el control territorial y de recursos se impuso durante años, y este es quizá el reto más grande que tiene el Estado para reparar a las víctimas.
martes, 21 de septiembre de 2010
II Seminario Internacional de Infancia y Adolescencia
Juristas discutirán acerca de los derechos de la infancia y la adolescencia
Por Colprensa
A partir de este miércoles 22 de septiembre hasta el sábado 25 se realizará el segundo seminario internacional Avances del derecho de familia: Derecho y desarrollo de la infancia y la adolescencia, organizado por el Tribunal Superior de Bogotá, con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras instituciones.
El evento que se llevará a cabo en Bogotá, en el auditorio de los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles y continuará desde las 7: 30 de la mañana del jueves, se realiza a propósito del vigésimo aniversario de la Convención sobre los derechos del niño
De acuerdo con el magistrado Iván Fajardo, coordinador del Seminario, el objetivo de este evento es "hacer un balance de los 20 años de la Convención y unir los esfuerzos desde todas las instituciones del Estado alrededor de ejes temáticos que permitan reunir a la sociedad para impulsar el desarrollo y el progreso desde la infancia y la adolescencia como un aspecto central que garantice el futuro del país".
El evento contará con la participación de diferentes juristas nacionales e internacionales quienes presentarán sus ponencias relacionadas con temas como: derecho de familia social, derecho de familia constitucional, derecho de familia de la niñez y adolescencia, entre otros.
Por Colprensa
A partir de este miércoles 22 de septiembre hasta el sábado 25 se realizará el segundo seminario internacional Avances del derecho de familia: Derecho y desarrollo de la infancia y la adolescencia, organizado por el Tribunal Superior de Bogotá, con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras instituciones.
El evento que se llevará a cabo en Bogotá, en el auditorio de los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles y continuará desde las 7: 30 de la mañana del jueves, se realiza a propósito del vigésimo aniversario de la Convención sobre los derechos del niño
De acuerdo con el magistrado Iván Fajardo, coordinador del Seminario, el objetivo de este evento es "hacer un balance de los 20 años de la Convención y unir los esfuerzos desde todas las instituciones del Estado alrededor de ejes temáticos que permitan reunir a la sociedad para impulsar el desarrollo y el progreso desde la infancia y la adolescencia como un aspecto central que garantice el futuro del país".
El evento contará con la participación de diferentes juristas nacionales e internacionales quienes presentarán sus ponencias relacionadas con temas como: derecho de familia social, derecho de familia constitucional, derecho de familia de la niñez y adolescencia, entre otros.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Orientación psicosocial para mujeres víctimas de violencia sexual
Orientación psicosocial para mujeres víctimas de violencia sexual
viernes, 17 de septiembre de 2010
"Por el derecho a sexualidad con sentido"
El viernes 17 de septiembre fue presentada oficialmente la estrategia de comunicación "Por el derecho a sexualidad con sentido", construida conjuntamente por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, la Consejería Presidencial de Programas Especiales y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
La estrategia busca que adolescentes, jóvenes y mujeres conozcan y reconozcan los derechos sexuales y reproductivos en sus vidas cotidianas, y puedan tomar mejores decisiones sobre su sexualidad y su reproducción, así como conocer los servicios a los que tienen derecho.
“Por el derecho a una sexualidad con sentido” no es una campaña publicitaria, sino una estrategia de comunicación integral y sostenida, que será implementada a nivel nacional, y se complementará con estrategias locales en 13 regiones del país: Valle, Chocó, San Andrés, Cesar, Sucre, Nariño, Meta, Santander, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Armenia y Bogotá. La estrategia de comunicación va de la mano con una acción de mejoramiento de los servicios de salud y de educación a nivel nacional, y de fortalecimiento de los grupos, organizaciones y redes de jóvenes y mujeres que promueven los derechos.
La estrategia es apoyada y presentada por Andrés López, Valerie Domínguez, Carlos “El Pibe” Valderrama, Cristina Hurtado, José Narváez y Adriana Lucía.
¿QUÉ SIGNIFICA “Por el derecho a una sexualidad con sentido”?
1. Reconocer que la sexualidad es una condición humana, y debe ser vista como algo positivo.
2. Que todas las personas tienen derecho a vivir una sexualidad consentida, deseada y consensuada, sin presión ni violencia de ningún tipo.
3. Vivir una sexualidad tomando decisiones con la razón y la conciencia, de acuerdo al proyecto de vida.
4. La sexualidad debe involucrar todos los sentidos: la razón, el sentimiento, las
emociones, los deseos.
5. El sentido de la sexualidad debe ser la felicidad y el bienestar; y no el riesgo o el miedo.
¿QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?
Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos aplicados al terreno de la sexualidad y la reproducción, y su garantía permite que hombres y mujeres (adolescentes, jóvenes y adultos) puedan disfrutar de una vida sexual y reproductiva saludable.
Los derechos sexuales y reproductivos están incluidos en los derechos humanos
contenidos en la Constitución Política de Colombia, de 1991; dado que estos derechos tienen una conexión estrecha con el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad personal, la intimidad, la atención en salud, la educación, entre otros.
Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos e impulsados por marcos internacionales de los cuales Colombia es parte: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Igualmente, han sido parte de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en Viena (Austria); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en el año de 1994 en El Cairo (Egipto), y la Conferencia
Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en 1995 en Beijing (China).
ALGUNOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:
-El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso.
-El derecho a escoger las y los compañeros sexuales; y a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser sexualmente activa/o no.
-El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si se permanece sola/o.
-El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual.
-El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones y enfermedades de
transmisión sexual.
-El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad,
incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos seguros.
-El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo
entre ellos, y a disponer de la información, educación y medios para lograrlo.
-El derecho a contar con servicios educativos e información para tomar decisiones responsables e informadas.
-Que los hombres y las mujeres no puedan hacer realidad sus derechos sexuales y
reproductivos tiene consecuencias negativas sobre su salud y su vida.
ALGUNAS CIFRAS DE LA SITUACIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
Colombia ha logrado avances importantes en el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, y se vienen desarrollado iniciativas y esfuerzos para garantizar los derechos humanos, el desarrollo de competencias y habilidades para la vida, y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos.
La situación de los adolescentes ha sido una preocupación permanente en los últimos años en Colombia y en América Latina, por el aumento de su fecundidad que justifica que sea considerado como un problema de salud pública.
El embarazo adolescente está relacionado con factores como la deserción escolar temprana, la pobreza que convierte a las familias en expulsoras de jóvenes, y la dificultad para llevar a cabo proyectos de vida a largo plazo.
El 22% de las adolescentes en el país ha estado alguna vez embarazada, y esta cifra aumenta con la situación de desplazamiento. El 30% de las adolescentes desplazadas ha sido madre o está esperando su primer hijo. Dos de cada cinco de ellas no deseaban el embarazo. (ENDS, 2005).
La fecundidad de las adolescentes en las zonas rurales es 50% mayor que en las zonas urbanas, lo cual se relaciona con el menor acceso de estas adolescentes a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos.
Estudios nacionales muestran que la fecundidad en adolescentes tiene entre sus determinantes próximos la baja escolaridad. En Colombia, sólo el 9,4% de las adolescentes de 15 a 19 años está en educación superior; 18,9 % con secundaria completa, 56% con secundaria incompleta; 8,5% con primaria completa; 6,4% con primaria incompleta y sin educación persiste el 0,9%. La proporción de adolescentes y de madres sin educación es casi 6 veces mayor a la observada entre las adolescentes con algún año de educación superior.
La edad de inicio de las relaciones sexuales ha disminuido y la proporción de adolescentes que ha tenido actividad sexual se ha incrementado de 30%, en 1995 a 44% en 2005.
Las adolescentes conocen y emplean menos métodos anticonceptivos que el resto de las mujeres; solo el 20% de las adolescentes los utiliza; de las adolescentes con pareja estable, solo el 57% los utiliza, las restantes se encuentran expuestas a embarazos no planeados. Al analizar las razones de no uso, del 30% de las adolescentes de 15 a 19 años, el 11% lo hace por dificultades de acceso y costo, el 7% debido a falta de conocimiento y el 12% a oposición de la pareja.
En el estudio “Masatugó” del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad llama la atención sobre el creciente registro de violencia en adolescentes entre los 15 y los 17 años, donde se encuentran un promedio de 130 niñas maltratadas por cada 100.000 niñas. En las edades de 10 a 14 años, el indicador se ubicó en las 85 niñas agredidas por 100.000 niñas.
Durante los últimos cinco años 206.735 mujeres fueron lastimadas físicamente por su pareja. Es alarmante como el incremento resultó mayor en las parejas adolescentes: si el 90% de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres, la cifra se elevó al 97% en el caso de la población adolescente.
En cuanto a delitos sexuales, la tasa más alta se encontró de los 10 a los 14 años donde el indicador alcanzó los 256 casos por 100.000 niñas, que representa el 36% del total de casos. Los agresores vinculados a este tipo de violencia fueron los familiares en el 36% de los casos, otros conocidos 37%, los desconocidos 16% y finalmente en el 11% se carece de información sobre el victimario.
La estrategia busca que adolescentes, jóvenes y mujeres conozcan y reconozcan los derechos sexuales y reproductivos en sus vidas cotidianas, y puedan tomar mejores decisiones sobre su sexualidad y su reproducción, así como conocer los servicios a los que tienen derecho.
“Por el derecho a una sexualidad con sentido” no es una campaña publicitaria, sino una estrategia de comunicación integral y sostenida, que será implementada a nivel nacional, y se complementará con estrategias locales en 13 regiones del país: Valle, Chocó, San Andrés, Cesar, Sucre, Nariño, Meta, Santander, Bolívar, Putumayo, Antioquia, Armenia y Bogotá. La estrategia de comunicación va de la mano con una acción de mejoramiento de los servicios de salud y de educación a nivel nacional, y de fortalecimiento de los grupos, organizaciones y redes de jóvenes y mujeres que promueven los derechos.
La estrategia es apoyada y presentada por Andrés López, Valerie Domínguez, Carlos “El Pibe” Valderrama, Cristina Hurtado, José Narváez y Adriana Lucía.
¿QUÉ SIGNIFICA “Por el derecho a una sexualidad con sentido”?
1. Reconocer que la sexualidad es una condición humana, y debe ser vista como algo positivo.
2. Que todas las personas tienen derecho a vivir una sexualidad consentida, deseada y consensuada, sin presión ni violencia de ningún tipo.
3. Vivir una sexualidad tomando decisiones con la razón y la conciencia, de acuerdo al proyecto de vida.
4. La sexualidad debe involucrar todos los sentidos: la razón, el sentimiento, las
emociones, los deseos.
5. El sentido de la sexualidad debe ser la felicidad y el bienestar; y no el riesgo o el miedo.
¿QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?
Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos aplicados al terreno de la sexualidad y la reproducción, y su garantía permite que hombres y mujeres (adolescentes, jóvenes y adultos) puedan disfrutar de una vida sexual y reproductiva saludable.
Los derechos sexuales y reproductivos están incluidos en los derechos humanos
contenidos en la Constitución Política de Colombia, de 1991; dado que estos derechos tienen una conexión estrecha con el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad personal, la intimidad, la atención en salud, la educación, entre otros.
Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos e impulsados por marcos internacionales de los cuales Colombia es parte: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Igualmente, han sido parte de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en Viena (Austria); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en el año de 1994 en El Cairo (Egipto), y la Conferencia
Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en 1995 en Beijing (China).
ALGUNOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:
-El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso.
-El derecho a escoger las y los compañeros sexuales; y a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser sexualmente activa/o no.
-El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si se permanece sola/o.
-El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual.
-El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones y enfermedades de
transmisión sexual.
-El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad,
incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos seguros.
-El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo
entre ellos, y a disponer de la información, educación y medios para lograrlo.
-El derecho a contar con servicios educativos e información para tomar decisiones responsables e informadas.
-Que los hombres y las mujeres no puedan hacer realidad sus derechos sexuales y
reproductivos tiene consecuencias negativas sobre su salud y su vida.
ALGUNAS CIFRAS DE LA SITUACIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
Colombia ha logrado avances importantes en el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, y se vienen desarrollado iniciativas y esfuerzos para garantizar los derechos humanos, el desarrollo de competencias y habilidades para la vida, y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos.
La situación de los adolescentes ha sido una preocupación permanente en los últimos años en Colombia y en América Latina, por el aumento de su fecundidad que justifica que sea considerado como un problema de salud pública.
El embarazo adolescente está relacionado con factores como la deserción escolar temprana, la pobreza que convierte a las familias en expulsoras de jóvenes, y la dificultad para llevar a cabo proyectos de vida a largo plazo.
El 22% de las adolescentes en el país ha estado alguna vez embarazada, y esta cifra aumenta con la situación de desplazamiento. El 30% de las adolescentes desplazadas ha sido madre o está esperando su primer hijo. Dos de cada cinco de ellas no deseaban el embarazo. (ENDS, 2005).
La fecundidad de las adolescentes en las zonas rurales es 50% mayor que en las zonas urbanas, lo cual se relaciona con el menor acceso de estas adolescentes a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos.
Estudios nacionales muestran que la fecundidad en adolescentes tiene entre sus determinantes próximos la baja escolaridad. En Colombia, sólo el 9,4% de las adolescentes de 15 a 19 años está en educación superior; 18,9 % con secundaria completa, 56% con secundaria incompleta; 8,5% con primaria completa; 6,4% con primaria incompleta y sin educación persiste el 0,9%. La proporción de adolescentes y de madres sin educación es casi 6 veces mayor a la observada entre las adolescentes con algún año de educación superior.
La edad de inicio de las relaciones sexuales ha disminuido y la proporción de adolescentes que ha tenido actividad sexual se ha incrementado de 30%, en 1995 a 44% en 2005.
Las adolescentes conocen y emplean menos métodos anticonceptivos que el resto de las mujeres; solo el 20% de las adolescentes los utiliza; de las adolescentes con pareja estable, solo el 57% los utiliza, las restantes se encuentran expuestas a embarazos no planeados. Al analizar las razones de no uso, del 30% de las adolescentes de 15 a 19 años, el 11% lo hace por dificultades de acceso y costo, el 7% debido a falta de conocimiento y el 12% a oposición de la pareja.
En el estudio “Masatugó” del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad llama la atención sobre el creciente registro de violencia en adolescentes entre los 15 y los 17 años, donde se encuentran un promedio de 130 niñas maltratadas por cada 100.000 niñas. En las edades de 10 a 14 años, el indicador se ubicó en las 85 niñas agredidas por 100.000 niñas.
Durante los últimos cinco años 206.735 mujeres fueron lastimadas físicamente por su pareja. Es alarmante como el incremento resultó mayor en las parejas adolescentes: si el 90% de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres, la cifra se elevó al 97% en el caso de la población adolescente.
En cuanto a delitos sexuales, la tasa más alta se encontró de los 10 a los 14 años donde el indicador alcanzó los 256 casos por 100.000 niñas, que representa el 36% del total de casos. Los agresores vinculados a este tipo de violencia fueron los familiares en el 36% de los casos, otros conocidos 37%, los desconocidos 16% y finalmente en el 11% se carece de información sobre el victimario.
Alias 'Yeimi': la odontóloga de las Farc
Ante unidades de la de Tarea Conjunta ‘Omega', en el casco urbano de San José del Guaviare, se presentó de manera voluntaria alias 'Yeimi', quien se desempeñaba como odontóloga para el séptimo frente de las Farc.
Por: El Espectador.com
‘Yeimi' de 33 años de edad, ingresó a las filas de las Farc con sus dos primeros hijos, desde que tenía apenas 16 años y allá tuvo otra hija, "Mi vida fue muy dura y esas condiciones hacen que uno cometa errores, tome decisiones equivocadas y me dejé convencer por lo que le dicen allá".
Durante su tiempo en las Farc, ‘Yeimi' cumplió funciones en el área de la salud, siendo primero enfermera y luego odontóloga del Frente Séptimo.
De los 17 años que ‘Yeimi' permaneció en el Frente Séptimo, 9 estuvo en la parte armada de las Farc y los últimos 7 fue cabecilla de células de las Milicias Bolivarianas. Ella afirma que su paso por las milicias se debió a un accidente que la dejó enferma y al fallecimiento de su madre.
Por: El Espectador.com
‘Yeimi' de 33 años de edad, ingresó a las filas de las Farc con sus dos primeros hijos, desde que tenía apenas 16 años y allá tuvo otra hija, "Mi vida fue muy dura y esas condiciones hacen que uno cometa errores, tome decisiones equivocadas y me dejé convencer por lo que le dicen allá".
Durante su tiempo en las Farc, ‘Yeimi' cumplió funciones en el área de la salud, siendo primero enfermera y luego odontóloga del Frente Séptimo.
De los 17 años que ‘Yeimi' permaneció en el Frente Séptimo, 9 estuvo en la parte armada de las Farc y los últimos 7 fue cabecilla de células de las Milicias Bolivarianas. Ella afirma que su paso por las milicias se debió a un accidente que la dejó enferma y al fallecimiento de su madre.
jueves, 16 de septiembre de 2010
Chile: Mujeres violadas en la dictadura rompen su silencio para reclamar el "nunca más"
Después de 37 años del golpe militar en Chile, miles de mujeres violadas en la dictadura de Augusto Pinochet han roto su silencio sobre una violencia sexual que hasta ahora se mantenía oculta.
Por Agencia EFE
Tras ser reabierta en febrero pasado, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos durante el régimen militar, ha recibido miles de testimonios de detenidos desaparecidos, ejecutados y víctimas de prisión y tortura que ahora deberá estudiar.
Este es el caso de las mujeres que fueron violadas de forma sistemática y generalizada durante la dictadura (1973-1990) y que hasta ahora no habían compartido sus experiencias por vergüenza, pudor y miedo a enfrentar un pasado que desean olvidar.
Entre quienes están decididas a poner punto final a esta situación está Patricia Herrera, una militante del Partido Socialista que fue detenida la noche del 27 de junio de 1974 "por pensar distinto".
Patricia, que entonces era una estudiante universitaria de 19 años, siempre ha contado su historia por "compromiso moral y ético con la gente que ya no está".
"Desde el momento en que eres detenida, te ponen una venda en los ojos y te amarran, pierdes la condición de ser humano. Yo sentí que me estaba muriendo, que caía en un hoyo en el que no había presente, pasado y futuro; no había nada. Fue mi primera muerte", explicó a Efe.
Esta mujer, que nunca dejó de luchar ni perdió la ilusión por la vida, fue llevada a un centro de detención y tortura que había en esa época bajo la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde mientras la tenían encañonada con una pistola la violaron sistemáticamente los once días que estuvo allí.
"La primera noche fue la peor", recuerda. Amarrada y vendada sobre una colchoneta, forcejeaba inútilmente para evitar que los guardias la violaran en presencia de sus compañeros también detenidos, entre los que estaba su novio.
"Fue atroz, fue el peor día de mi vida", relató a Efe.
De allí, Patricia Herrera fue llevada al centro de tortura de la calle Londres, adonde llegó casi inconsciente a causa de una infección que no le permitía ni mantenerse sentada, y de ahí a un pabellón secreto en el que se convirtió en una "desaparecida", antes de ser conducida a un campo de concentración.
Pese a haber sufrido todo tipo de vejaciones para quebrar su fortaleza, aprendió a sobrevivir.
"Aprendí que algo es bueno dependiendo de donde vengas, y yo venía de algo muy terrible. El ser humano se acomoda a todo y puede sobrevivir".
El 2 de septiembre de 1975, Patricia fue puesta en libertad y partió al exilio. Al llegar a París hizo un gran esfuerzo por superar lo que acaba de vivir.
"Tengo 20 años, es verano y hay flores en todas partes. Yo estoy aquí, viva, así es que, ¡adelante!", se dijo.
Tras un mes de hospitalización, retomó sus estudios, terminó su doctorado, trabajó como activista pro derechos humanos y viajó a Cuba donde se enamoró y tuvo una hija, hasta que en 1991 pudo volver a un Chile "totalmente distinto al que había dejado".
Retomó su vida, volvió a la misma casa donde la detuvieron y al partido que nunca dejó, pero siempre recordará lo que pasó.
"Hay cosas que nunca se olvidan, uno no puede salir de todo esto sin marcas", reconoce esta mujer que siempre tuvo claro por qué luchaba.
"No soy una pobre mujer; soy alguien que sufrió cárcel, tortura y exilio y que no se arrepiente de nada en su vida".
Tampoco Catalina Palma lamenta lo que hizo. Ella, militante también del Partido Socialista, fue detenida el 25 de noviembre de 1975 en Buenos Aires, en el marco de la "Operación Cóndor", como se denominó a la operación coordinada entre las dictaduras militares del Cono Sur americano para asesinar a opositores en los años setenta y ochenta.
"Nunca piensas que vas a ser detenida y torturada, por eso eres capaz de hacer cosas, porque tienes cero sentido del miedo", explicó Catalina a Efe al recordar el calvario en la cárcel argentina donde permaneció un año sometida a torturas y todo tipo de violencia sexual.
"Tenía miedo, estaba aterrorizada. No pensaba más que en vivir y sentir", explica.
A pesar de ello, Catalina, que cumplió los 27 años en la cárcel, rehizo su vida durante su exilio en Inglaterra, tuvo un hijo y volvió en 1986 a Chile, donde hoy trabaja en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Como Catalina y Patricia, 3.399 mujeres rompieron su silencio y presentaron sus casos ante la comisión que presidió el obispo Sergio Valech y cuyo trabajo permitió en 2005 que 27.255 personas accedieran a medidas de reparación.
Casi todas fueron víctimas de violencia sexual y 316 reconocieron haber sido violadas, según datos que facilitó a Efe la Corporación Humanas, un centro de estudios que promueve los derechos de la mujer y que reclama que la violencia sexual sea considerada una forma de tortura.
"Lo que tradicionalmente se vincula a la tortura son la parrilla y los golpes" porque predomina "una mirada absolutamente machista", declaró a Efe Carolina Carreras, presidenta de esta organización.
La Corporación Humanas critica que no haya un solo proceso judicial que revele la auténtica dimensión de este tipo de agresiones.
"En la memoria de este país y de las atrocidades de la dictadura tiene que aparecer la violencia sexual, porque eso nos asegura que que nunca más ocurra", concluyó.
Por Agencia EFE
Tras ser reabierta en febrero pasado, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos durante el régimen militar, ha recibido miles de testimonios de detenidos desaparecidos, ejecutados y víctimas de prisión y tortura que ahora deberá estudiar.
Este es el caso de las mujeres que fueron violadas de forma sistemática y generalizada durante la dictadura (1973-1990) y que hasta ahora no habían compartido sus experiencias por vergüenza, pudor y miedo a enfrentar un pasado que desean olvidar.
Entre quienes están decididas a poner punto final a esta situación está Patricia Herrera, una militante del Partido Socialista que fue detenida la noche del 27 de junio de 1974 "por pensar distinto".
Patricia, que entonces era una estudiante universitaria de 19 años, siempre ha contado su historia por "compromiso moral y ético con la gente que ya no está".
"Desde el momento en que eres detenida, te ponen una venda en los ojos y te amarran, pierdes la condición de ser humano. Yo sentí que me estaba muriendo, que caía en un hoyo en el que no había presente, pasado y futuro; no había nada. Fue mi primera muerte", explicó a Efe.
Esta mujer, que nunca dejó de luchar ni perdió la ilusión por la vida, fue llevada a un centro de detención y tortura que había en esa época bajo la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde mientras la tenían encañonada con una pistola la violaron sistemáticamente los once días que estuvo allí.
"La primera noche fue la peor", recuerda. Amarrada y vendada sobre una colchoneta, forcejeaba inútilmente para evitar que los guardias la violaran en presencia de sus compañeros también detenidos, entre los que estaba su novio.
"Fue atroz, fue el peor día de mi vida", relató a Efe.
De allí, Patricia Herrera fue llevada al centro de tortura de la calle Londres, adonde llegó casi inconsciente a causa de una infección que no le permitía ni mantenerse sentada, y de ahí a un pabellón secreto en el que se convirtió en una "desaparecida", antes de ser conducida a un campo de concentración.
Pese a haber sufrido todo tipo de vejaciones para quebrar su fortaleza, aprendió a sobrevivir.
"Aprendí que algo es bueno dependiendo de donde vengas, y yo venía de algo muy terrible. El ser humano se acomoda a todo y puede sobrevivir".
El 2 de septiembre de 1975, Patricia fue puesta en libertad y partió al exilio. Al llegar a París hizo un gran esfuerzo por superar lo que acaba de vivir.
"Tengo 20 años, es verano y hay flores en todas partes. Yo estoy aquí, viva, así es que, ¡adelante!", se dijo.
Tras un mes de hospitalización, retomó sus estudios, terminó su doctorado, trabajó como activista pro derechos humanos y viajó a Cuba donde se enamoró y tuvo una hija, hasta que en 1991 pudo volver a un Chile "totalmente distinto al que había dejado".
Retomó su vida, volvió a la misma casa donde la detuvieron y al partido que nunca dejó, pero siempre recordará lo que pasó.
"Hay cosas que nunca se olvidan, uno no puede salir de todo esto sin marcas", reconoce esta mujer que siempre tuvo claro por qué luchaba.
"No soy una pobre mujer; soy alguien que sufrió cárcel, tortura y exilio y que no se arrepiente de nada en su vida".
Tampoco Catalina Palma lamenta lo que hizo. Ella, militante también del Partido Socialista, fue detenida el 25 de noviembre de 1975 en Buenos Aires, en el marco de la "Operación Cóndor", como se denominó a la operación coordinada entre las dictaduras militares del Cono Sur americano para asesinar a opositores en los años setenta y ochenta.
"Nunca piensas que vas a ser detenida y torturada, por eso eres capaz de hacer cosas, porque tienes cero sentido del miedo", explicó Catalina a Efe al recordar el calvario en la cárcel argentina donde permaneció un año sometida a torturas y todo tipo de violencia sexual.
"Tenía miedo, estaba aterrorizada. No pensaba más que en vivir y sentir", explica.
A pesar de ello, Catalina, que cumplió los 27 años en la cárcel, rehizo su vida durante su exilio en Inglaterra, tuvo un hijo y volvió en 1986 a Chile, donde hoy trabaja en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Como Catalina y Patricia, 3.399 mujeres rompieron su silencio y presentaron sus casos ante la comisión que presidió el obispo Sergio Valech y cuyo trabajo permitió en 2005 que 27.255 personas accedieran a medidas de reparación.
Casi todas fueron víctimas de violencia sexual y 316 reconocieron haber sido violadas, según datos que facilitó a Efe la Corporación Humanas, un centro de estudios que promueve los derechos de la mujer y que reclama que la violencia sexual sea considerada una forma de tortura.
"Lo que tradicionalmente se vincula a la tortura son la parrilla y los golpes" porque predomina "una mirada absolutamente machista", declaró a Efe Carolina Carreras, presidenta de esta organización.
La Corporación Humanas critica que no haya un solo proceso judicial que revele la auténtica dimensión de este tipo de agresiones.
"En la memoria de este país y de las atrocidades de la dictadura tiene que aparecer la violencia sexual, porque eso nos asegura que que nunca más ocurra", concluyó.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Conmoción en El Tambo, Cauca, por brutal asesinato de una madre
Una madre comunitaria y líder de la vereda El Hoyo, del municipios de El Tambo, al occidente del Cauca, fue brutalmente asesinada por desconocidos que la violaron, torturaron y le propinaron numerosas heridas con arma blanca.
Por: Caracol Radio
La denuncia fue hecha por organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, que alertaron nuevamente sobre el incremento de la violencia dirigida contra las mujeres.
El cuerpo de la señora Victoria Eugenia Mosquera, de 35 años, madre de cinco niños menores de edad, fue encontrada por campesinos del lugar envuelto en bolsas negras.
El observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida, denunció que en lo que va corrido del año, 30 mujeres han sido asesinadas en el Cauca, cuyos cuerpos en su mayoría presentan signos de tortura y violencia sexual.
Por: Caracol Radio
La denuncia fue hecha por organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, que alertaron nuevamente sobre el incremento de la violencia dirigida contra las mujeres.
El cuerpo de la señora Victoria Eugenia Mosquera, de 35 años, madre de cinco niños menores de edad, fue encontrada por campesinos del lugar envuelto en bolsas negras.
El observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida, denunció que en lo que va corrido del año, 30 mujeres han sido asesinadas en el Cauca, cuyos cuerpos en su mayoría presentan signos de tortura y violencia sexual.
Conmoción en El Tambo, Cauca, por brutal asesinato de una madre
Una madre comunitaria y líder de la vereda El Hoyo, del municipios de El Tambo, al occidente del Cauca, fue brutalmente asesinada por desconocidos que la violaron, torturaron y le propinaron numerosas heridas con arma blanca.
La denuncia fue hecha por organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, que alertaron nuevamente sobre el incremento de la violencia dirigida contra las mujeres.
El cuerpo de la señora Victoria Eugenia Mosquera, de 35 años, madre de cinco niños menores de edad, fue encontrada por campesinos del lugar envuelto en bolsas negras.
El observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida, denunció que en lo que va corrido del año, 30 mujeres han sido asesinadas en el Cauca, cuyos cuerpos en su mayoría presentan signos de tortura y violencia sexual.
La denuncia fue hecha por organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, que alertaron nuevamente sobre el incremento de la violencia dirigida contra las mujeres.
El cuerpo de la señora Victoria Eugenia Mosquera, de 35 años, madre de cinco niños menores de edad, fue encontrada por campesinos del lugar envuelto en bolsas negras.
El observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida, denunció que en lo que va corrido del año, 30 mujeres han sido asesinadas en el Cauca, cuyos cuerpos en su mayoría presentan signos de tortura y violencia sexual.
viernes, 10 de septiembre de 2010
El 24 de diciembre de 2000 fue la última vez que vieron a Noralba
Por Ivonne Rodríguez/Verdad Abierta
La Fiscalía llamó a los Camargo y le pidieron al viejo Pablo Antonio que se hiciera una prueba de ADN. Técnicos del CTI fueron al pueblo y le sacaron la sangre. Después compararon las muestras con las de los huesos encontrados en la fosa de La Magdalena, y en mayo pasado, un investigador le informó a Francy Camargo: “Las pruebas que le hicieron a su papá salieron positivas. Es su hermana Noralba”. La llamada del investigador le confirmaba a Francy que el ADN de don Pablo Antonio coincidía en un 99.9 por ciento compatible con los restos exhumados.
En la noche del lunes 30 de agosto, Pablo Antonio Camargo, un campesino de 65 años que vive en Quebradanegra, Cundinamarca, entró en silencio, acompañado por su hermano y su hija Francy de 35, a una sala de la Fiscalía en la carrera 30 con calle 13 en Bogotá. Ahí, sobre una mesa pequeña estaba la caja de madera.
La fiscal que los recibió les dijo con rigor legal: “Están en su derecho de ver o no los restos”.
Los tres se miraron y don Pablo pidió que abrieran la caja.
Una médica forense desdobló con cuidado las prendas que pertenecieron al cadáver que se había encontrado en una fosa común: la camisa blanca estampada con figuras azules, el brasier marrón, las medias negras, los tenis sencillos y un jean que, con el paso de los años, se convirtió en un fibra que parece musgo. Todo había sido lavado y clasificado para su identificación.
Don Pablo reconoció la ropa de su hija Noralba Camargo, desaparecida cuando tenía 13 años, en víspera de la Navidad 2000.
“Cuéntenemos, cómo murió”, le pidió Francy a la fiscal, apenas sosteniendo el llanto. La funcionaria sacó un cráneo y con su dedo apuntó a un agujero ubicado en el hueso occipital. “¿O sea que le dispararon?”, corrobora la hermana mayor de la niña desaparecida. La forense sólo asintió.
“Pasaban y pasaban los meses y no sabíamos si era ella o no. Vivíamos esperando la llamada. Fue tormentoso”, dijo después Francy.
Con dos puntillas la médica legista selló el osario de madera. En unos días se la hará llegar a la familia Camargo para que pueda darle debida sepultura a Noralba. No es, sin embargo, el final de su historia. Aun les falta encontrar a otro hijo de don Pablo, también secuestrado y desaparecido.
Lea el artículo completo en verdadabierta.com
'Discriminadas'
Mercedes Rodríguez, líder indígena de la comunidad que habita en el resguardo Corozal Tapaojo, en límites entre Meta y Vichada, a dos horas a pie de Carimagua, a nombre de las mujeres indígenas de este pueblo, reclamó por la condición de discriminación que viven ellas.
"Las mujeres indígenas somos las más marginadas, primero porque no sabemos leer ni escribir, somos iletradas, y por el solo hecho de ser indígenas somos discriminadas", dijo Mercedes en entrevista con Llano 7 días.
Y aunque el panorama parece mejor para las nuevas generaciones, puesto que las niñas asisten a clases, al igual que los niños, "sólo tenemos hasta quinto de primaria y el colegio más cercano queda demasiado lejos para que puedan asistir nuestros niños", dijo la líder indígena.
En el resguardo, que cuenta con 10.300 hectáreas, viven 1.200 indígenas de las etnias piapoco y sáliva, con una población de 211 infantes.
Lea el artículo completo: Los 12.300 indígenas del Meta se encuentran desorganizados y desprotegidos
"Las mujeres indígenas somos las más marginadas, primero porque no sabemos leer ni escribir, somos iletradas, y por el solo hecho de ser indígenas somos discriminadas", dijo Mercedes en entrevista con Llano 7 días.
Y aunque el panorama parece mejor para las nuevas generaciones, puesto que las niñas asisten a clases, al igual que los niños, "sólo tenemos hasta quinto de primaria y el colegio más cercano queda demasiado lejos para que puedan asistir nuestros niños", dijo la líder indígena.
En el resguardo, que cuenta con 10.300 hectáreas, viven 1.200 indígenas de las etnias piapoco y sáliva, con una población de 211 infantes.
Lea el artículo completo: Los 12.300 indígenas del Meta se encuentran desorganizados y desprotegidos
Mil mujeres de paz
Doce mujeres colombianas hacen parte de esta iniciativa mundial y representan a muchas otras que no han podido siquiera detenerse a llorar por sus muertos.
Aún desterrada, sigue saludando en su lengua materna. Su nombre embera es Ponothuma, que significa “Olor de flor silvestre”. Recuerda que cuando era muy pequeña no hablaba español. Añora aquellos tiempos en que andaba libre por su tierra y comprende en su piel lo difícil que es el desarraigo, y las dificultades que viven los pueblos indígenas al enfrentarse a otras lógicas dominantes.
Virgelina Chará es de Suárez, Cauca. Se vio obligada a un primer desplazamiento al ser declarada persona no grata por hacer denuncias sobre el impacto que generó la construcción de la represa de Salvajina, propiedad de la empresa de energía eléctrica del Pacífico, en territorio de población negra. Un segundo desplazamiento, tres años después, por ser testigo de la desaparición de un compañero. Un tercer desplazamiento por denunciar la presión que ejercieron grupos paramilitares para reclutar a sus hijos con el propósito de usarlos para exterminar negros de Buenaventura.
María Eugenia Zabala es una campesina de San Rafaelito, región del alto Sinú. Fue desplazada después de una masacre en su propia casa en la que asesinaron a varios familiares, entre ellos a su esposo y a su hijo de 17 años. Quemaron sus pertenencias. La dejaron con siete hijos y un embarazo de dos meses. Sin nada.
A María le tocó recoger los pedazos de la cabeza de su esposo y meterlos en un tazón para que el golero no se los comiera. Tuvo que enterrar con sus propias manos a sus muertos, porque la Policía le dijo que estaban ocupados enterrando muertos de otras masacres que se hicieron en la zona.
Las historias de estas tres mujeres son tan particulares como similares. Cada una con sus dinámicas propias, revela la historia de las mujeres colombianas en medio de un conflicto que no les ha dado tregua.
La manera como Hilda, Virgelina y María han resurgido de entre las cenizas, y los procesos comunitarios que han liderado a pesar del dolor, las hicieron merecedoras, como parte de la red global Mujeres de Paz en el Mundo, de ser nominadas en el 2005 para el premio Nobel de la Paz.
Sus testimonios se escucharon frente a un público perplejo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena, lugar donde se puede apreciar la exposición de Mil Mujeres de Paz, una mirada a los rostros de mujeres alrededor del mundo que comprometen sus vidas con los derechos, con la no violencia y la lucha contra el crimen organizado. Doce mujeres colombianas hacen parte de estos rostros y representan a muchas otras que no han podido siquiera detenerse a llorar por sus muertos.
La vida de Hilda Domicó Bailarín, una educadora indígena Embera Katio del Urabá antioqueño, parece partirse en dos en el año 1997. Hasta antes de esta fecha, vivía con su comunidad cerca Mutatá, después vive con el recuerdo del asesinato de su padre y de su hermano mayor. Hilda debió desplazarse a Medellín y se mantuvo oculta durante cinco años. Sin tierra, sin trabajo, sin familia.
Virgelina Chará es de Suárez, Cauca. Se vio obligada a un primer desplazamiento al ser declarada persona no grata por hacer denuncias sobre el impacto que generó la construcción de la represa de Salvajina, propiedad de la empresa de energía eléctrica del Pacífico, en territorio de población negra. Un segundo desplazamiento, tres años después, por ser testigo de la desaparición de un compañero. Un tercer desplazamiento por denunciar la presión que ejercieron grupos paramilitares para reclutar a sus hijos con el propósito de usarlos para exterminar negros de Buenaventura.
María Eugenia Zabala es una campesina de San Rafaelito, región del alto Sinú. Fue desplazada después de una masacre en su propia casa en la que asesinaron a varios familiares, entre ellos a su esposo y a su hijo de 17 años. Quemaron sus pertenencias. La dejaron con siete hijos y un embarazo de dos meses. Sin nada.
A María le tocó recoger los pedazos de la cabeza de su esposo y meterlos en un tazón para que el golero no se los comiera. Tuvo que enterrar con sus propias manos a sus muertos, porque la Policía le dijo que estaban ocupados enterrando muertos de otras masacres que se hicieron en la zona.
Las historias de estas tres mujeres son tan particulares como similares. Cada una con sus dinámicas propias, revela la historia de las mujeres colombianas en medio de un conflicto que no les ha dado tregua.
La manera como Hilda, Virgelina y María han resurgido de entre las cenizas, y los procesos comunitarios que han liderado a pesar del dolor, las hicieron merecedoras, como parte de la red global Mujeres de Paz en el Mundo, de ser nominadas en el 2005 para el premio Nobel de la Paz.
Sus testimonios se escucharon frente a un público perplejo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena, lugar donde se puede apreciar la exposición de Mil Mujeres de Paz, una mirada a los rostros de mujeres alrededor del mundo que comprometen sus vidas con los derechos, con la no violencia y la lucha contra el crimen organizado. Doce mujeres colombianas hacen parte de estos rostros y representan a muchas otras que no han podido siquiera detenerse a llorar por sus muertos.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Preocupación en la comuna 1 de Medellín por casos de explotación sexual
En los barrios de Medellín no sólo se disputan territorios y rentas derivadas de las vacunas y las plazas de vicio; también están en juego actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de jovencitas. Así lo manifiestan organizaciones sociales de la comuna 1, nororiente de la ciudad, quienes han detectado una preocupante modalidad de trata de personas que esconde toda una red de comercio sexual dominada por peligrosas estructuras armadas.
Por: Agencia de Prensa IPC
Se trata de la venta de la virginidad de las adolescentes por parte de hombres ligados a las bandas criminales que se disputan el control del territorio. El fenómeno se viene presentando en medio de un ambiente marcado por fuertes enfrentamientos armados, cobro indiscriminado de vacunas y un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de este populoso sector, aspectos que hacen que el flagelo sea prácticamente invisible para las autoridades y aún, para la misma comunidad.
No obstante, organizaciones como la Corporación Convivamos han podido constatar que el fenómeno es real y que se está presentando con más frecuencia de la que pudiera pensarse. Según profesionales de la Corporación consultados por la Agencia de Prensa IPC, integrantes de las bandas que delinquen en la zona se encargan de contactar a estudiantes de colegios públicos caracterizadas por su seriedad, discreción y, en algunos casos, cercanía con el actor armado.
Mediante ofrecimientos y retribuciones económicas, la joven termina por acceder a las pretensiones del armado: indagar en su institución educativa qué niñas no han iniciado su vida sexual. Gracias a que su perfil no genera sospechas entre la comunidad educativa, la joven comienza la indagación y poco a poco se va ganando la confianza de sus compañeras.
Llegado el momento viene el ofrecimiento económico. “Casi siempre se aprovechan de la condición económica de las jóvenes. Las convencen diciéndoles que es mejor hacerlo por plata”, relata uno de los profesionales de la Corporación. El precio pagado por la joven varía dependiendo de su edad y, en ese sentido, las más buscadas son las más jovencitas, conociéndose casos incluso de explotación sexual con menores de 12 años.
Los clientes generalmente resultan ser los jefes más buscados de las bandas criminales. “Hay casos donde a la joven le dan 120 mil pesos y la que hizo el contacto le dan 80 mil; es decir, la virginidad de esa joven salió en 200 mil pesos”, añade el profesional.
El fenómeno ha adquirido tales dimensiones que ya ha generado desplazamientos en la zona. Según lo pudo constatar la Agencia de Prensa IPC, a mediados del año anterior, tres jóvenes de la comuna 1, estudiantes de 11º grado de una reconocida institución educativa, debieron desplazarse forzosamente de sus barrios ante su negativa de continuar preguntando en su colegio por la “virginidad de sus compañeras”.
“Un hombre del barrio contactó a esta joven para que hiciera esas averiguaciones en su colegio. Ella lo hizo y de un momento a otro resultó con una moto. Al verla así, dos compañeras del colegio se le unieron. Pero llegó un momento en que ninguna de las tres quiso seguir con eso y debieron abandonar el barrio, con sus familias y todo, porque fueron amenazadas de muerte”, recuerda uno de los vecinos que conoció el caso.
Lo anterior deja al descubierto que detrás del fenómeno hay toda una red integrada por estructuras mafiosas articuladas a los combos barriales, que han hecho de la explotación sexual todo un lucrativo negocio.
Antecedentes
No es la primera vez que se escuchan historias de este tipo en la ciudad. En septiembre de 2008 y durante la realización de una sesión del Comité Municipal de Derecho Humanos, que tuvo lugar en el colegio Jesús María Valle de la comuna 6, varias organizaciones denunciaron un negocio similar al que preocupa hoy a los líderes de la comuna 1.
En aquella ocasión, la Agencia de Prensa IPC documentó cómo desconocidos ofrecían a aquellos que controlaban los barrios hasta 5 millones de pesos por una niña virgen, dinero que se le pagaba no sólo a las menores afectadas sino a algunas personas, entre ellas a jóvenes cercanas a las niñas, cuyo papel era inducirlas para que accedieran a irse con los desconocidos por varias horas.
“En una noche llegan hasta diez camionetas lujosas por las niñas; incluso, hemos visto que también se llevan a algunos niños de hasta de 10 años”, le aseveró a la Agencia de Prensa IPC en aquella ocasión uno de los participantes de la sesión quién añadió además que, en algunos casos, madres y padres de familia aceptaban la situación pues admitían que con ese dinero sufragan sus necesidades básicas.
Y todo parece indicar que el fenómeno se repite bajo las mismas condiciones, esta vez, en el nororiente de la ciudad.
“En esta zona hay muchas carencias económicas, el sistema educativo es muy débil. Ante un ofrecimiento de estos, las jóvenes terminan por acceder. Se volvió algo común ver a las jóvenes irse en carros lujosos por varias horas o toda la noche. Se dice que para fiestas con los jefes de los duros del barrio”, señala un líder de la comuna 1, quien pidió reserva de su identidad.
Pero no menos preocupante resulta para los líderes de esta zona de la ciudad ver cómo las mujeres, en especial las más jóvenes, están siendo instrumentalizadas por los miembros de las bandas criminales para cometer actividades ilícitas.
Dada la poca capacidad de movilización que tienen los miembros de los combos por el territorio, en parte por la presión que vienen ejerciendo las autoridades y en parte por la fiereza de los enfrentamientos con los enemigos, ahora son las mujeres las que cobran las vacunas a los transportadores y comerciantes, las que transportan drogas, armamentos y munición e, incluso, las que realizan las labores de inteligencia en el barrio.
De hecho, líderes de la comuna, que por razones de seguridad pidieron reserva de su nombre, señalaron que un pequeño grupo de adolescentes son las que están controlando la venta y consumo de sustancias alucinógenas al interior de varias instituciones educativas en barrios como La Salle y San Pablo, sin que las autoridades educativas puedan hacer mayor cosa para impedirlo.
Hechos como estos revelan la complejidad del fenómeno criminal que enfrenta la ciudad. La pregunta que se hacen los líderes y las organizaciones de la comuna 1 es cómo desarticular estas estructuras cuando de por medio hay lucrativos negocios como el de la explotación sexual y formas cada vez más directas de vinculación de la comunidad.
Por lo pronto, las organizaciones le apuestan a un trabajo de prevención y sensibilización frente a fenómenos como estos, pues está visto que mientras las autoridades no brinden las garantías suficientes, denunciar constituye una sentencia de muerte.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co/agenciadeprensa
Por: Agencia de Prensa IPC
Se trata de la venta de la virginidad de las adolescentes por parte de hombres ligados a las bandas criminales que se disputan el control del territorio. El fenómeno se viene presentando en medio de un ambiente marcado por fuertes enfrentamientos armados, cobro indiscriminado de vacunas y un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de este populoso sector, aspectos que hacen que el flagelo sea prácticamente invisible para las autoridades y aún, para la misma comunidad.
No obstante, organizaciones como la Corporación Convivamos han podido constatar que el fenómeno es real y que se está presentando con más frecuencia de la que pudiera pensarse. Según profesionales de la Corporación consultados por la Agencia de Prensa IPC, integrantes de las bandas que delinquen en la zona se encargan de contactar a estudiantes de colegios públicos caracterizadas por su seriedad, discreción y, en algunos casos, cercanía con el actor armado.
Mediante ofrecimientos y retribuciones económicas, la joven termina por acceder a las pretensiones del armado: indagar en su institución educativa qué niñas no han iniciado su vida sexual. Gracias a que su perfil no genera sospechas entre la comunidad educativa, la joven comienza la indagación y poco a poco se va ganando la confianza de sus compañeras.
Llegado el momento viene el ofrecimiento económico. “Casi siempre se aprovechan de la condición económica de las jóvenes. Las convencen diciéndoles que es mejor hacerlo por plata”, relata uno de los profesionales de la Corporación. El precio pagado por la joven varía dependiendo de su edad y, en ese sentido, las más buscadas son las más jovencitas, conociéndose casos incluso de explotación sexual con menores de 12 años.
Los clientes generalmente resultan ser los jefes más buscados de las bandas criminales. “Hay casos donde a la joven le dan 120 mil pesos y la que hizo el contacto le dan 80 mil; es decir, la virginidad de esa joven salió en 200 mil pesos”, añade el profesional.
El fenómeno ha adquirido tales dimensiones que ya ha generado desplazamientos en la zona. Según lo pudo constatar la Agencia de Prensa IPC, a mediados del año anterior, tres jóvenes de la comuna 1, estudiantes de 11º grado de una reconocida institución educativa, debieron desplazarse forzosamente de sus barrios ante su negativa de continuar preguntando en su colegio por la “virginidad de sus compañeras”.
“Un hombre del barrio contactó a esta joven para que hiciera esas averiguaciones en su colegio. Ella lo hizo y de un momento a otro resultó con una moto. Al verla así, dos compañeras del colegio se le unieron. Pero llegó un momento en que ninguna de las tres quiso seguir con eso y debieron abandonar el barrio, con sus familias y todo, porque fueron amenazadas de muerte”, recuerda uno de los vecinos que conoció el caso.
Lo anterior deja al descubierto que detrás del fenómeno hay toda una red integrada por estructuras mafiosas articuladas a los combos barriales, que han hecho de la explotación sexual todo un lucrativo negocio.
Antecedentes
No es la primera vez que se escuchan historias de este tipo en la ciudad. En septiembre de 2008 y durante la realización de una sesión del Comité Municipal de Derecho Humanos, que tuvo lugar en el colegio Jesús María Valle de la comuna 6, varias organizaciones denunciaron un negocio similar al que preocupa hoy a los líderes de la comuna 1.
En aquella ocasión, la Agencia de Prensa IPC documentó cómo desconocidos ofrecían a aquellos que controlaban los barrios hasta 5 millones de pesos por una niña virgen, dinero que se le pagaba no sólo a las menores afectadas sino a algunas personas, entre ellas a jóvenes cercanas a las niñas, cuyo papel era inducirlas para que accedieran a irse con los desconocidos por varias horas.
“En una noche llegan hasta diez camionetas lujosas por las niñas; incluso, hemos visto que también se llevan a algunos niños de hasta de 10 años”, le aseveró a la Agencia de Prensa IPC en aquella ocasión uno de los participantes de la sesión quién añadió además que, en algunos casos, madres y padres de familia aceptaban la situación pues admitían que con ese dinero sufragan sus necesidades básicas.
Y todo parece indicar que el fenómeno se repite bajo las mismas condiciones, esta vez, en el nororiente de la ciudad.
“En esta zona hay muchas carencias económicas, el sistema educativo es muy débil. Ante un ofrecimiento de estos, las jóvenes terminan por acceder. Se volvió algo común ver a las jóvenes irse en carros lujosos por varias horas o toda la noche. Se dice que para fiestas con los jefes de los duros del barrio”, señala un líder de la comuna 1, quien pidió reserva de su identidad.
Pero no menos preocupante resulta para los líderes de esta zona de la ciudad ver cómo las mujeres, en especial las más jóvenes, están siendo instrumentalizadas por los miembros de las bandas criminales para cometer actividades ilícitas.
Dada la poca capacidad de movilización que tienen los miembros de los combos por el territorio, en parte por la presión que vienen ejerciendo las autoridades y en parte por la fiereza de los enfrentamientos con los enemigos, ahora son las mujeres las que cobran las vacunas a los transportadores y comerciantes, las que transportan drogas, armamentos y munición e, incluso, las que realizan las labores de inteligencia en el barrio.
De hecho, líderes de la comuna, que por razones de seguridad pidieron reserva de su nombre, señalaron que un pequeño grupo de adolescentes son las que están controlando la venta y consumo de sustancias alucinógenas al interior de varias instituciones educativas en barrios como La Salle y San Pablo, sin que las autoridades educativas puedan hacer mayor cosa para impedirlo.
Hechos como estos revelan la complejidad del fenómeno criminal que enfrenta la ciudad. La pregunta que se hacen los líderes y las organizaciones de la comuna 1 es cómo desarticular estas estructuras cuando de por medio hay lucrativos negocios como el de la explotación sexual y formas cada vez más directas de vinculación de la comunidad.
Por lo pronto, las organizaciones le apuestan a un trabajo de prevención y sensibilización frente a fenómenos como estos, pues está visto que mientras las autoridades no brinden las garantías suficientes, denunciar constituye una sentencia de muerte.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co/agenciadeprensa
martes, 7 de septiembre de 2010
lunes, 6 de septiembre de 2010
Niños en la guerra
Es inolvidable -y no precisamente por grata- la imagen del entonces ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, con su hijito de 4 o 5 años disfrazado de lancero, es decir, con uniforme camuflado del Ejército Nacional. Es natural que los niños jueguen a ser soldados, piratas, médicos, bomberos, policías y ladrones; que tengan soldaditos de plomo y tanquecitos y avioncitos de guerra. Pero de ahí a fomentar el espíritu bélico en la niñez hay una gran diferencia.
Por: Alfredo Molano Bravo/ El Espectador
El Ejército Nacional tiene una institución infantil llamada Club Lancita. Lancita es el diminutivo de lanza, que es un arma de guerra feroz muy celebrada en la historia patria. Los lanceros eran el cuerpo élite de los ejércitos libertadores. Las cargas de lanceros en el Pantano de Vargas y Junín fueron temibles. En los años 60, a instancias de la Misión Técnica de EE.UU. se creó en Tolemaida la Escuela de Lanceros, especializada en lucha contraguerrillera. Las proezas de los lanceros son proverbiales.
El Club Lancita —dice la propaganda oficial— “busca brindar a niños entre los 5 y los 16 años lugares de entretenimiento sin contenidos violentos discriminatorios o de doble sentido”. Sobraría decir que el uso de uniformes camuflados es de buen recibo. ¿La identificación de un niño con un lancero —un guerrero que mata— no es acaso un hecho de por sí violento? En muchas regiones existen estas instituciones y otras similares como la Policía Cívica Juvenil.
Hace poco la Defensoría del Pueblo consideró un hecho grave la organización de estos cuerpos en Vistahermosa —pueblo de La Macarena, corazón de la guerra— por incurrir en “abierta contravención” con la Ley de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006, artículo 41, numerales 24 y 29), que dice que es una obligación del Estado abstenerse de utilizar niños “en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares” y recuerda que es principio del Derecho Internacional Humanitario distinguir en todo momento entre civiles y combatientes. No necesita mayor demostración el hecho de que los lanceritos están expuestos a ser blancos de actores armados. La respuesta del Alcalde es una clásica babosada: el Club Lancita “es el lugar donde los niños de Colombia y de habla hispana…se entretienen de manera sana”. Hasta le suena la corneta.
Naciones Unidas ha denunciado en forma reiterada que las Fuerzas Armadas de Colombia “siguen utilizando niños en actividades cívico-militares”. En Meta el Ejército —agrega el informe— se llevaba en 2009 niños de las escuelas a instalaciones militares para “pasear en helicóptero y proporcionarles alimentos”. Más aún: “Las Fuerzas Militares realizaron actividades cívico-militares con participación de niños en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó”.
Las escuelas oficiales suelen ser ocupadas por patrullas de las Fuerzas Armadas por considerarlas bienes públicos. La escuela se convierte en un lugar no sólo para descansar, sino para protegerse, vale decir, son usadas de hecho como trincheras. “En ocasiones las escuelas son atacadas por grupos armados ilegales como represalia por haber sido ocupadas por las Fuerzas Militares”. No es excepcional que los soldaditos olviden granadas y bombas que se conviertan en trampas mortíferas para los niños.
No me refiero aquí a las barbaridades que las guerrillas y los paramilitares cometen contra la población civil y a la repugnante y criminal práctica del reclutamiento de niñas y niños a sus filas —que condeno, por supuesto— porque, según la política aún en boga, no es dable equiparar una conducta con la otra, salvo que se busque el reconocimiento de esas fuerzas como actores beligerantes.
Por: Alfredo Molano Bravo/ El Espectador
El Ejército Nacional tiene una institución infantil llamada Club Lancita. Lancita es el diminutivo de lanza, que es un arma de guerra feroz muy celebrada en la historia patria. Los lanceros eran el cuerpo élite de los ejércitos libertadores. Las cargas de lanceros en el Pantano de Vargas y Junín fueron temibles. En los años 60, a instancias de la Misión Técnica de EE.UU. se creó en Tolemaida la Escuela de Lanceros, especializada en lucha contraguerrillera. Las proezas de los lanceros son proverbiales.
El Club Lancita —dice la propaganda oficial— “busca brindar a niños entre los 5 y los 16 años lugares de entretenimiento sin contenidos violentos discriminatorios o de doble sentido”. Sobraría decir que el uso de uniformes camuflados es de buen recibo. ¿La identificación de un niño con un lancero —un guerrero que mata— no es acaso un hecho de por sí violento? En muchas regiones existen estas instituciones y otras similares como la Policía Cívica Juvenil.
Hace poco la Defensoría del Pueblo consideró un hecho grave la organización de estos cuerpos en Vistahermosa —pueblo de La Macarena, corazón de la guerra— por incurrir en “abierta contravención” con la Ley de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006, artículo 41, numerales 24 y 29), que dice que es una obligación del Estado abstenerse de utilizar niños “en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares” y recuerda que es principio del Derecho Internacional Humanitario distinguir en todo momento entre civiles y combatientes. No necesita mayor demostración el hecho de que los lanceritos están expuestos a ser blancos de actores armados. La respuesta del Alcalde es una clásica babosada: el Club Lancita “es el lugar donde los niños de Colombia y de habla hispana…se entretienen de manera sana”. Hasta le suena la corneta.
Naciones Unidas ha denunciado en forma reiterada que las Fuerzas Armadas de Colombia “siguen utilizando niños en actividades cívico-militares”. En Meta el Ejército —agrega el informe— se llevaba en 2009 niños de las escuelas a instalaciones militares para “pasear en helicóptero y proporcionarles alimentos”. Más aún: “Las Fuerzas Militares realizaron actividades cívico-militares con participación de niños en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó”.
Las escuelas oficiales suelen ser ocupadas por patrullas de las Fuerzas Armadas por considerarlas bienes públicos. La escuela se convierte en un lugar no sólo para descansar, sino para protegerse, vale decir, son usadas de hecho como trincheras. “En ocasiones las escuelas son atacadas por grupos armados ilegales como represalia por haber sido ocupadas por las Fuerzas Militares”. No es excepcional que los soldaditos olviden granadas y bombas que se conviertan en trampas mortíferas para los niños.
No me refiero aquí a las barbaridades que las guerrillas y los paramilitares cometen contra la población civil y a la repugnante y criminal práctica del reclutamiento de niñas y niños a sus filas —que condeno, por supuesto— porque, según la política aún en boga, no es dable equiparar una conducta con la otra, salvo que se busque el reconocimiento de esas fuerzas como actores beligerantes.
Menores: los nuevos culpables
El año pasado, ante la crítica situación de seguridad en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina propuso modificar el Código de Infancia y Adolescencia con el fin de endurecer las penas para los menores de edad.
Editorial El Espectador/ septiembre 2 de 2010
El motivo: cerca de cuatro mil jóvenes, en un periodo de 16 meses, habían sido capturados por distintas actividades criminales. Ahora, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, con la misma motivación, se han unido a la iniciativa, y ya se sumarán, de seguro, las voces de los dirigentes de la Costa Atlántica, cuyas ciudades han sufrido también con intensidad la escalada de la violencia.
Con el apoyo ya esbozado del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es bastante probable que algún cambio en la legislación termine, más temprano que tarde, implementándose dado el preocupante panorama de inseguridad urbana que vive el país por estos días.
No obstante, y a pesar de las estadísticas, el asunto debe abordarse con clama. Como lo advertía Humberto de la Calle en su columna del pasado domingo en El Espectador, cada vez que se pone ante la opinión pública algún acontecimiento de cierta manera escabroso, la sociedad y los medios salimos a clamar escarmiento inmediato sin detenernos a pensar en el origen del problema y las medidas razonables. Tiene razón. El populismo penal se ha vuelto constante. Desde la cadena perpetua para los violadores, hasta las penas a los conductores alicorados, se clama por castigos cada vez más radicales. Es prudente detenernos y revaluar, pues, a este paso, en poco tiempo estaremos suplicando por el restablecimiento de la horca.
No se trata de negar la necesidad de actualizar las normas. Las sociedades cambian y las nuevas dinámicas exigen por supuesto estrategias diferentes. Sin embargo, tal y como está hoy el Código del Menor y la Infancia, las medidas son ya bastante exigentes. Aunque los menores de 14 años no pueden ser privados de la libertad por haber cometido una conducta punible, la norma establece que los menores entre los 16 y 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos graves pueden ser encarcelados con penas de hasta seis años. Tiempo que significa, a esa edad, una buena porción de la vida. ¿Qué se ganaría con aumentar la condena de estos últimos o con meter a los más chicos a la cárcel?
Pregunta que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las altas tasas de criminalidad están respondiendo a bandas muy bien entrenadas y organizadas. Suponer que penas más fuertes a los jóvenes detendrán la ola de violencia es como suponer que la guerra contra las drogas se gana cazando jíbaros. El asunto es mucho más complicado y se requiere de labores e inteligencia serias que permitan desmantelar, en su totalidad, a los grupos criminales. Aquí los jóvenes son más víctimas que victimarios.
La iniciativa aparece, pues, en el momento equivocado. Antes de pretender privar de libertad a los menores, se necesita haber agotado todas las demás posibilidades que —y es de enfatizar— no son sólo legislativas. Como bien lo señalaba el jurista y político Alfonso Gómez en Portafolio, hemos caído en una especie de “fetichismo normativo” al que se le achacan todos nuestros males. Es cierto que hay reglas que deben actualizarse, pero también lo es que no se puede perder de vista la falta de ejecución de los organismos competentes. Es evidente que el despliegue de la criminalidad poco tiene que ver con los menores y nada ganarán las autoridades tratando de hacerle desviar al público la mirada. Se dejó escalar la violencia y ahora tienen que ver cómo resuelven el problema. Actitud, entre otras, mucho más provechosa que la de seguir, como menores, tirándoles a otros la culpa.
Editorial El Espectador/ septiembre 2 de 2010
El motivo: cerca de cuatro mil jóvenes, en un periodo de 16 meses, habían sido capturados por distintas actividades criminales. Ahora, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, con la misma motivación, se han unido a la iniciativa, y ya se sumarán, de seguro, las voces de los dirigentes de la Costa Atlántica, cuyas ciudades han sufrido también con intensidad la escalada de la violencia.
Con el apoyo ya esbozado del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es bastante probable que algún cambio en la legislación termine, más temprano que tarde, implementándose dado el preocupante panorama de inseguridad urbana que vive el país por estos días.
No obstante, y a pesar de las estadísticas, el asunto debe abordarse con clama. Como lo advertía Humberto de la Calle en su columna del pasado domingo en El Espectador, cada vez que se pone ante la opinión pública algún acontecimiento de cierta manera escabroso, la sociedad y los medios salimos a clamar escarmiento inmediato sin detenernos a pensar en el origen del problema y las medidas razonables. Tiene razón. El populismo penal se ha vuelto constante. Desde la cadena perpetua para los violadores, hasta las penas a los conductores alicorados, se clama por castigos cada vez más radicales. Es prudente detenernos y revaluar, pues, a este paso, en poco tiempo estaremos suplicando por el restablecimiento de la horca.
No se trata de negar la necesidad de actualizar las normas. Las sociedades cambian y las nuevas dinámicas exigen por supuesto estrategias diferentes. Sin embargo, tal y como está hoy el Código del Menor y la Infancia, las medidas son ya bastante exigentes. Aunque los menores de 14 años no pueden ser privados de la libertad por haber cometido una conducta punible, la norma establece que los menores entre los 16 y 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos graves pueden ser encarcelados con penas de hasta seis años. Tiempo que significa, a esa edad, una buena porción de la vida. ¿Qué se ganaría con aumentar la condena de estos últimos o con meter a los más chicos a la cárcel?
Pregunta que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las altas tasas de criminalidad están respondiendo a bandas muy bien entrenadas y organizadas. Suponer que penas más fuertes a los jóvenes detendrán la ola de violencia es como suponer que la guerra contra las drogas se gana cazando jíbaros. El asunto es mucho más complicado y se requiere de labores e inteligencia serias que permitan desmantelar, en su totalidad, a los grupos criminales. Aquí los jóvenes son más víctimas que victimarios.
La iniciativa aparece, pues, en el momento equivocado. Antes de pretender privar de libertad a los menores, se necesita haber agotado todas las demás posibilidades que —y es de enfatizar— no son sólo legislativas. Como bien lo señalaba el jurista y político Alfonso Gómez en Portafolio, hemos caído en una especie de “fetichismo normativo” al que se le achacan todos nuestros males. Es cierto que hay reglas que deben actualizarse, pero también lo es que no se puede perder de vista la falta de ejecución de los organismos competentes. Es evidente que el despliegue de la criminalidad poco tiene que ver con los menores y nada ganarán las autoridades tratando de hacerle desviar al público la mirada. Se dejó escalar la violencia y ahora tienen que ver cómo resuelven el problema. Actitud, entre otras, mucho más provechosa que la de seguir, como menores, tirándoles a otros la culpa.
viernes, 3 de septiembre de 2010
Advierten impunidad en delitos de violencia sexual contra las mujeres en medio del conflicto armado
Activistas de derechos humanos llamaron a encarar la impunidad en casos de agresiones sexuales a mujeres en medio del conflicto armado, una situación sobre la cual se carece de cifras precisas, aunque miembros de la Fiscalía General dijeron que investigan varias denuncias.
Por: The Associated Press
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos "ha reconocido que existe impunidad y son conscientes de que se necesita cambio y reformas", dijo el dirigente político español Carles Campuzano.
Campuzano, del partido Convergencia Democrática de Cataluña y Jordi Pedret, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), son parte del grupo de derechos humanos en el parlamento español y visitaron esta semana el país invitados por organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales, como Oxfam, que desarrollan desde 2009 una campaña llamada "Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra".
El objetivo de la campaña, dijeron los legisladores y activistas en una conferencia de prensa, es que esa violencia sexual se haga visible tanto como otros fenómenos del conflicto --desplazamiento de población o la desaparición forzada-- y por tanto se formulen políticas estatales y se preste atención a un problema hasta ahora "invisible".
"La agresión sexual queda escondida detrás de otros delitos. Cuando hay homicidio, cuando hay otro tipo de violencia, la violencia
sexual queda ya subsumida" o relegada, dijo Pedret.
Alejandro Matos, de Oxfam, destacó que se carece de cifras sobre el número de casos de violaciones a mujeres por parte de actores en el conflicto.
Deicy Jaramillo, fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, la entidad que investiga los crímenes cometidos por paramilitares, afirmó que su despacho investiga 38 casos de mujeres que fueron agredidas sexualmente.
En una entrevista con la AP, Jaramillo explicó que entre los casos hay denuncias que datan de 1983, pero la mayoría son de fechas más recientes, como 2004 cuando se reportaron 16 casos de violación, principalmente en los departamentos Atlántico, Cesar, Magdalena y Bolívar, todos al norte del país.
De los 38 casos, añadió Jaramillo, 10 ya fueron reconocidos por sus victimarios o paramilitares desmovilizados. "Hay tres casos de niñas de sólo 14 años", enfatizó.
Según el Instituto de Medicina Legal, el año pasado se registraron en Colombia un total de 17.935 casos de asalto sexual a mujeres, de ellos 131 atribuidos a "violencia socio-política".
En 2008, según Medicina Legal, se registraron 17.830 casos de violencia sexual a mujeres, al menos 60 de ellos atribuidos a acciones de miembros de las fuerzas militares, paramilitares, guerrilleras y narcos.
Por: The Associated Press
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos "ha reconocido que existe impunidad y son conscientes de que se necesita cambio y reformas", dijo el dirigente político español Carles Campuzano.
Campuzano, del partido Convergencia Democrática de Cataluña y Jordi Pedret, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), son parte del grupo de derechos humanos en el parlamento español y visitaron esta semana el país invitados por organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales, como Oxfam, que desarrollan desde 2009 una campaña llamada "Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra".
El objetivo de la campaña, dijeron los legisladores y activistas en una conferencia de prensa, es que esa violencia sexual se haga visible tanto como otros fenómenos del conflicto --desplazamiento de población o la desaparición forzada-- y por tanto se formulen políticas estatales y se preste atención a un problema hasta ahora "invisible".
"La agresión sexual queda escondida detrás de otros delitos. Cuando hay homicidio, cuando hay otro tipo de violencia, la violencia
sexual queda ya subsumida" o relegada, dijo Pedret.
Alejandro Matos, de Oxfam, destacó que se carece de cifras sobre el número de casos de violaciones a mujeres por parte de actores en el conflicto.
Deicy Jaramillo, fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, la entidad que investiga los crímenes cometidos por paramilitares, afirmó que su despacho investiga 38 casos de mujeres que fueron agredidas sexualmente.
En una entrevista con la AP, Jaramillo explicó que entre los casos hay denuncias que datan de 1983, pero la mayoría son de fechas más recientes, como 2004 cuando se reportaron 16 casos de violación, principalmente en los departamentos Atlántico, Cesar, Magdalena y Bolívar, todos al norte del país.
De los 38 casos, añadió Jaramillo, 10 ya fueron reconocidos por sus victimarios o paramilitares desmovilizados. "Hay tres casos de niñas de sólo 14 años", enfatizó.
Según el Instituto de Medicina Legal, el año pasado se registraron en Colombia un total de 17.935 casos de asalto sexual a mujeres, de ellos 131 atribuidos a "violencia socio-política".
En 2008, según Medicina Legal, se registraron 17.830 casos de violencia sexual a mujeres, al menos 60 de ellos atribuidos a acciones de miembros de las fuerzas militares, paramilitares, guerrilleras y narcos.
Niño indígena kankuamo fue torturado por policías, dice Procuraduría en fallo de primera instancia
Humanidad Vigente celebra el fallo y espera que éste sea mantenido por parte del ente disciplinario e invita a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a hacer seguimiento del caso y presionar para que se reabra la investigación penal, y evitar que reine la impunidad en delitos contra la niñez.
A la edad de 14 años, Duvier Daniel Villazón Pinto, miembro del pueblo indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue víctima de tortura por parte de la Policía Nacional, a la vez que se encontraba en situación de desplazamiento forzado debido a las amenazas que su familia recibió por parte de grupos paramilitares.
El 07 de julio de 2006, los dos miembros de la Policía Nacional, Cristian Eliécer Acero Torres y Richard Alexis Ducuara Bernal, esposaron al niño a la parrilla de la motocicleta de su institución, la cual pusieron en marcha, obligándole a correr en un tramo de alrededor de 2.400 metros (2.4 kilómetros), entre subidas y bajadas de las calles del barrio Santa Lucía y Las Lomas, al sur de la ciudad de Bogotá.
Estos hechos infortunadamente fueron archivados por la Fiscalía General de la Nación al advertir que ya había un fallo de archivo por parte de la Justicia Penal Militar en el cual se establecía que los Policías no habían cometido ningún delito en contra de Duvier Daniel.
No obstante, el pasado 13 de agosto de 2010, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos en fallo de primera instancia, estableció la responsabilidad disciplinaria por haber infligido tortura sobre la humanidad del niño de 14 años, con lo que se ha pedido que sean destituidos de sus cargos y tengan una inhabilidad general de 10 años.
Es importante recordar las preocupaciones del Comité contra la Tortura* contempladas en sus observaciones y recomendaciones de mayo de 2010 en las que indica:
Recomendación No. 11: "Aunque se registra una disminución global en el número de denuncias de tortura desde la última revisión periódica en 2004, al Comité le preocupa que la incidencia de tortura en el Estado parte siga siendo alta y corresponda a patrones específicos que indican una aplicación generalizada. El Comité señala que, si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en dichas violaciones, se sigue denunciando la participación o aquiescencia de agentes del Estado en esos actos. El Comité está especialmente preocupado por información que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de agentes estatales.
Recomendación No. 12: "El Comité insta al Estado parte a que cumpla con las obligaciones contenidas en la Convención e investigue y castigue los delitos de tortura con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. El Comité subraya la responsabilidad del Estado parte de asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen esos delitos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. El Comité alienta al Estado parte a que garantice recursos adicionales a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que agilice su labor y señala la importancia que los casos correspondientes sean asignados a dicha unidad. El Comité recomienda que el Estado parte construya un sistema centralizado para poder identificar todos los casos de tortura y su etapa de investigación".
Exigimos a la Fiscalía que de apertura a la investigación penal correspondiente, de manera expedita, independiente e imparcial en contra de los policías que agredieron al menor Duvier Daniel Villazón Pinto.
Requerimos de las instancias de Naciones Unidas -Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Ocacnudh y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – Unicef-, un seguimiento al caso y un pronunciamiento para que el crimen de Duvier Daniel Villazón Pinto, no quede en la impunidad; y, fallos como éste, puedan ser ejemplificantes frente a las agresiones que se viene realizando contra los miembros de los pueblos indígenas en el país; y, en especial contra la comunidad kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Demandamos a la Cancillería de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia; y, al Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la divulgación y efectivo cumplimiento en conjunto con las demás autoridades del orden nacional y distrital, de las obligaciones internacionales, constitucionales y legales de respeto y protección de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los miembros del pueblo indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, derivadas de las medidas provisionales otorgadas por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Llamamos y agradecemos a las comunidades, personas y organizaciones nacionales e internacionales por las muestras de solidaridad que a lo largo de estos más de 4 años han realizado frente al caso.
*COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Examen de los Informes presentados por los Estados. Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura: Colombia. 04/05/2010- CAT/C/COL/CO/4., párr 11.
A la edad de 14 años, Duvier Daniel Villazón Pinto, miembro del pueblo indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue víctima de tortura por parte de la Policía Nacional, a la vez que se encontraba en situación de desplazamiento forzado debido a las amenazas que su familia recibió por parte de grupos paramilitares.
El 07 de julio de 2006, los dos miembros de la Policía Nacional, Cristian Eliécer Acero Torres y Richard Alexis Ducuara Bernal, esposaron al niño a la parrilla de la motocicleta de su institución, la cual pusieron en marcha, obligándole a correr en un tramo de alrededor de 2.400 metros (2.4 kilómetros), entre subidas y bajadas de las calles del barrio Santa Lucía y Las Lomas, al sur de la ciudad de Bogotá.
Estos hechos infortunadamente fueron archivados por la Fiscalía General de la Nación al advertir que ya había un fallo de archivo por parte de la Justicia Penal Militar en el cual se establecía que los Policías no habían cometido ningún delito en contra de Duvier Daniel.
No obstante, el pasado 13 de agosto de 2010, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos en fallo de primera instancia, estableció la responsabilidad disciplinaria por haber infligido tortura sobre la humanidad del niño de 14 años, con lo que se ha pedido que sean destituidos de sus cargos y tengan una inhabilidad general de 10 años.
Es importante recordar las preocupaciones del Comité contra la Tortura* contempladas en sus observaciones y recomendaciones de mayo de 2010 en las que indica:
Recomendación No. 11: "Aunque se registra una disminución global en el número de denuncias de tortura desde la última revisión periódica en 2004, al Comité le preocupa que la incidencia de tortura en el Estado parte siga siendo alta y corresponda a patrones específicos que indican una aplicación generalizada. El Comité señala que, si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en dichas violaciones, se sigue denunciando la participación o aquiescencia de agentes del Estado en esos actos. El Comité está especialmente preocupado por información que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de agentes estatales.
Recomendación No. 12: "El Comité insta al Estado parte a que cumpla con las obligaciones contenidas en la Convención e investigue y castigue los delitos de tortura con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. El Comité subraya la responsabilidad del Estado parte de asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen esos delitos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. El Comité alienta al Estado parte a que garantice recursos adicionales a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que agilice su labor y señala la importancia que los casos correspondientes sean asignados a dicha unidad. El Comité recomienda que el Estado parte construya un sistema centralizado para poder identificar todos los casos de tortura y su etapa de investigación".
Exigimos a la Fiscalía que de apertura a la investigación penal correspondiente, de manera expedita, independiente e imparcial en contra de los policías que agredieron al menor Duvier Daniel Villazón Pinto.
Requerimos de las instancias de Naciones Unidas -Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Ocacnudh y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – Unicef-, un seguimiento al caso y un pronunciamiento para que el crimen de Duvier Daniel Villazón Pinto, no quede en la impunidad; y, fallos como éste, puedan ser ejemplificantes frente a las agresiones que se viene realizando contra los miembros de los pueblos indígenas en el país; y, en especial contra la comunidad kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Demandamos a la Cancillería de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia; y, al Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la divulgación y efectivo cumplimiento en conjunto con las demás autoridades del orden nacional y distrital, de las obligaciones internacionales, constitucionales y legales de respeto y protección de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los miembros del pueblo indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, derivadas de las medidas provisionales otorgadas por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Llamamos y agradecemos a las comunidades, personas y organizaciones nacionales e internacionales por las muestras de solidaridad que a lo largo de estos más de 4 años han realizado frente al caso.
*COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Examen de los Informes presentados por los Estados. Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura: Colombia. 04/05/2010- CAT/C/COL/CO/4., párr 11.
jueves, 2 de septiembre de 2010
Comunicado del Defensor del Pueblo sobre violación de tres niñas en Bogotá
El Defensor del Pueblo exhorta a los cuerpos de investigación del Estado a que adelanten las investigaciones correspondientes a la mayor brevedad posible en el caso de la agresión sexual de que fueron víctimas tres alumnas del Colegio Distrital Eduardo Umaña Mendoza en la localidad de Usme- Bogotá, y que se aplique con todo rigor la Ley de Infancia y Adolescencia que prohíbe los beneficios judiciales para los responsables de agresiones sexuales a menores de edad.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, rechazó, igualmente, la agresión sexual contra las estudiantes del colegio Eduardo Mendoza, de Usme, que fueron abusadas sexualmente por un grupo de individuos en la ribera del río Tunjuelo, durante un paseo realizado por 16 jóvenes a ese lugar, ubicado al sur de la capital del país.
Ante la eventualidad de los riesgos en materia de salud, que pueda acarrear la agresión sexual en las tres estudiantes abusadas, el Defensor del Pueblo, señaló que las instituciones hospitalarias deben brindarles a las adolescentes una atención médica especializada, urgente, integral y adecuada, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones para la atención de las víctimas de violencia sexual.
El Defensor del Pueblo, agregó, que los colegios tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad en sus entornos con el propósito de proteger la vida y la integridad personal de sus estudiantes. “El abuso sexual de adolescentes atenta contra la integridad y la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes”, señaló Volmar Pérez.
Finalmente, El Defensor del Pueblo, hizo un llamado para que las autoridades competentes adopten medidas de seguridad en defensa de las niñas, niños y adolescentes para combatir el alto nivel de agresiones sexuales a que se encuentra expuesto ese grupo de la población, y la de implementar medidas urgentes para la prevención en materia de violencia sexual y de género para ellos.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, rechazó, igualmente, la agresión sexual contra las estudiantes del colegio Eduardo Mendoza, de Usme, que fueron abusadas sexualmente por un grupo de individuos en la ribera del río Tunjuelo, durante un paseo realizado por 16 jóvenes a ese lugar, ubicado al sur de la capital del país.
Ante la eventualidad de los riesgos en materia de salud, que pueda acarrear la agresión sexual en las tres estudiantes abusadas, el Defensor del Pueblo, señaló que las instituciones hospitalarias deben brindarles a las adolescentes una atención médica especializada, urgente, integral y adecuada, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones para la atención de las víctimas de violencia sexual.
El Defensor del Pueblo, agregó, que los colegios tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad en sus entornos con el propósito de proteger la vida y la integridad personal de sus estudiantes. “El abuso sexual de adolescentes atenta contra la integridad y la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes”, señaló Volmar Pérez.
Finalmente, El Defensor del Pueblo, hizo un llamado para que las autoridades competentes adopten medidas de seguridad en defensa de las niñas, niños y adolescentes para combatir el alto nivel de agresiones sexuales a que se encuentra expuesto ese grupo de la población, y la de implementar medidas urgentes para la prevención en materia de violencia sexual y de género para ellos.
Violencia sexual contra desplazadas del Putumayo, alerta Acnur
La ONU y las comunidades indígenas alertan sobre la impunidad que rodean los casos de abusos y agresiones sexuales contra las mujeres en el sur del país.
Por Caracol Radio
El departamento del Putumayo, según las cifras entregadas por Medicina Legal, es una de las zonas donde se registran los más altos índices de violencia sexual contra las mujeres. El último caso fue el de una niña indígena desplazada de 14 años violada dentro de un edificio, en una zona transitada de Mocoa.
La Agencia de la ONU para los Refugiados indica que en esta zona de frontera con Ecuador es la más afectada por el conflicto y el desplazamiento y muestra las cifras de la Policía donde se registran en los primeros meses del 2010 ocho casos de violencia y abuso sexual y la mayoría de víctimas eran niños menores de 18 años.
Por Caracol Radio
El departamento del Putumayo, según las cifras entregadas por Medicina Legal, es una de las zonas donde se registran los más altos índices de violencia sexual contra las mujeres. El último caso fue el de una niña indígena desplazada de 14 años violada dentro de un edificio, en una zona transitada de Mocoa.
La Agencia de la ONU para los Refugiados indica que en esta zona de frontera con Ecuador es la más afectada por el conflicto y el desplazamiento y muestra las cifras de la Policía donde se registran en los primeros meses del 2010 ocho casos de violencia y abuso sexual y la mayoría de víctimas eran niños menores de 18 años.
Más de 100 menores de edad han sido agredidos en este año en Medellín
El gobierno municipal de Medellín y las autoridades judiciales y policiales expresaron su preocupación por el alto número de menores de edad muertos violentamente en el valle del Aburrá, en lo que va de este año, la mayoría de ellos como consecuencia del conflicto entre bandas criminales.
Por Caracol Radio
Según el Centro de Referencia Regional sobre Violencia y el Instituto de Medicina Legal, entre el primero de enero y el 31 de julio de este año, murieron 129 menores de edad, atacados con armas de fuego, armas blanca, o por balas perdidas.
Durante el pasado mes de agosto, los registros muestran la muerte de otros nueve menores de edad, entre ellos, tres niñas asesinadas, en menos de 48 horas, en hechos aislados en esta capital, y los municipios de Bello e Itagüí.
Los hechos violentos contra menores de edad han generado numerosas deserciones escolares en las instituciones educativas de las comunas de Medellín.
En la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, donde estudiaba la niña de catorce años asesinada en la comuna de Castilla, se han retirado más de 300 estudiantes, desde mediados del año 2008 hasta la fecha, por el traslado de sus familias a otros barrios debido al temor a sufrir agresiones.
Por Caracol Radio
Según el Centro de Referencia Regional sobre Violencia y el Instituto de Medicina Legal, entre el primero de enero y el 31 de julio de este año, murieron 129 menores de edad, atacados con armas de fuego, armas blanca, o por balas perdidas.
Durante el pasado mes de agosto, los registros muestran la muerte de otros nueve menores de edad, entre ellos, tres niñas asesinadas, en menos de 48 horas, en hechos aislados en esta capital, y los municipios de Bello e Itagüí.
Los hechos violentos contra menores de edad han generado numerosas deserciones escolares en las instituciones educativas de las comunas de Medellín.
En la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, donde estudiaba la niña de catorce años asesinada en la comuna de Castilla, se han retirado más de 300 estudiantes, desde mediados del año 2008 hasta la fecha, por el traslado de sus familias a otros barrios debido al temor a sufrir agresiones.
Destinos de cuna
Por María del Pilar Camargo. Semana.com
Que niños y adolescentes sean las víctimas y los víctimarios del conflicto violento que desata el miedo en Medellín tiene sus porqués. Historias de vida demuestran que muchos menores cometen prácticas delictivas impulsados por la carencia afectiva y la necesidad de un referente de autoridad: un padre o una madre.
El fenómeno de los padres ausentes agudiza la violencia juvenil antioqueña, y parece que este síntoma de las familias disfuncionales o el abandono de los padres biológicos no está siendo valorado como se lo merece.
Y es que la ausencia de los padres tiene varias presentaciones: son negligentes ante la crianza de los hijos, están sumidos en el encierro de una prisión, fueron asesinados por un grupo ilegal armado,o pertenecen a una banda criminal. Sumado a la falta de la figura paternal o maternal están las circunstancias socioeconómicas precarias en las que habitan los menores de edad.
De acuerdo con Daniel López, sicólogo de la Universidad de Antioquia y especialista en salud mental del niño y adolescente de la Universidad CES, el fenómeno de los padres ausentes se manifiesta en el desplazamiento y el conflicto armado, flagelos donde el niño, en algunas ocasiones, es criado por personas diferentes a los padres biológicos.
"Se habla de trastorno cuando el padre ausente es producto de algún efecto traumático como una muerte accidental, un asesinato, el desplazamiento forzado, el ingreso a una cárcel o cualquier acción que haya generado un trauma para el niño. Si los cuidadores son adecuados no se generará ningún trauma en el menor", agrega López.
La personalidad de los menores que viven estas circunstancias es frágil. Son personas hiperactivas, agresivas, con dificultades en el lenguaje, disposición al aislamiento y propensos a desarrollar el trastorno oposicionista desafiante, donde se evidencia la carencia de la figura de autoridad y por lo tanto, su acceso inadecuado a la ley.
Según Freddy Edgardo Gómez, juez de menores y coordinador del Centro Especializado para la Adolescencia, CESPA, la mayoría de los adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal provienen de familias recompuestas, donde se presenta la figura del padrastro y el medio hermano; monoparentales, donde sólo está el referente maternal; y disfuncionales, donde el padre es consumidor de droga, alcohólico o asume conductas delictivas.
"Algunos cuidadores no son un referente de autoridad para los menores y por lo tanto, no hay ningún acatamiento de normas por parte del adolescente, quien puede tener un referente afectivo pero no de autoridad. Ellos dicen que se hacen matar por la mamá o la hermana mayor pero no obedecen. En las familias recompuestas el padrastro quiere imponer reglas y el muchacho entra en conflicto porque no acata normas de un desconocido", apunta Gómez.
Menores en conflicto
Un niño o adolescente entra en el conflicto violento por varias causas. En primer lugar, su familia de escasos recursos le exige producir y generar dinero para pertenecer a ese hogar, por tal razón, el joven se desescolariza para trabajar. En segundo lugar está la familia disfuncional, y en tercer lugar, la delincuencia organizada, donde los adolescentes son "carritos" de droga y de armas.
"Algunos jóvenes sancionados manifiestan una carencia de afecto impresionante. Son huérfanos de amor. Algunos pedagogos de centros de internamiento de la ciudad están usando mascotas como táctica para fortalecer los vínculos afectivos de los jóvenes. Se encariñan con un perro, por ejemplo", cuenta el juez Gómez.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2010 se cometieron 884 homicidios, lo cual representa un aumento del 21,8 por ciento, respecto al mismo periodo en el año 2009, cuando se produjeron 726 asesinatos.
A la alarmante cifra se suma el incremento del homicidio de niños, niñas y adolescentes con edades entre los 11 y 17 años. Es el grupo poblacional que más incremento de homicidios presentó respecto a 2009. Hace un año se registraron 45 casos, en 2010 se reportaron 83 en el mismo periodo, de enero a mayo.
Otra de las conclusiones se refiere a los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, cuyos asesinatos en el 2010 ocupan el 9,9 por ciento de la totalidad de homicidios.
"Los grupos armados ilegales están conformados cada vez más por niños, niñas y adolescentes, ya que son más fácilmente influenciables y no generan mayores costos de sostenimiento económico para las agrupaciones", subrayó la Personería de Medellín en entrevista con el periódico El Tiempo. El Organismo denunció que el asesinato de menores de edad aumentó 138% por su ingreso a grupos armados.
Frente a la alta tasa de homicidios de menores de edad el juez Gómez acepta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el CESPA no ofrecen hasta el momento espacios posprocesos que vinculen al adolescente, que cumplió la sanción, a un proyecto productivo.
De los 4 mil 600 jóvenes judicializados, cerca de 400 son sancionados, de los cuales 20 son asesinados como “ajuste de cuentas” una vez egresan del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola, la cárcel de menores de Medellín.
"No se trata de tirarlos a la calle. No queremos que el joven haga su bachillerato aquí y de pronto la universidad en Bellavista. Un adolescente vuelve a su mismo medio si no aprende algo diferente", señala Gómez.
El tema es de urgencia e interés nacional. La cifra de homicidios se acerca a las mil víctimas con el negativo cese de la violencia entre combos delincuenciales. Si las confrontaciones armadas presentadas en la Comuna 13, al Occidente de Medellín, continúan y se expanden a otras zonas, la violación al derecho a la vida de los más jóvenes (hijos de los victimarios, por ejemplo) deberá ser un tema prioritario para el gobierno de Juan Manuel Santos.
Lea el artículo completo en Semana.com
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